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Crisis Política y Educación para alcanzar una Democracia eficiente
Programa de Formación de Periodistas en Asuntos Electorales (Descargar Programa)
Distrito Metropolitano Panamericano o un modo distinto de Integración Intermunicipal
Centro Interamericano de Estudios Políticos para el Desarrollo (CIEPD). (PDF)
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
Se trata del más novedoso instrumento de política internacional, con
vigencia a lo interior de las naciones latinoamericanas, destinado a fortalecer
la institucionalidad democrática, a evitar las alternaciones del hilo
constitucional y a promover la justicia social dentro de los estados
contratantes.
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada por aclamación de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Lima, el once de
septiembre de 2001.
Los antecedentes de este documento los encontramos en la propia carta
fundacional de la OEA, en la que se proclama que la democracia representativa es
el elemento indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo en
América, en lo cual está comprometido el interés del organismo continental.
Esto quiere decir que para ser miembro del organismo se debe tener a lo interior
de cada nación un sistema de libertades ciudadanas, un régimen de partidos
políticos, un estado de derecho y de justicia, y mecanismos de protección de los
derechos humanos.
Por tal razón, la carta de la OEA es determinante es que se busca una igualación
social en democracia, con lo cual se dejan abiertas las puertas para una
convivencia ordenada y civilizada entre todas las naciones americanas.
En la búsqueda de esa estabilidad político -institucional, la OEA ha celebrado
numerosas reuniones, de variado tipo, desde las reglamentarias hasta eventos de
estudio y discusión, en las que se ha buscado uniformar criterios y dar
lecciones en procura de consolidar el régimen democrático.
Durante la Tercera Reunión Cumbre de Presidentes, Mandatarios y Jefes de Estado
de América, celebrada en Québec durante los días 20 al 22 de abril de 2001, los
líderes nacionales asistentes estuvieron de acuerdo en aprobar una "cláusula
democrática" dentro del documento final, en la cual se establece que cualquier
país que involucione democráticamente, es decir que rompa el velo
constitucional, queda marginado de estas reuniones.
Como se trata de una reunión de consulta y acuerdos, y la Cumbre no es una
instancia jurídica internacional, los mandatarios también acordaron continuar
las conversaciones a objeto de darle mas sustento a la cláusula.
Por eso se promovió con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que si
es un mecanismo reconocido internacionalmente y con vigencia institucional
sustentada por las leyes internas de treinta y cuatro países, una vía para hacer
que la disposición de defensa de la democracia tenga un mejor soporte.
En Québec los Jefes de Estado dejaron un documento de base que luego fue
reformado por el Consejo Permanente de la OEA y que, finalmente, reunió el
consenso en Lima, sin ninguna disensión.
Para los Cancilleres del sistema hemisférico no se trataba de una materia
difícil o desconocida, puesto que es un documento que precisa disposiciones
contenidas en la Carta de la OEA y que simplemente crea un instrumento básico
que concuerda con los postulados asumidos dentro de la legislación nacional por
treinta y cuatro naciones americanas.
Con anterioridad, dentro de los mecanismos regionales y subregionales de
integración se había acordado crear cláusulas idénticas, pero igualmente con el
defecto de quedar atrapadas dentro de las acciones protocolares y en entidades
carentes de la fuerza y vigencia institucional como la ONU y la OEA.
La Carta Democrática Interamericana tiene la virtud de reafirmar la convicción
continental de que la democracia participativa conduce a la consolidación de la
libertad y a la solidaridad entre los pueblos, pero muestra la robustez de un
avance teórico al propugnar que el crecimiento económico y el desarrollo social,
basados en la justicia y la equidad, y la democracia son interdependientes.
Es decir que no deja el concepto en el mero ejercicio de las prácticas cívicas
de la democracia, sino que afirma, sin temor, que todo el entramado democrático
no tiene otra finalidad que facilitar el desarrollo y la justicia social, al
mismo tiempo que desarrollo y justicia nutre a la democracia, en un nuevo
concepto científico - político de la interdependencia.
En ese mismo sentido queda claro que la lucha contra la pobreza, especialmente
la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para consolidar la democracia,
cuestión que es una responsabilidad común y compartida de los estados
americanos.
De esta manera se refuerza la solidaridad de las naciones en la lucha contra la
pobreza, que no es otra cosa que una solidaridad que terminará por afirmar y
consolidar el sistema democrático de gobierno, siempre en consonancia y
adecuación a los principios de la Declaración Americana de los Derechos Humanos.
En este sentido y como condición necesaria para alcanzar un estado de conciencia
sobre la solidaridad y el compromiso democrático, la motivación de la Carta, o
lo que sería en una ley nacional la exposición de motivos, plantea la
conveniencia de que se utilice la educación como el medio eficaz para que los
ciudadanos asuman sus responsabilidades en el proceso de la toma de decisiones
en cada uno de los países.
Precisamente, uno de los anexos de la Carta de la OEA, el Protocolo de San
Salvador, dejó en manos de los estados el compromiso de respetar los derechos
económicos, sociales y culturales de los ciudadanos de cada país, todos
perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático.
Otras reuniones anteriores celebradas en Santiago, Nassau y Managua (1991, 1992
y 1993) señalaron la obligación de los estados de promover acciones nacionales
para fortalecer el sistema de gobierno al mismo tiempo que trató sobre la acción
colectiva en caso de interrupción del proceso democrático, sostuvieron la
conveniencia de brindar asistencia a los estados que demanden ayuda para
fortalecer sus sistemas y proclamaron que la democracia, la paz y el desarrollo
constituyen partes inseparables dentro de la solidaridad americana.
Esas citas de cancilleres mostraron el criterio unánime de que el trabajo de la
OEA no constituye una acción exclusiva en casos de interrupciones democráticas,
sino que se trata de un desempeño novedoso y creativo dirigido a prevenir las
causas de los problemas que afectan el sistema democrático.
Queda bien sustentado el compromiso de la OEA de ejercer acciones de carácter
permanente en todos los países para profundizar los conceptos democráticos, para
crear nuevos niveles de percepción de la vida política y para incentivar
estudios e investigaciones en materia de ciencia política con aplicación
nacional.
La democracia y el sistema interamericano
"Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla", es el texto del primer artículo de la
Carta Democrática Interamericana.
Cada gobierno no solo tiene la necesidad de ser fruto de un proceso electoral
democrático, sino que adicionalmente debe promover la democracia y defenderla,
cuestiones que, como veremos luego no se trata de simples enunciados porque la
democracia resulta esencial para el desarrollo social, político y económico.
Propugna la carta que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es
la base del Estado de Derecho y de los regímenes constitucionales, pero advierte
que el sistema se refuerza y fortalece gracias a la participación de los
ciudadanos, en un marco de legalidad.
Los elementos fundamentales de esa democracia representativa son:
o Respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
o Acceso al poder y sujeción al Estado de Derecho.
o Celebración de elecciones periódicas libres, justas, con sufragio universal y
secreto.
o Régimen plural de partidos y organizaciones políticas.
o Separación e independencia de los poderes públicos.
Corresponde a los gobiernos, como uno de los componentes del ejercicio de la
democracia, la trasparencia y probidad en sus actuaciones, la responsabilidad en
la gestión de los asuntos públicos, el respeto a los derechos sociales y la
libertad de expresión y de prensa.
Este aspecto resulta de especial importancia debido a que se creyó, durante
años, que la democracia era inherente a los partidos, al régimen plural de vida
política, con descuido de la función gubernamental como eje de la satisfacción
ciudadana.
En América se entendía que el ejercicio de la tarea opositora por parte de los
partidos era el único castigo, con sus críticas y cuestionamientos, al gobierno
de turno, cuando éste no actuaba apegado a la trasparencia y probidad, cuestión
que terminó por constituir un atentado contra la salud democrática y logró
ahuyentar las masas electorales.
La insatisfacción del electorado no demoró en constituir un conglomerado
mayoritario que se alejó de las prácticas electorales y dejó con su ausencia la
expresión del mayor desencanto político, jamás visto en América.
Uno de los aspectos relevantes de la carta lo constituye su pronunciamiento
sobre la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado
(especialmente de los cuerpos militares) a la autoridad civil legítimamente
escogida por el pueblo soberano, en medio de un estado de derecho respetado por
todas las instancias de cada país.
A los partidos políticos y a "otras organizaciones políticas" se les reafirma su
rango legal y se ubica su fortalecimiento como prioritario para la democracia,
en una clara alusión a la crisis generalizada que se vive en América y que
demanda soluciones específicas en cada conglomerado nacional.
"Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos
costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen
equilibrado y trasparente de financiación de sus actividades", dice el Artículo
5.
Las campañas electorales han llegado a constituir en muchos países uno de los
eventos de mayor dispendio de recursos, sin que se pueda comprobar su eficacia
en el arrastre de masas y de convocatoria a las urnas electorales de las
mayorías.
Si en todos los países hoy contamos con las mayores cifras de abstención, es
bien razonado que le carta llame la atención sobre esos elevados costos, puesto
que no se corresponden con los reducidos ingresos de la militancia partidista y
los partidos no disponen de empresas propias que les generen dinero en buenas
cantidades.
América mantiene un historial de campañas dispendiosas que en varios países han
sido financiadas por la presencia de los poderes irregulares: narcotráfico,
guerrilla, paramilitares, contrabando, tráfico de armas y corrupción
administrativa.
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio
desarrollo se considera un derecho y una responsabilidad, con lo cual se busca
disminuir el peso del "estado paternalista" que todo lo da y se afirma la
responsabilidad global del pueblo soberano de coadyuvar a la solución de los
problemas.
Tratándose de una condición para el pleno ejercicio de la democracia, queda en
manos de gobiernos y pueblos fomentar diversas formas de participación para
fortalecer la democracia.
La democracia y los derechos humanos
El ejercicio de los derechos humanos, consagrado en todas las doctrinas
jurídicas nacionales por ser objeto de tratados o convenciones de validez
universal, requiere la presencia de un sistema democrático de gobierno.
Solo bajo la conducción de gobiernos democráticos los pueblos de América pueden
tener garantizados esos derechos, puesto que en otros modelos de gobierno (por
ejemplo donde no hay estado de derecho y seguridad jurídica) es imposible
generar los mecanismos de perfeccionamiento, protección y / o denuncia.
El interés que se le da a los derechos humanos tiene su razón de ser en que
estas conquistas de la sociedad civilizada son el sustento de la credibilidad de
los ciudadanos en la vigencia y validez democráticas. De otra manera no tendría
sentido vivir en democracia y tener detrás de sí acciones que atentan contra la
vida y contra uno de los principios humanos de aceptación universal.
Dentro de los mismos derechos humanos corresponde a los estados evitar todo tipo
de discriminación, trátese de tipo étnico y racial, de género, por intolerancia
social, de tipo cultural, religioso o económico.
También son inherentes al sistema democrático los derechos de la clase
trabajadora, en cuanto a su agremiación y mejoramiento de la calidad de vida,
aspectos que son leyes nacionales en todos los países debido a la suscripción de
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Al evitar las discriminaciones, los sistemas democráticos se consolidan en su
defensa de la igualdad ciudadana y crean sustento para que todos los hombres y
mujeres puedan asumir con responsabilidad el papel que les corresponde en la
toma de decisiones de los asuntos públicos, lo que se viene denominando como la
participación.
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza
El más novedoso concepto de ciencia política es vertido en el documento al
sostener que la democracia es interdependiente con el desarrollo económico y
social, con lo cual se está diciendo que si no se logra la superación de los
niveles de calidad de vida, si no se alcanzan estadios mas elevados en la
economía y en la sociedad, en esas mismas medidas disminuirá la fuerza y el
vigor de la democracia. Se trata de un aserto de mucha base de comprobación si
observamos los panoramas nacionales de la democracia en América Latina.
Bien lo dice el texto:
"La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son
factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia".
Por ello la carta demanda de los treinta y cuatro países suscribientes adoptar y
ejecutar todas las medidas que sean posibles, dentro de cada contexto
específico, para generar empleo productivo, reducción de la pobreza y
erradicación de la pobreza extrema.
Busca la OEA que los países mantengan un equilibrio macroeconómico para
fortalecer la cohesión social, es decir la armónica realización de sus fines, y
la propia democracia. Esta no estará ajena a los peligros de no alcanzar los
parámetros de desarrollo y calidad de vida que permitan a la ciudadanía un feliz
desenlace de sus actividades.
En todo esto es fundamental considerar que la promoción de los derechos
económicos, sociales y culturales están directamente relacionados con el
desarrollo integral, el crecimiento económico con equidad y la consolidación de
la democracia.
Uno de los compromisos asumidos por los estados es el de asumir periódicamente
una revisión de sus estrategias y logros, a objeto de intercambiar experiencias
que lleven a la implementación de nuevos ensayos de desarrollo social, para así
fortalecer la unidad continental y avanzar en los procesos de integración
multinacional.
Destaca igualmente que dentro de los derechos sociales de los ciudadanos de
América existe la conservación del medio ambiente, para lo cual hay numerosos
tratados y convenciones vigentes, y se resalta el papel de la educación
(universal, gratuita y de calidad) como elemento clave para fortalecer las
instituciones democráticas.
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad
democrática
Los gobiernos pueden solicitar al Secretario General de la OEA asistencia
especializada para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática,
cuando lo consideren necesario y el organismo podrá disponer de visitas para
apreciar la situación y tomar las medidas convenientes. De todo ello se elevará
un informe al Consejo Permanente, a los fines de tomar decisiones.
Este aspecto tiene que ver con las situaciones en que pueden verse envueltos los
países ante inminentes ataques a la institucionalidad o golpes de estado, frente
a lo cual denunciarán sus inquietudes y solicitarán que se tomen medidas
preventivas o asistencia especializada a objeto de evitar un desenlace fatal.
Si un gobierno es depuesto, el régimen que lo sustituya no tendrá cabida dentro
de los organismos continentales ni podrá asistir a los eventos y jornadas que se
realicen, pudiendo disponer la OEA de otras acciones que pueden ser
conminatorias, de acuerdo con la carta fundacional.
En estos casos, cualquier estado miembro o el Secretario General podrá solicitar
la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación
colectiva y adoptar las decisiones convenientes que en primer lugar son las
gestiones diplomáticas (buenos oficios). Si estas no resultaren, se convocará un
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para decidir otras
medidas previstas en la Carta de la OEA y en el derecho internacional.
Cuando no surtan efecto las medidas, se dispondrá de la suspensión de la
membresía del Estado, aprobada por dos terceras partes de la asamblea y con
vigencia inmediata de tal medida.
No queda el estado miembro suspendido ajeno a las obligaciones del derecho
internacional, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos.
Al mismo tiempo se mantendrán las gestiones para que se pueda restablecer la
democracia.
De restablecerse el sistema de gobierno legítimo, cualquier estado miembro o el
Secretario General podrá proponer el levantamiento de la suspensión, con lo cual
el país en cuestión regresa al sistema interamericano y puede continuar dentro
de todos los procesos de integración donde esté involucrado.
La democracia y las misiones de observación electoral
Una de las actividades de mayor importancia en los últimos años ha sido la
de Misiones de Observación Electoral, debido a la alta capacitación de los
funcionarios que contrata la Organización de Estados Americanos, dentro de
América y en otros continentes.
Los estados pueden solicitar a la OEA el envío de misiones de asesoría para el
fortalecimiento del sistema democrático y para el desarrollo de las
instituciones, al igual que para la realización de las elecciones.
En el caso de las misiones de asesoría y observación electoral es indispensable
la solicitud y luego la firma de un convenio que identifique el alcance y la
cobertura de la misión, al mismo tiempo que el estado receptor se comprometa a
brindar las condiciones de seguridad necesarias y los recursos para el
desplazamiento de los asesores y observadores.
Estas misiones se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con
la capacidad técnica apropiada. Para ello existen manuales de procedimientos y
requisitos para la selección de los miembros (asesores u observadores) que se
contraten.
Cuando un grupo de trabajo de asesoría u observación no encuentre las
condiciones para ejercer su actividad, deberá informarlo al Secretario General y
éste podrá disponer del envío de una misión específica para restablecer el
ambiente indispensable para cumplir con el objetivo.
Promoción de la cultura democrática
Dentro de los órganos de apoyo de la Secretaría General de la OEA se
encuentra la Unidad para la Promoción de la Democracia, cuyo objetivo
fundamental es desarrollar programas y actividades destinados a promover los
principios y prácticas democráticas para fortalecer la cultura democrática en
los ciudadanos de las naciones del continente.
El Artículo 26 de la Carta Democrática Interamericana anuncia la prosecución de
estos programas, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en
la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos.
Destaca que los estados miembros mantendrán consultas y cooperación con la OEA a
objeto de intercambiar experiencias en esta materia y que se tomarán en cuenta
las iniciativas de la sociedad civil.
"Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena
gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad
política y de las organizaciones de la sociedad civil", dice el Artículo 27.
Allí mismo queda asentado que los programas prestarán atención especial a la
niñez y juventud, en la búsqueda de una temprana concientización sobre los
valores democráticos, incluyendo la libertad y la justicia social.
La Carta Democrática concluye con el compromiso de los estados de promover una
igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de los
respectivos países, como elemento fundamental para el ejercicio de la cultura
democrática.
Este documento representa un gran reto a los partidos políticos de América
Latina, y en nuestro caso de Venezuela, ya que los obliga a someter sus
actuaciones no solo a las pautas constitucionales y legales sino que implica un
concepto mas avanzado constituido por la obligación de atender el desarrollo
económico con equidad y el combate de la pobreza (con la eliminación de la
pobreza crítica) como los grandes estandartes de la democracia.
Se interpreta que la democracia con pobreza no es legítima ni viable. Por esa
razón, corresponde a los partidos ( ... y otras organizaciones políticas. Ver
Artículo 5) trabajar para su erradicación, lo cual no es otra cosa que enfrentar
de manera plena la democracia, más allá del signo electoral que han tenido los
organismos políticos en la historia reciente.
Y es que igualmente la transparencia en el ejercicio de la función pública
demanda de los partidos no descuidar el frente administrativo y social, donde
generalmente han estado los desaciertos que terminaron por disminuir su
credibilidad y su aceptación en las comunidades de América.
Este documento se puede conceptuar como el de mayor influencia e incidencia en
la vida de los partidos del continente. Dada su reciente aparición, los años
venideros nos darán a conocen el grado de acierto de la institución partidista
en ajustarse a estos nuevos retos y compromisos derivados de nuestra legislación
interna vigente.
LEY DE EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
(Anteproyecto no culminado - 1993)
Contenido General (Con títulos, capítulos y secciones provisionales)
· Título I.- La institución de la Presidencia.
- Capítulo I.- Disposiciones Generales.
· Título II.- De los procedimientos para asumir el Poder.
- Capítulo I.- De la Elección Presidencial
- Capítulo II.- Acreditación del Presidente Electo.
- Capítulo III.-Juramentación y toma de posesión
· Título III.-De los actos administrativos
· Título IV.-De la Responsabilidad del Presidente
- Capítulo I.-Dirección general de la administración pública
- Capítulo II.-La seguridad y defensa nacionales
- Capítulo III.-La política exterior de la República
- Capítulo IV.-El sistema y régimen económico
- Capítulo V.-El régimen participativo y social
- Capítulo VI.-Unidad de la Nación
- Capítulo VII.-Comando militar
* Título V.-De las ausencias
- Capítulo I.-Viajes al exterior
- Capítulo II.-Enfermedad
- Capítulo III.-Juicios penales y / o administrativos
- Capítulo IV.-Otros
· Título VI.-De la suspensión del ejercicio
- Capítulo I.-Privilegios
- Capítulo II.-Inmunidades
· Título VII.-Calificación de la ausencia
- Capítulo I.-Consulta al Tribunal Supremo de Justicia
- Capítulo II.-Ante - juicio de existencia de méritos o razones
· Título VIII.-Renuncia del Presidente
· Título IX.-Del manejo de los recursos secretos o gastos de seguridad y defensa
· Título X.-Mensajes a la Asamblea Nacional
· Título XI-Recursos parlamentarios ante el Presidente
· Título XII.-Recursos parlamentarios del Presidente
· Título XIII.-Del uso de los símbolos patrios
· Título XIV.-De la publicidad de la gestión presidencial
- Capítulo I.-Visitas
- Capítulo II.-Inauguración de obras y apertura de servicios
- Capítulo III.-Reuniones y otras actividades
· Título XV.-Protección del Presidente al finalizar su gestión
/ Ver Ley del 15.12.64 (GO 27.619)
· Título XVI.- DiputaciónVitalicia.
· Título XVII.-Residencia del Presidente
- CapítuloI.-Inviolabilidad
- Capítulo II.-Registro domiciliario
- Capítulo II.-Allanamiento de la inmunidad y anulación de privilegios.
· Título XVIII.-Del cambio de nacionalidad
· Título XIX.-Del Ministerio de la Secretaría
· Título XX.-Casa Militar
· Título XXI.-De la Dirección de la Secretaría Privada
· Título XXII.-Sobre el Comando General de la Fuerza Armada Nacional
· Título XXIII.-Promulgación de leyes
· Título XXIV.-Concesión de indultos
· Título XXV.- Cambio de penas. Se trata de la facultad para que mujeres condenadas cumplan la pena en centros de beneficencia. (Artículo 18 del Código Penal)
Exposición de Motivos
1.- Criterios generales seguidos para elaborar el Proyecto de Ley
2.- Los objetivos que se espera alcanzar
3.- Los problemas que se pretende resolver
4.- La explicación, alcance y contenido de las normas propuestas
5.- La incidencia presupuestaria
Título I
La institución de la Presidencia
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto definir las funciones y responsabilidades y normatizar el ejercicio de la función pública conocida como Presidencia de la República.
Artículo 2.- La Presidencia de la República es la mas alta responsabilidad que ciudadano alguno pueda asumir mediante elecciones libres, directas y democráticas, para dirigir los supremos intereses nacionales en función de la prosperidad de todos los hombres y mujeres residentes en el territorio nacional.
Artículo 3.- Para ser Presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta y cinco años de edad, de estado seglar, residente en el territorio nacional y elector en el último proceso celebrado , y no haber sido condenado mediante sentencia definitivamente firme, por tribunales ordinarios, a pena de presidio o prisión superior a tres años.
Artículo 4.- El Presidente de la República es aquel ciudadano elegido por mayoría en las elecciones nacionales convocadas al efecto, proclamado y acreditado como tal por el Poder Electoral, juramentado por el Poder Legislativo y posesionado en la sede presidencial permanente en presencia del Poder Judicial.
Artículo 5.- A los efectos de esta ley, también es Presidente de la República aquel ciudadano que cubra las vacantes temporales o definitivas del mandatario electo, previa elección por el Poder Legislativo.
Artículo 6.- Todos los venezolanos deben respetar al Presidente de la República y colaborar para el exitoso desempeño de sus elevadas funciones.
Artículo 7.- El Presidente de la República es el Jefe del Estado, Primer Magistrado Nacional, responsable de la Hacienda Pública Nacional y custodio del legado histórico del Libertador Simón Bolívar.
Título II
De los procedimientos para asumir el Poder
Capítulo I
De la elección presidencial
Artículo 8.- La elección presidencial es un acto público realizado de manera simultánea en toda la jurisdicción de la República, en una fecha ampliamente difundida, mediante un solo instrumento de votación, con acceso a todos los electores hábiles y de conformidad con las normas constitucionales y legales.
Artículo 9.- Corresponde al Poder Electoral la organización y desarrollo de la elección presidencial. Todas las ramas del Poder Público prestarán la colaboración que les sea solicitada.
Capítulo II
Acreditación del Presidente Electo
Artículo 10.- El Poder Electoral realizará un acto de proclamación de los resultados oficiales y definitivos de la elección presidencial, y entregará al ciudadano que haya sido Electo Presidente de la República la correspondiente acreditación. Copias de esta credencial se entregarán a los representantes de los Poderes Públicos, en el mismo acto.
Capítulo III
Juramentación y toma de posesión del Presidente Electo
Artículo 11.- El ciudadano proclamado y acreditado por el Poder Electoral como Presidente de la República Electo prestará juramento público de hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y leyes vigentes en Sesión Especial, convocada a ese solo efecto, de la Asamblea Nacional, dentro de los diez dias siguientes al inicio de las sesiones ordinarias del año en que comience el período constitucional.
Artículo 12.- En caso de no ser posible prestar el juramento ante el Poder Legislativo, se hará ante el Poder Judicial, en Sesión Plenaria del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente convocada al efecto, dentro de los siguientes cinco dias al término del plazo previsto en el artículo anterior.
Artículo 13.- Cuando el Presidente Electo no se juramentare dentro del lapso legal establecido, el Presidente saliente, cuyo período ha finalizado, consignará sus poderes ante el Presidente del Poder Legislativo. A falta de éste, lo hará ante el Presidente del Poder Judicial. En cualquier caso, se convocará sesion especial para atender unicamente ese efecto.
Artículo 14.- Las formalidades correspondientes, de orden protocolar, logístico y de seguridad, serán contempladas en el Reglamento Interior de la Asamblea Nacional y asumidas, si se tratare del caso, por el Poder Judicial.
Artículo 15.- El Presidente Electo podrá designar Comisionados Especiales a los efectos de atender las relaciones con la Asamblea Nacionalo con el Tribunal Supremo de Justicia, en relación a las formalidades de que trata el artículo precedente.
Artículo 16.- La Asamblea Nacional designará una Comisión Especial de cinco miembros para participar oficialmente al Presidente Electo la fecha, hora y lugar de la juramentación.
Artículo 17.- La recepción de la Comisión Permanente estará a cargo, en forma indelegada, del Presidente Electo.
Artículo 18.- El Presidente Electo podrá solicitar, previa argumentación, que el acto en el que prestará juramento se realice en sitio distinto a la sede principal del Poder Legislativo.
Artículo 19.- La decisión corresponderá tomarla al Poder Legislativo y tendrá carácter inapelable.
Artículo 20.- En caso de aceptarse la petición del Presidente Electo, la organización del acto y su realización estará a cargo del Poder Legislativo.
Artículo 21.- Una vez juramentado el Presidente, dirigirá un mensaje al país para reafirmar los principios constitucionales de la República, la vigencia del Estado de Derecho y enunciará los aspectos principales que guiarán la acción del gobierno.
Artículo 22.- Concluído el acto protocolar, el Presidente de la República tomará posesión formal de su cargo en la sede presidencial en presencia del Presidente del Poder Judicial y con asistencia, como testigos, de los titulares de las otras ramas del Poder Público.
Artículo 23.- El primer acto administrativo del Presidente de la República será la designación y juramentación de los integrantes del equipo de ministros, con apego a la normativa vigente.
Título III
De los actos administrativos
Artículo 24.- El Primer Mandatario Nacional emitirá Decretos para disponer asuntos de carácter general o específico. Estos constituyen las decisiones de mayor jerarquía como actos administrativos. Su vigencia será la prevista en el texto y en su defecto la fecha de publicación en la Gaceta Oficial.
Artículo 25.- Cuando un Decreto haya requerido una opinión o dictamen de un despacho ministerial, o se encomiende su ejecución a un Ministerio o despacho de su adscripción, el Ministro correspondiente deberá refrendarlo para que surta pleno efecto.
Artículo 26.- Los Decretos podrán ser emitidos desde el despacho presidencial o sometidos a la consideración del Consejo de Ministros.
Artículo 27.- En los casos en que un Decreto sea aprobado en Consejo de Ministros, todos sus integrantes deberán refrendarlo, para que surta pleno efecto, y serán solidariamente responsables.
Artículo 28.- Los Decretos que no involucren otros Ministerios, por no tratar materias de su competencia, deberán ser refrendados por el Ministro de la Secretaría de la Presidencia.
Artículo 29.- El Presidente de la República puede solicitar a cualquier Ministro que refrende un Decreto.
Artículo 30.- Todos los Decretos deberán ser numerados en forma correlativa, durante cada ejercicio administrativo.
Artículo 31.- La orden de publicación de un Decreto en la Gaceta Oficial será emitida por el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, sin demora o atraso algunos.
Artículo 32.- En los casos en que se presenten errores o defectos en un Decreto, que no afecten el fondo de la materia tratada, la modificación o aclaratoria se hará mediante resolución del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, publicada enla Gaceta Oficial.
Artículo 33.- La nulidad de un Decreto deberá intentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 34.- La derogatoria de un Decreto no podrá hacerse mediante otro Decreto, sino mediante Ley aprobada por el Poder Legislativo que trate sobre la misma materia y supla suficientemente la normativa decretada.
Artículo 35.- El recurso de nulidad podrá ejecerlo cualquier ciudadano o persona interesada en la materia que trate el Decreto.
Artículo 36.- Cuando el Poder Ejecutivo intente un recurso de nulidad de un Decreto, deberá hacerlo por via del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República.
Artículo 37.- Cualquier ciudadano que demuestre interés en la materia podrá ejercer el recurso de explicación mediante petición hecha al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.
Título IV
De la Responsabilidad del Presidente
Capítulo I
Dirección General de la Administración Pública
Artículo 38.- El Presidente de la República es igualmente el Jefe del Estado, concebido éste como una sola unidad territorial y de gobierno, Administrador de la Hacienda Pública Nacional y Director en grado de jefe superior de la administración pública nacional, en los términos consagrados en la Constitución y leyes.
Artículo 39.- La ejecución de las decisiones y disposiciones presidenciales se hará por intermedio de la Vice - Presidencia Ejecutiva, de los Ministros y de los altos funcionarios nacionales.
Artículo 40.- Corresponde a los poderes de los Estados, Municipios y Parroquias cooperar con el ejercicio de la responsabilidad presidencial, en consonancia con los altos objetivos de la nación.
Capítulo II
Seguridad y Defensa Nacionales
Artículo 41.- Es responsabilidad del Presidente de la República la Seguridad y Defensa Nacionales, entendidas como procesos que buscan la consolidación de la paz, armonía ciudadana, fortalecimiento de la identidad y aseguramiento de la promoción del ser humano de manera integral.
Artículo 42.- La Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa actuará como órgano auxiliar y de planificación del Presidente de la República.
Artículo 43.- El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa tendrá a su cargo la función asesora del Presidente de la República.
Artículo 44.- El Presidente de la República podrá convocar a reuniones extraordinarias al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en las oportunidades en que así lo juzgue conveniente a los intereses de la patria.
Capítulo III
Política Exterior
Artículo 45.- Es responsabilidad del Presidente de la República el mantenimiento y acrecentamiento de las relaciones diplomáticas, económicas, políticas y sociales de la República Bolivariana de Venezuela con los países del mundo, y la suscripción de los acuerdos y tratados necesarios para tales fines.
Artículo 46.- En el uso de esta responsabilidad, el Presidente podrá designar nuevas misiones permanentes en cualquier país para fines distintos a los meramente diplomáticos, y podrá crear instituciones especializadas para el seguimiento de tratados o acuerdos.
Artículo 47.- Corresponde al Presidente velar por el cumplimiento de los tratados y acuerdos vigentes, y especialmente por las acciones y actividades que sean necesarias para fortalecer el sistema de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad Andina de Naciones y los acuerdos de integración.
Capítulo IV
El sistema y régimen económico
Artículo 48.- Es de la responsabilidad del Presidente de la República asegurar que el régimen socioeconómico se fundamente en los principios constitucionales y que permita la participación de los ciudadanos en su concepción y desarrollo.
Artículo 49.- La iniciativa privada propendrá al alcance de los grandes objetivos socioeconómicos y podrá elevar iniciativas de inversiones mixtas a la consideración presidencial.
Capítulo V
El régimen participativo
Artículo 50.- Es obligación del Presidente de la República establecer mecanismos idóneos de participación, solidaridad ciudadana y responsabilidad colectiva en los términos previstos en la Constitución.
Artículo 51.- La empresa privada y los particulares colaborarán con las decisiones presidenciales, en esta materia, a objeto de facilitar su desarrollo.
Capítulo VI
Unidad de la Nación
Artículo 52.- La Unidad de la Nación es un concepto social y jurídico que implica la conservación del territorio y la coherencia afectiva entre los ciudadanos.
Artículo 53.- Corresponde al Presidente de la República disponer de acciones y planes que faciliten la unidad territorial, geográfica y de sus recursos naturales, y que eviten la dispersión de la fraternidad, identidad y conciencia de patria libre y democrática.
CapítuloVII
Comando Militar
Artículo 54.- El Presidente de la República es el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. Todos los militares activos o en disponibilidad deben obedecerle y cumplir sus disposiciones, órdenes y voces de mando sin retardo ni excusa de ningún género.
Artículo 55.- Corresponde al Presidenete de la República mandar, gobernar, organizar, administrar y distribuír la Fuerza Armana Nacional, en todo el territorio nacional.
Artículo 56.- Todas las designaciones, ascensos y cambios militares serán efectuados por disposición presidencial.
Artículo 57.- En caso de emergencia nacional o conflicto interior o exterior, el Presidente de la República podrá disponer de ascensos, pase a disponibilidad o retiro, cambios en los mandos de unidades, modificación de jurisdicciones o tareas de cualquier unidad y dijar los límites de los teatros de operaciones, en el momento en que lo considere conveniente.
Artículo 58.- En los casos señalados en el artículo anterior, la suprema dirección general de las operaciones corresponde al Primer Mandatario.
Artículo 59.- La Junta Superior de la Fuerza Armada Nacional es el principal órgano asesor del Presidente de la República en materia militar.
Título V
De las ausencias
Capítulo I
Viajes al exterior
Artículo 60.- El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional para cumplir misiones oficiales o visitas privadas. En ambas circunstancias deberá acreditar la justificación de la ausencia ante la Asamblea Nacional y recibir el permiso correspondiente, siempre y cuando el viaje tenga una duración superior a cinco dias.
Artículo 61.- Las ausencias serán cubiertas por el Vice - Presidente o Vice - Presidenta Ejecutiva, cualquiera sea su duración o distancia.
Artículo 62.- En los viajes al exterior fomará parte de la comitiva oficial un representante de la directiva de la Asamblea Nacional o el Presidente de la Comisión de Política Exterior. Será potestad del primer mandatario que otros parlamentarios integren la delegación.
Capítulo II
Enfermedad
Artículo 63.- En caso de que una enfermedad impida el ejercicio de la primera magistratura se aplicarán los procedimientos previstos en la Constitución y si llegase a declararse la vacante absoluta, mientras se mantiene la enfermedad del mandatario, todos los gastos personales y familiares serán cubiertos por el Gobierno de la República.
Capítulo III
Juicios penales o administrativos
Artículo 64.- Cuando por sentencia firme el Presidente deba cumplir una pena que impida el ejercicio del mandato se aplicarán las disposiciones constitucionales. Si al lado de la pena privativa de libertad se dispone la cancelación de dinero, reparación de daños o costas procesales, su cobertura será atendida recursos personales o familiares del mandatario.
Capítulo IV
Otros
Artículo 65.- En los restantes casos previstos en la Constitución, muerte, destitución, abandono, renuncia o declaratoria de inhabilidad o incapacidad, regirán las disposiciones vigentes. Todos los órganos del Poder Público serán informados en forma suficiente por el Vice - Presidente o Vice - Presidenta de la República.
Título VI
De la suspensión del ejercicio
Capítulo I
Privilegios
Artículo 65.- Cuando el Presidente de la República sea destituído por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia o declarada su incapacidad física o mental, cesarán todos los privilegios conferidos a su alta investidura y se dará por concluída su relación laboral con el Estado venezolano. Quedan a salvo las previsiones establecida en el Artículo 63.
Capítulo II
Inmunidades
Artículo 66.- El ciudadano que haya sido destituído de la Presidencia no podrá ausentarse del territorio nacional por un lapso de un mes, salvo aprobación de la Asamblea Nacional, y durante el mismo lapso no podrá realizar operaciones de enajenación de bienes, recibir donaciones o realizar movilizaciones de dinero entre cuentas.
Título VII
Calificación de la ausencia
Capítulo I
Iniciativa
Artículo 67.- La calificación de la ausencia del Presidente corresponde al Poder Judicial y el procedimiento puede ser iniciado por la Asamblea Nacional, mediante decisión tomada por mayoría calificada, o por un número de ciudadanos equivalente al uno por ciento de la votación válida durante la última elección presidencial.
Capítulo II
Solicitud al Poder Judicial
Artículo 67.- El procedimiento iniciado por la Asamblea Nacional será presentado ante el Poder Judicial mediante una Comisión Especial, con las formalidades que imponen el respeto y cooperación entre los Poderes, mientras que la iniciativa ciudadana será presentada como una demanda judicial, sujeta al trámite previsto en la ley.
Capítulo III
Actuación del Poder Ciudadano
Artículo 68.- A los fines de obtener la calificacion de la ausencia u obtener la destitución presidencial, el Poder Ciudadano podrá constituírse en parte acusadora ante el Tribunal Supremo de Justicia, por decisión propia o por solicitud de ciudadanos en número equivalente al uno por ciento de la votación válida en la última elección presidencial.
Capítulo IV
Ante juicio de Mérito
Artículo 69.- El ante juicio de existencia de méritos o razones , en razón de una solicitud del Poder Legislativo o de una acusación interpuesta por el Poder Ciudadano, ante el Tribunal Supremo de Justicia , conteniendo la documentación alusiva al hecho o hechos que se reputan delictivos, es un procedimiento especial, ajeno al proceso o juicio.
Artículo 70.- El Tribunal Supremo de Justicia, en sesión plenaria, declarará mediante sentencia si hay lugar para abrir el proceso. Tal declaratoria no prejuzga sobre el resultado de la causa y en modo alguno puede producir efecto penal.
Artículo 71.- La documentación que acompañe una petición de declaratoria de méritos o razones deberá servir para determinar que el delito que se pretende imputar permite abrir la causa.
Artículo 72.- El Tribunal Supremo de Justicia podrá admitir documentación adicional remitida por el Poder Ciudadano dentro de la semana siguiente a la introducción del escrito acusatorio que solicita la declaratoria de existencia de méritos.
Artículo 72.- El Presidente de la República, si asi lo estima conveniente, al enterarse de que cursa una actuación en su contra en el máximo tribunal, tiene el derecho de enviar escritos o documentos relacionados con los hechos imputados, pero sin que proceda una defensa en los términos legales y procesales vigentes.
Artículo 73.- La normativa legal referida al ante juicio de mérito comprende igualmente el Artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el Artículo 87 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público; los Artículos 361 y siguientes ( Libro Tercero. Título III. Capítulos I y II ) del Código de Enjuiciamiento Criminal; y los Artículos 42, 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
TítuloVII
Renuncia del Presidente
Capítulo I
Procedimiento
Artículo 74.- La carta o documento de renuncia del Presidente de la República será presentada a la Asamblea Nacional y se admitirá en sesión plenaria convocada para el mismo dia de la recepción, a ese solo efecto, sin debate. El mandatario podrá hacer uso de la tribuna de oradores para justificar las razones de su determinación. En este caso se aplicará el tiempo previsto en el Reglamento Interior de la Asamblea Nacional para intervenciones de sus miembros.
Artículo 75.- De inmediato se convocará a una nueva sesión especial, con asistencia de representantes de los otros Poderes Públicos, para tomar el juramento como nuevo Presidente de la República a quien ejerza las funciones de Vice - Presidente Ejecutivo o Vice- Presidenta Ejecutiva. Ejercerá el mandato en los términos constitucionales vigentes.
Artículo 76.- El acto de salutación y reconocimiento del nuevo mandatario será realizado posteriormente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, con la siguiente precedencia: Poderes Públicos, Cuerpo Diplomático, Consejo de Estado, Consejo Federal de Gobierno, Conferencia Episcopal Venezolana, Fuerza Armada Nacional y Academias Nacionales.
Título VIII
Del manejo de los recursos secretos
Capítulo I
Imputación presupuestaria
Artículo 77.- Los recursos económicos secretos, destinados exclusivamente a gastos de Seguridad y Defensa, serán imputados al presupuesto anual del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y su ejecución será consultada al Presidente de la República. También manejará recursos secretos el Ministerio de la Defensa, con idéntica obligación consultiva.
Capítulo II
Control
Artículo 78.- Los recursos secretos serán sometidos a un régimen de control distinto al ordinario.
Artículo 79.- Corresponde al Contralor General de la República, en forma personal e indelegada, el control y examen de las erogaciones que de esos recursos secretos se hagan, en consonancia con la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.
Artículo 80.- Los Ministros, cuyos despachos tengan a su cargo gastos destinados a la Seguridad y Defensa del Estado, darán cuenta al Presidente de la República, en forma permanente de los objetivos alcanzados con su inversión y de las medidas establecidas para su correcta aplicación.
Artículo 81.- El Presidente de la República podrá solicitar, cuando así lo considere conveniente y necesario, informes sobre las órdenes de pago relativas a gastos de Seguridad y Defensa, aprobadas por el Contralor General de la República.
Capítulo III
Responsabilidades
Artículo 82.- El manejo irregular o fraudulento de los recursos de Seguridad y Defensa acarrea responsabilidad penal, civilo administrativa, o la concurrencia de varias de ellas, en razón del tipo y número de disposiciones transgredidas conla incorrecta disposición.
Artículo 83.- El Contralor General de la República podrá disponer de investigaciones posteriores y selectivas sobre el uso de los recursos de Seguridad y Defensa.
Artículo 84.- La Asamblea Nacional podrá solicitar información a nivel de detalle, a través de su junta directiva, pero los elementos recibidos no serán impresos y distribuídos.
Capítulo IV
Reglamentación
Artículo 85.- Un reglamento único establecerá las formalidades ministeriales de registro y control interno de los gastos secretos, y en base a ellas los funcionarios responsables darán cuenta al Presidente de la República.
Título IX
Mensajes a la Asamblea Nacional
Capítulo I
Fechas
Artículo 86.- El Presidente de la República, dentro de los diez primeros dias siguientes a la instalación del primer período de sesiones ordinarias de cada año de la Asamblea Nacional, en sesión especial convocada a ese solo efecto, presentará el Mensaje a la Nación para dar cuenta de los aspectos políticos y administrativos de su gestión, durante el año inmediatamente anterior.
Artículo 87.- El mensaje correspondiente al último año del período constitucional deberá ser presentado dentro de los cinco primeros dias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional.
Capítulo II
Obligatoriedad
Artículo 88.- El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio de la República o de la ciudad de Caracas en la fecha en que la Asamblea Nacional haya dispuesto recibir su mensaje.
Artículo 89.- Cuando razones de salud impongan la ausencia del Presidente, el mensaje podrá ser presentado por el Vice - Presidente Ejecutivo o la Vice - Presidenta Ejecutiva, previa participación y acuerdo con la directiva parlamentaria.
Capítulo III
Contenido
Artículo 90.- El mensaje presidencial deberá contener una exposición sobre el cumplimiento de los aspectos principales del Plan de Desarrollo Económico de la Nación y podrá servir para anunciar nuevas decisiones administrativas.
Artículo 91.- La Presidencia de la República podrá hacer uso de aspectos del mensaje, textos, estadísticas o gráficos, para fines informativos, publicitarios, edición de libros y folletos, y otros que considere conveniente, con circulación en la misma fecha de su presentación o posteriormente.
Título X
Recursos parlamentarios ante el Presidente
Capítulo I
Interpelaciones
Artículo 92.- El Presidente de la República no será objeto de interpelaciones por parte del Poder Legislativo en Cámara Plena, a través de Comisiones Permanentes, Sub - Comisiones Permanentes, Comisiones o Sub - Comisiones Permanentes u otros entes parlamentarios.
Artículo 93.- Lo anteriormente señalado no evita que el mensaje anual del primer mandatario pueda ser objeto de un debate en cualquier instancia legislativa.
Capítulo II
Interrogatorios o preguntas
Artículo 94.- Cuando una materia requiera respuestas por parte del primer mandatario, previa aprobación de la mesa directiva de la Asamblea Nacional, se remitirá la preguntas o el interrogatorio al Presidente, quien emitirá su contestación a través del Ministro de la Secretaría de la Presidencia.
Artículo 95.- El Ministro de la Secretaría de la Presidencia podrá dar respuestas orales ante la Comisión Permanente, Comisión Especial o ente que remita los requerimientos.
Artículo 96.- En cualquier caso, el interrogatorio o las preguntas dirigidos al Presidente buscarán conocer la exactitud de un hecho u obtener información objetiva y precisa sobre asuntos de alto interés público nacional.
Título XI
Recursos parlamentarios del Presidente
Capítulo I
Derecho de palabra
Artículo 97.- El Presidente de la República tiene derecho a intervenir en cualquier debate parlamentario y a ser recibido por una Comisión Permanente, cuando así lo solicite.
Artículo 98.- Igualmente tiene la potestad de solicitar un Derecho de Palabra en cámara plena para referirse a una determinada materia de alto interés nacional.
Artículo 99.- La solicitud deberá ser hecha ante la mesa directiva de la Asamblea Nacional por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación al dia y hora propuesto por el mandatario para su asistencia a la sede legislativa.
Artículo 100.- La respuesta será emitida por la Presidencia de la Asamblea Nacional en el lapso de veinticuatro horas siguientes a la recepción de la comunicación oficial.
Título XII
Uso de los símbolos patrios
Artículo 101.- El Presidente de la República hará uso de los Símbolos Patrios, elementos identificatorios de la nacionalidad venezolana, mediante el izamiento diario de la Bandera Nacional en su despacho oficial; con la colocación del Escudo de Armas de la República en colores en el papel de su correspondencia, informes y documentos oficiales; y le serán rendidos honores mediante la entonación del Himno Nacional en los actos oficiales y en los casos previstos en la ley.
Artículo 102.- Corresponde a la Presidencia de la República y en forma concurrente a los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, Defensa y Educación, al igual que a las Gobernaciones de los Estados y Alcaldías de los Municipios, velar por la observancia patriótica del respeto quemerecen los símbolos patrios.
Título XIII
Publicidad de la gestión
Capítulo I
Visitas
Artículo 103.- Las visitas del Presidente de la República podrán ser publicitadas en los medios locales donde ocurran, mediante avisos, cuñas en medios radioeléctricos o anuncios de calle, unicamente a los efectos de dar a conocer a los ciudadanos las actividades que se realicen y las posibilidades de acceder a ellas de manera libre.
Artículo 104.- Queda prohibido hacer uso de conceptos publicitarios utilizados en la campaña electoral.
Artículo 105.- No está permitido sufragar con fondos oficiales la promoción de aquellas visitas a las que acuda el Primer Mandatarioen razón de sus creencias ideológicas o políticas.
Capítulo II
Inauguraciones
Artículo 106.- La publicidad de obras y servicios iniciados, en construcción, por inaugurarse o inaugurados por el Presidente de la República solo contendrá elementos informativos como el plano de ubicación, los sitios de acceso, los beneficios que tiene para la comunidad y todos los detalles de cómo los ciudadanos pueden acceder a ellos.
Artículo 107.- No se permite la personalización de la publicidad ni el uso de consignas electorales o partidistas.
Capítulo III
Reuniones
Artículo 108.- Se podrá utilizar publicidad para promover aquellas reuniones en las que resalte como importante la participación del Presidente de la República y que permitan acrecentar el prestigio de la nación.
Artículo 109.- No está permitido que particulares o grupos políticos quebranten las normas de este Título mediante la contratación de avisos, cuñas y anuncios financiados con recursos privados.
Capítulo IV
Uso de medios oficiales
Artículo 110.- Los medios de comunicación social propiedad del Estado venezolano darán cumplimiento de las presentes normas de manera total y evitarán que los particulares y grupos políticos puedan financiar espacios que las quebranten.
Artículo 111.- Toda la información que presenten los medios oficiales estará dirigida a promover la orientación de los ciudadanos sobre los beneficios directos de la gestión gubernamental, y en modo alguno a personalizar la inversión hecha por el Estado venezolano.
Título XIV
Protección al finalizar gestión
Capítulo I
Beneficios laborales
Artículo 112.- Quien haya ejercido la Presidencia por un período completo o por mas de la mitad, en los términos consagrados en la Constitución y leyes, será objeto de los beneficios laborales vigentes y de las disposiciones contempladas en la Ley de Pensiones para los Ex Presidentes de la República.
Artículo 113.- La atención de este asunto estará a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y no será transferido a otro despacho gubernamental.
Capítulo II
Diputación Vitalicia
Artículo 114.- Los ciudadanos que hayan desempeñado la Presidencia de la República por elección popular durante un período o hayan cubierto una ausencia absoluta por más de la mitad del período serán miembros de la Asamblea Nacional en condición de Diputados con carácter vitalicio e indelegable, a menos que hayan sido condenados en el desempeño de sus funciones.
Artículo 115.- El Ex Presidente de la República prestará juramento ante la Cámara en sesión ordinaria, por una sola vez.
Artículo 116.- En el caso de quienes hayan ejercido la Presidencia por dos períodos, no se requirirá doble juramentación.
Artículo 117.- Los Diputados Vitalicios no estarán sujetos al régimen de asistencia obligatoria a las sesiones, ni formarán parte de las Comisiones o Sub - Comisiones Permanentes.
Artículo 118.- En caso de considerarlo necesario, los Diputados Vitalicios podrán formar parte del Grupo Parlamentario de la entidad de donde son nativos.
Artículo 119.- Los Diputados Vitalicios gozarán de todas las prerrogativas de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones y podrán asumir tareas institucionales propuestas por el Presidente de la Asamblea Nacional.
Artículo 120.- A los fines de su remuneración, los Diputados Vitalicios podrán optar entre los beneficios de la Ley de Pensiones para los Ex - Presidentes o las asignaciones salariales del Poder Legislativo.
Artículo 121.- Dentro de los recintos parlamentarios se dotará a los Senadores Vitalicios de las oficinas, personal y facilidades que les sea necesario para el desempeño de sus funciones.
Artículo 122.- A los efectos de los debates y votaciones se observará lo previsto en el Reglamento Interior de la Asamblea Nacional.
Título XV
Residencia del Presidente
Artículo 123.- La residencia oficial del Presidente de la República estará ubicada en el Distrito Metropolitano de Caracas, pero podrá establecerse en forma temporal en cualquier lugar de la República.
Artículo 124.- La temporalidad a la que se refiere el artículo anterior nunca excederá el término de cinco días.
Artículo 125.- La administración y custodia de la residencia oficial estará a cargo del Ministerio de la Secretaría y de la Casa Militar, respectivamente.
Artículo 126.- El primer mandatario nacional podrá celebrar los eventos, jornadas, foros y reuniones que estime convenientes en los recintos de la residencia oficial, incluyendo recepción de mandatarios y reuniones ministeriales.
Título XVI
Residencia de Ex - Presidentes
Capítulo I
Ubicación
Artículo 127.- Los Ex - Presidentes de la República residirán en cualquier lugar de la República.
Artículo 128.- La residencia de un Ex - Presidente, a los fines oficiales, será aquella que acredite en el momento de juramentarse como Diputado Vitalicio.
Artículo 129.- Un Ex - Presidente de la República podrá residir en el exterior de Venezuela, pero no podrá hacerlo en los seis meses siguientes a la conclusión de su mandato.
Artículo 130.- El establecimiento de la residencia fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, por mayoría simple de votos.
Artículo 131.- Los Ex - Presidentes de la República que fijen su residencia fuera del país deberán acreditar su ubicación ante la misión diplomática o representación consular mas próxima posible.
Capítulo II
Inviolabilidad
Artículo 132.- El hogar de los Ex - Presidentes de la República es inviolable y estará protegido por las disposiciones constitucionales relativas a los integrantes de la Asamblea Nacional.
Artículo 133.- Los funcionarios que violen estas disposiciones legales serán destituídos de sus cargos y sometidos a las penas previstas en la ley.
Capítulo III
Registro domiciliario
Artículo 134.- Si un juez ordena una visita domiciliaria a una residencia de un Ex - Presidente, deberá comunicarlo de inmediato a la Asamblea Nacional y su directiva lo participará al Tribunal Supremo de Justicia, para su aprobación.
Artículo 135.- Una Comisión Especial de tres diputados de grupos electorales distintos presenciará las actuaciones judiciales en el hogar del Ex - Presidente, podrá solicitar que en el acta se incluyan menciones o detalles de interés y elaborará un informe que será aprobado en la Cámara y remitido al Poder Judicial para incluírlo en el respectivo expediente.
Capítulo IV
Allanamiento de la inmunidad
Artículo 136.- En caso de que sea declarada sentencia para el allanamiento de la inmunidad de un Ex - Presidente, se mantendrán los privilegios logísticos y administrativos consagrados legalmente hasta tanto haya decisión definitiva e inapelable.
Artículo 137.- Una Comisión Especial de tres diputados, de grupos electorales distintos, presenciará las audiencias y actuaciones judiciales correspondientes, y emitirá opinión a través de un informe parlamentario que será elevado al Poder Judicial.
Título XVII
Cambio de nacionalidad
Capítulo I
Prohibición
Artículo 138.- El Presidente de la República en ejercicio no podrá renunciar a la nacionalidad venezolana ni adoptar otra, pero podrá hacerlo, en uno u otro sentido, seis meses después de haber concluído el mandato.
Artículo 139.- De esa decisión personal, el Ex - Presidente deberá informar a la Asamblea Nacional y ésta lo participará al Poder Ejecutivo, a los fines legales correspondientes.
Artículo 140.- En caso de renuncia a la nacionalidad venezolana se perderá la condición de Diputado Vitalicio y ésta no podrá ser recuperada posteriormente.
Título XVIII
Ministerio de la Secretaría
Título XIX
Casa Militar
Título XX
Dirección de Secretaría Privada
Capítulo I
Denominación por colocar
Artículo 141.- Como oficina administrativa y de apoyo secretarial funcionará una dependencia denominada Dirección de Secretaría, cuyo titular ostentará el cargo de Secretario Privado del Presidente de la República.
Artículo 142.- Esta oficina estará al servicio inmediato del Primer Mandatario y se ocupará de sus asuntos personales, de la correspondencia particular oficial, de la recepción y respuesta a peticiones, de la recepción de solicitudes de audiencias, reuniones y visitas, del archivo y demás asuntos que le encomiende el Presidente.
Artículo 143.- Los asuntos que involucren otros ministerios y despachos autónomos serán competencia del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.
Artículo 144.- La Dirección de Secretaría tendrá cuenta diaria con el Presidente de la República y de las decisiones y órdenes conservará detallada menciónen el archivo correspondiente.
Artículo 145.- El archivo contentivo de los asuntos personales del Presidente estará separado del correspondiente a los efectos oficiales, pero se conservará una indicación de su índice, en forma clara, en la Dirección de Secretaría.
Artículo 146.- El Presidente de la República podrá disponer, al término de su mandato,del traslado de su archivo personal a cualquier lugar del país.
Artículo 147.- En observancia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Presidente de la República procederá a dictar un Reglamento para el adecuado funcionamiento de la Dirección de Secretaría.
Título XXI
Sobre el Comando General de la Fuerza Armada Nacional
Título XXII
Promulgación de leyes
Título XXIII
Concesión de indultos
Título XXIV
Cambio de penas en mujeres
LOS GASTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA
Elementos
preliminares para su análisis
Informe presentado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados
Caracas, 14 de marzo de 1994
Introducción
Los ahora llamados "Gastos de Seguridad y Defensa" corresponden a lo que en
el pasado se conoció como "Gastos Especiales" o "Partidas Especiales", cuyo
examen y control se mantuvo al margen del mecanismo normal dispuesto legalmente,
y cuyo destino estaba en manos de los Presidentes de la República.
Se trataba de dineros imputados al presupuesto anual, establecidos de manera
precisa, pero ajenos al régimen de revisión previa y posterior a que estaban
sometidos los restantes capítulos de la ley presupuestaria.
La experiencia llevó a la creación de una identificación distinta, durante la
etapa democrática. Se buscaba superar la ya deteriorada creencia de que la
famosa "Partida Secreta" no era otra cosa que la caja chica de los mandatarios
de turno.
Fue así como surgió la denominación con la que ahora se conoce, en la cual se
busca disminuir su atención y se procura dar un uso conforme a la legislación,
puesto que ningún gasto debe ser genérico, sino específico, y en el caso que
tratamos era costumbre darle la más variada como disímil utilización.
En la etapa democrática, con la perfección de los mecanismos de elaboración
presupuestaria y de control de la inversión, se pretende que gastos disminuyan
en la cuantía de la libre disposición y que mediante la creación de normas haya
un control directo por mano del Contralor General de la República.
Sin embargo, es bien conocido que estos gastos no siempre son destinados a
cuestiones inherentes, en estricto sentido, a Seguridad y Defensa, sino que con
ese nombre se encubre el pago de servicios que nada tienen que ver con la
denominación jurídica o con los elementos teóricos y doctrinarios envueltos en
las dos palabras.
Es así como los gastos de hospitalización y mortuorias de Presidentes de la
República, de Senadores, de Diputados, de dirigentes políticos y personalidades,
han sido cubiertos por esta vía.
Peores cosas han ocurrido. Hasta Generales que van al retiro solicitan apoyo
para sus planes en la vida privada. Casas de partidos políticos y campañas
electorales también han sido apoyadas con estos gastos.
En fin, ha sido tradición, ya histórica, la imputación presupuestaria o legal de
estos gastos de manera correcta, pero ha sido incorrecto el uso y destino final
en los hechos de la vida pública venezolana.
La Seguridad y Defensa
Son numerosos los estudios hechos sobre Seguridad y Defensa,
a un punto tal que no se puede obviar ningún aspecto de la vida pública del
país, sin que se vincule con esta cuestión.
Los puentes, utilizados para cubrir desniveles en terrenos, tan inadvertidamente
utilizados por nosotros, deben ser objeto de planificación especial, pensando
que en algún momento podrán ser de frecuente uso defensivo; la seguridad
hospitalaria también se incluye; no se olvida el suministro de agua; la
alimentación; la educación; la electrificación y sus redes; las
telecomunicaciones; en fin, toda nuestra vida toca con la Seguridad y Defensa.
Si eso es así, todo el Presupuesto Nacional, toda la estrategia como país, se
basa en la seguridad y defensa, como un concepto global. En efecto es así.
Aunque hay autores que buscan ubicar esta temática, en el estricto plano
militar.
Otros analistas, más afincados en conceptos de la ciencia política, entran en el
plano jurídico-político y sus explicaciones las sustentan en nuestra carta
magna, para justificar la Seguridad y Defensa aplicable a la soberanía
territorial, como concepto originado en la existencia de un sistema democrático
y no como expresión de fuerzas militares protegiendo hitos o demarcaciones
limítrofes.
Por último, nuestra legislación ubica la responsabilidad de la seguridad y
defensa en todos los ciudadanos, cualquiera sea el lugar en que se encuentren,
advirtiendo que las previsiones en ese sentido son de orden permanente.
Queda claro que estamos ante un campo sumamente amplio, pero también complejo y
polémico. Partiendo de esta premisa, podemos poner en duda la correcta
denominación de los llamados gastos de seguridad y defensa, pues son de tan
corta monta las asignaciones presupuestarias que no alcanzan ni para cubrir los
supuestos previstos en la legislación específica.
En consecuencia, ante un campo tan vasto, son tan disímiles las materias
inherentes que los destinos de los gastos podrían prestarse a polémicas muy
controvertidas.
Defensa de la democracia
Nuestra estrategia como país, nuestra proclama
constitucional, afinca su base en la defensa de la sociedad, de la dignidad
humana, en la seguridad social, en el desarrollo de la economía al servicio del
hombre, en la igualdad socio-jurídica y, entre otros, en la sustentación y
promoción de la democracia.
En efecto, la Constitución de la República-documento organizador de la sociedad
nacional- señala que se busca:
"Cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las Repúblicas
hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la
base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los
pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la
persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio
económico como instrumentos de política internacional;
Sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los
derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión
a todos los pueblos de la tierra;
Y conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la Nación, forjado por
el pueblo en sus luchas por la libertad y la justicia y por el pensamiento y
acción de los grandes servidores de la Patria, cuya expresión más alta es Simón
Bolívar, el Libertador,."
La defensa y promoción de la democracia no sólo nos obliga a mantener el régimen
dentro de nuestras fronteras, lo cual de por sí es una contribución por la vía
del ejemplo, sino que crea la obligación de ayudar a las demás naciones,
especialmente las de este continente, en un fin de la comunidad internacional
como es la consolidación del régimen de libertades.
La extensión pacífica de la democracia es asumida por los venezolanos como
fórmula que contiene tras sí el respeto recíproco de la soberanía, la
autodeterminación de los pueblos, la preservación de los derechos del individuo
y de la sociedad, el repudio a la guerra, la conquista y el predominio
económico.
Estas circunstancias de orden constitucional no hacen otra cosa que establecer
jurídicamente una ligazón entre la defensa del régimen democrático y la
seguridad y defensa. De tal manera ocurre esa unión que el enunciado legal pasa
a ser asunto de primaria importancia en nuestro destino como República.
Volvemos, en consecuencia, a la parte inicial. Si las teorías sobre Seguridad y
Defensa irradian su influencia a numerosas áreas del quehacer ciudadano, es la
defensa de la democracia un propósito que nos vincula a todos, los ciudadanos
residentes en el territorio nacional.
Surge, adicionalmente, otro elemento que refuerza un señalamiento anterior. No
es entonces correcta la denominación de los Gastos de Seguridad y Defensa, a
menos que hayan sido concebidos tácitamente para ser dirigidos específica y
concretamente a la Defensa de la Democracia, asunto con el cual estamos
obligados de manera definitiva.
Es de tal naturaleza esa obligación que la hacemos en nombre de nuestros héroes
y de nuestro héroe máximo, el Libertador, por cuanto al buscar el
acrecentamiento del patrimonio histórico nos estamos reforzando en la hermandad
de las patrias liberadas por nuestros ejércitos y estamos señalando además la
idea de la expansión de un patrimonio moral generado por el propósito
independentista.
Responsabilidad del Presidente de la República
La Constitución no indica expresamente la responsabilidad del
Presidente de la República en la disposición de los Gastos de Seguridad y
Defensa, pero sí señala como primera atribución del primer magistrado la de
"Hacer cumplir esta Constitución y las leyes;".
Al Presidente corresponde, por tanto, la dirección de la estrategia nacional
pautada en la Constitución, con todo lo que tiene que ver con la expansión
pacífica de la democracia en todos los pueblos del mundo, pero especialmente en
nuestro continente.
Es un deber supremo del Presidente propender a la defensa de la democracia y a
partir de allí buscar su mejoramiento, consolidación, su perfeccionamiento y,
por supuesto, su expansión pacífica.
La Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (26.08.76) establece:
Artículo 5.- El Presidente de la República es la más alta autoridad en todo lo
relacionado con la seguridad y defensa de la nación.
De esa manera el primer mandatario está obligado a asumir una responsabilidad
plena en la materia, pero en una circunstancia tal que no hay un fundamento
legal que especifique modos y maneras precisos que no hagan viciar de nulidad
sus procederes.
La Territorialidad
En Venezuela no hemos formalizado normas que identifiquen el
uso de los recursos de seguridad y defensa dentro de jurisdicciones ubicadas más
allá de nuestras fronteras.
Es así como los gobiernos se ven precisados a actuar al margen de la ley, o más
bien al margen de costumbres sanas, cuando cancelan cuentas en el exterior para
gastos de hospitalización y mortuoria de un expresidente; para apoyar la
democracia en Centroamérica a través de funcionarios electorales, de expertos en
proselitismo, técnicos en organización de campañas o funcionarios policiales.
La técnica es muy sencilla. Se imputan unos gastos supuestos a la partida
correspondiente con comprobantes nacionales y las facturas correspondientes
(emitidas en el exterior) no ingresan al expediente.
El examen de las cuentas no es riguroso, por carecer de pautas legales o
reglamentarias que obliguen a una revisión como se hace en otras áreas de la
administración pública.
Los recursos, de hecho, se invierten en el exterior. Muchas veces en asuntos que
nada tienen que ver con Seguridad y Defensa. En otros, como en Centroamérica,
si. Pero sin que haya pautas precisas y mecanismos que evalúen el rendimiento de
ese gasto..
Todo lo anterior se corresponde con una situación de altísima hipocresía y hasta
de una insensatez asombrosa. Tenemos por delante el compromiso de defender la
democracia. Eso no puede ocurrir solamente con el envío de una misión de
personalidades a la toma de posesión del Presidente de Panamá, por ejemplo. O
con la publicación de aviso de saludo en el primer diario de ese país. Eso
podría ser atendido por el Jefe de la Misión Diplomática. La defensa
institucional, proyectada hacia todo el continente y hacia todo el mundo, es más
que esa formalidad.
Otros países lo hacen de manera clara. Incluso con debates derivados de las
campañas electorales. En Alemania unificada discuten hoy sobre los planes de
cooperación con América. ¿Cuáles planes? Los de fundaciones ocupadas de la
defensa de la democracia. En Venezuela estaban invirtiendo en 1993 cerca de cien
millones de bolívares en promoción de la democracia. Eso no es un secreto.
Venezuela, tarde o temprano, para preservar sus mercados comerciales, su
hermandad bolivariana, su propósito de orden constitucional, su prestigio y su
influencia moral e histórica, deberá regimentar su presencia en la defensa
democrática continental.
De esa manera podemos tener más presencia en las cuestiones trascendentes de
cada régimen. Pero es más, experiencias novedosas de otros países - como el
régimen municipal peruano- podrían acrecentar nuestra valoración del gobierno
local, en lo que sería un feed- back (retroalimentación) bien interesante.
No sólo podemos enseñar, también podemos aprender.
Allí podría estar un campo de acción para las misiones diplomáticas. De hecho,
otros países lo hacen. En Venezuela, la Embajada alemana tiene que ver con los
planes de cooperación. Lo mismo ocurre con las misiones diplomáticas de Francia,
España, Estados Unidos de América y Comunidad Europea.
El sistema de control
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (14.12.84) pauta lo
siguiente:
Artículo 28.- Los gastos destinados a la Defensa y Seguridad del Estado,
calificados como tales en el Reglamento que dictará el Ejecutivo Nacional,
quedan exceptuados de las disposiciones de control establecidas en esta Ley,
pero las órdenes de pago correspondientes serán revisadas por la Contraloría con
el fin de determinar si están debidamente imputadas a créditos del presupuesto o
a créditos adicionales legalmente acordados, si existe disponibilidad
presupuestaria y si se han cumplido los requisitos legales sobre su ordenación.
El Contralor, o el Director General de la Contraloría, verificarán personalmente
que la respectiva orden de pago corresponda realmente a gastos considerados como
destinados a la defensa y seguridad del Estado.
Los ministros cuyos despachos tengan a su cargo los gastos a que se refiere este
artículo, quedan obligados a controlar el empleo de los fondos correspondientes
y responderán personalmente de las decisiones que adopten en relación con dichos
fondos.
Ley de la Presidencia de la República.-
Es necesario legislar sobre el Ejercicio de la Presidencia de la República
(Ver Diario "Frontera" - 05.01.94) para clarificar situaciones, atribuciones y
deberes como éste de la disposición de los recursos de Seguridad y Defensa.
Allí podría culminar el entramado debate de argumentos sobre la responsabilidad
presidencial en asuntos tan delicados como los que venimos tratando.
Por esa razón propuse públicamente y me propongo hacerlo con mayor formalidad
que se analice la pertinencia de un cuerpo legal que podría contener los
aspectos siguientes:
Disposiciones Generales
Elección Presidencial
Toma de Posesión
Responsabilidad del Presidente
Las Ausencias
- Viajes
- Enfermedad
- Juicios al Presidente
- Otros
Suspensión del Presidente
- Privilegios
- Inmunidades
Calificación de ausencia
- Consulta a la Corte Suprema en caso de juicio
- Renuncia del Presidente
Manejo de los recursos secretos (Gastos de Seguridad y Defensa)
Mensajes al Congreso de la República
Interpelaciones al Presidente de la República
Senaduría Vitalicia
Protección al finalizar el mandato
Residencia del Presidente
Cambio de nacionalidad
Dirección de secretaría
Uso de los Símbolos Patrios.
EL PARLAMENTARISMO COMO
NECESIDAD SOCIAL
El parlamento se puede entender, de una manera simple, como una de las ramas
del poder público de una república, país, nación o reino. Constituye una
instancia de diaria actividad y cuyo origen popular obliga a una permanente
consulta con los ciudadanos.
Es decir que la delegación que hacen los electores para que determinados hombres
y mujeres se conviertan en sus parlamentarios o legisladores se renueva,
revalida o legitima en la medida en que los mandatarios acudan a la fuente de su
mandato.
Un parlamento es esencialmente la mejor representación de una comunidad
geográfica o territorial, porque sus miembros son electos por regiones o zonas,
en las cuales están obligados a permanecer para ser las correas del engranaje de
participación y consulta permanente.
Es, entonces, la más clara representación popular y la que mejor expresa el
criterio de la soberanía delegada, pero nunca anulada -en algunos casos es
mediatizada- por el ejercicio de un mandato público con fines muy concretos.
Se le conoce también, en numerosas cartas fundamentales o constituciones, como
el Poder Legislativo. Suele recibir nombres como Asamblea, Congreso, Cortes o
Duma.
Por ahora, nos interesa tratar sobre la institución parlamentaria - mas bien
parlamentarismo - concebida como un recurso de la sociedad dirigido a permitir
la interrelación humana reglada y que como tal está al alcance de las
individualidades o personas naturales.
En consecuencia, no se trata del eje legislativo - normativo de una sociedad
nacional, del órgano que legisla, sino de algo de mayor dimensión o alcance, que
termina por involucrar al parlamento en la acepción vista al comienzo.
Este novedoso concepto involucra como elemento determinante la necesidad que
tiene una comunidad, o conglomerado humano, de contar con normas o reglas de
aceptación general para conducir el accionar de seres y grupos, disímiles en
motivación, pensamiento, intereses y razones.
Las normas demandan para su aprobación, promoción y aplicación elevados niveles
de aceptación, conocimiento y especialmente convicción de su utilidad práctica.
La sociedad debe tener como valores que la identifican: una gran tolerancia,
respeto solidario e inclinación natural a compartir responsabilidades u
obligaciones, por estar persuadidos sus ciudadanos de que el bien general exige
permanencia y estabilidad en el régimen integrador, o sea la legislación, y
voluntad invariable de acatamiento.
Estamos, entonces, ante conceptos unificadores que vienen a ser, en primer
lugar, la convicción y luego la voluntad de asegurar el destino social mediante
acuerdos consensuados que permitan crear derechos y obligaciones (deberes),
entre todos, para evitar la dispersión, el desorden y la anarquía.
En consecuencia, la institución parlamentaria no es una estructura material, una
edificación o un centro de reuniones, sino que más bien está constituida por un
aliento espiritual que induce a los hombres y mujeres a la integración humano -
social para preservar la vida, los bienes, el hábitat, la paz y asegurar o
consolidar el desarrollo.
En una sociedad nacional, en un conglomerado estructurado como país, existe el
elemento íntimo, espiritual o psicológico, en sus habitantes. Este genera una
actitud personal, y luego colectiva, en pro del consenso (o acuerdo) para dar
lugar a la norma integradora, englobante y globalizante.
La norma debe contemplar proyección o promoción de todos los intereses
legítimos, individuales y colectivos, pero sus enunciados dentro del país
concreto no pueden ser totalizantes, en cuanto que no acaben o agotan la materia
tratada o abordada, sino que deben estar influidos por la generalidad y ajenos a
la especificidad, a lo particular y a lo casuístico.
Por eso, la integración nacional contempla la posibilidad de que los Estados,
Provincias, Departamentos o Regiones, a partir de la norma nacional, tengan su
propia base jurídica, específica, de la cual dimanará la disposición mas
detallada que regirá en los Distritos, Municipios, Cantones o Parroquias.
La institución parlamentaria, por tanto, no está constreñida a tener despliegue
en el centro o sede principal de la sociedad, en la capital del país, sino que
está presente o vigente, como derecho social, en todos los conglomerados menores
como Estados, Municipios y Parroquias, y a partir de allí en otras divisiones
territoriales como las Secciones o los Sectores (Comunidades, Aldeas, Barrios y
Urbanizaciones).
El ejercicio de la institución parlamentaria o parlamentarismo, la conservación
de sus prerrogativas y su promoción como uno de los derechos socio -
individuales, forman parte de la soberanía popular, que nunca es cedida ni
renunciada por ser inherente a la condición humana.
La soberanía reside en el pueblo y su realización o ejercicio real por parte de
ese pueblo ha sido postergada o eliminada en virtud de la existencia de la
representación o delegación que se hace mediante elecciones, en la mayoría o
casi totalidad de los países.
Los representantes asumen la soberanía como una totalidad, es decir concentran
el mandato y se constituyen en el soberano, de tal suerte que el ciudadano no
cuenta en el momento del diálogo o de la discusión de una norma, aún cuando en
su interior exista una inclinación a procurarse mecanismos de organización y
dirección de la vida en sociedad.
Este derecho, en consecuencia, amerita ser protegido por normas específicas en
los ámbitos, nacional, regional y local. La protección implica su difusión y
enseñanza desde la familia, la escuela y la sociedad misma.
Para un pleno y recto ejercicio de este derecho es conveniente que la familia
tenga prácticas parlamentarias dentro de lo sencillo y cotidiano de su accionar,
que la enseñanza escolar se junte con acciones que ratifiquen la lección y que
opere una promoción informativa y publicitaria.
Es decir, que todo ciudadano y ciudadana sepa de qué se trata y que los
organismos e instituciones lo promuevan a través de ejemplos y actividades
específicas.
El concejal: una función de servicio público
La función concejil es de antigua data. Vino con la colonización española. Los cabildos constituyeron la base de la implantación del nuevo régimen político con el que se implantó el Poder de la Corona en América.
Los primeros concejales cumplían, en tan reducido medio colonial, las funciones conocidas en España, donde también se les llamó Regidores. El trasplante no resultó del todo exitoso, porque se trataba de una tierra en la que los nativos tenían otras formas de gobierno, de vecindad y de autoridad.
No obstante, en los dos siglos anteriores, que son los que se corresponden con la vida republicana, los señores del Concejo, Cabildo o Ayuntamiento se conocen con el nombre de concejales.
Poco se usa la palabra edil, proveniente de la expresión Cámara Edilicia, a su vez derivada de la función administrativa municipal de Roma antigua, donde al administrador - equivalente hoy al Alcalde - se le llamaba Edil.
En nuestro medio venezolano, los concejales constituyen la base de la soberanía popular, miembros del sistema local de gobierno y representantes del electorado y de quienes no lo son, pero que tienen la calidad de vecinos o habitantes de una jurisdicción municipal.
El concejal es miembro igualitario de la Cámara o Concejo y sus funciones aparecen delimitadas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente y en la nueva Ley que está por aparecer.
Corresponde a los concejales velar por la recta administración el municipio, por ejercer funciones de control y supervisión, tanto de los asuntos internos del gobierno local como de los servicios públicos y, en general, representar y hacer valer los intereses y valores de la comunidad.
Es decir, se trata de una función amplia, en la que destaca el papel de promotores de la participación y el protagonismo de la comunidad en todos los asuntos públicos.
Para entender claramente cuál es la función de un concejal, vista desde la perspectiva de los vecinos, podemos afirmar:
§ El Concejal, una vez electo y posesionado, debe ser un estudioso de la materia municipal, tanto legal como reglamentaria y ordenativa. Es decir que debe posesionarse de los conocimientos de las leyes y sus reglamentos y de toda la normativa aprobada en las ordenanzas dictadas por la Cámara del Municipio donde actúe.
§ Por supuesto, debe ser un cabal conocedor de todos los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
§ Para esto no se requiere ser un experto en derecho, ni abogado, sino poseer buena voluntad para el estudio y capacidad de comprensión.
§ Es de tanta importancia la base legal que debería existir en cada municipio una Escuela de Concejales, y dentro de ella una Sección o Ciclo de Formación para los Miembros de las Juntas Parroquiales.
§ Lo conveniente es que en estos tiempos de Campaña Electoral los aspirantes, todos, deberían comenzar a prepararse para llegar a la función concejil sin cargar con la ignorancia y el desconocimiento.
§ Instalado en la Cámara, el Concejal debe saber que hay un régimen interno, mediante el cual se normatiza la actividad de la Cámara. Este se llama Reglamento Interior y de Debates. Si no lo conoce y maneja, es difícil que pueda participar en las sesiones o reuniones.
§ En la Cámara se conforman comisiones de trabajo, que vienen a ser las especializaciones del trabajo concejal.
§ Pero un concejal debe conocerlas todas, o, por lo menos, saber de qué se trata, para poder derivar los planteamientos que reciba de manera acertada.
§ Una vez instalada la Comisión se debe hacer un programa de trabajo para todo el año vigente.
§ Veamos un ejemplo. Se trata de la Comisión de Suministro de Agua. Los concejales deben hacer una planificación basada en informes técnicos, para saber la capacidad del acueducto, su grado de potabilidad, su extensión y alcance. Sobre la base de esta revisión tienen que planificar las expansiones de los servicios y deben tomar previsiones para futuras urbanizaciones o barrios.
§ No pueden esperar a que haya nuevos sectores poblacionales, protestando en la calle, para ir a estudiar el problema. Deben andar adelantados en la planificación de todas las necesidades de ese servicio.
§ El Concejal debe tener por norma la elaboración de informes. De todas las materias, tanto para hacerlos del conocimiento de la Cámara a la que pertenece, como de las Juntas Parroquiales y de las Asociaciones de Vecinos.
§ En esa labor, debe tomar en cuenta la necesidad de celebrar Cabildos Abiertos en todas las comunidades, por lo menos dos veces al año.
§ Un concejal puede tener un cuerpo de asesores, permanente y gratuito, sostenido por la buena voluntad de los vecinos, especialmente de los profesionales y los técnicos, y se puede reunir con ellos cuantas veces quiera.
§ Ese es el cuerpo de asesores, que no tiene por qué ser necesariamente pagado por la administración municipal.
§ Las comunidades deben ser visitadas por lo menos una vez al mes, para conversar con los vecinos, y escuchar sus opiniones. No obstante, cabe destacar que el contacto directo con los habitantes no elimina la necesaria función de las Asociaciones de Vecinos, que son los centros de discusión y debate del barrio o sector.
§ De allí surgen las propuestas y peticiones, a los concejales y a la Cámara como tal.
§ El buen concejal no es el que más habla a través de la radio, televisión o aparece en los periódicos, sino el que más iniciativas lleva a la Cámara y más soluciones logra para los problemas de la comunidad.
§ Ser un buen concejal es un reto para sostener la democracia y para consolidar una nueva etapa del gobierno municipal, caracterizada por las nuevas pautas constitucionales, en las que los habitantes son los protagonistas y el representante electo un intermediario para el eficaz funcionamiento de la administración.
§ Corresponde al elector, analizar cuál de los concejales que se está postulando para la reelección ha cumplido con estas pautas de trabajo, para decidir su voto.
En el caso de los nuevos aspirantes, es conveniente que los electores evalúen las posibilidades que tiene de cumplir fielmente con las normas legales, reglamentarias y ordenativas, y aportar al bienestar colectivo.
PROGRAMA DE GOBIERNO 2008-2012:
HAGAMOS TODOS DE TOVAR UN MUNICIPIO DE PRIMERA
Resumen general de programa de gestión municipal
2008 - 2012
INTRODUCCIÓN
La vida municipal es nuestra prioridad. Se trata de un legado histórico. No somos los primeros habitantes, ni el entorno de suelos, bosques y aguas es el mismo de hace años. Todo cambia. La transformación es innegable. Con nosotros o sin nosotros se produce el cambio urbano y rural.
Así ha pasado. Por supuesto, el resultado no es la mejor expresión de un municipio y de una ciudad. Los planes urbanos y de ordenación del territorio no han sido el remedio aplicado. Por ello hemos cambiado en medio de improvisación, informalidad y empirismo.
La dimensión política de la planificación, soportada en la ingeniería y la arquitectura, teniendo a la educación como estandarte, ha sido la gran ausente.
En el ahora, nos corresponde asumir la gerencia municipal partiendo del hecho sabido de que enfrentaremos un problema, social, político y cultural, más que técnico y constructivo.
Lo social está impregnado de los más disímiles criterios sobre la forma de vida, el espacio, el entorno y las soluciones disponibles, especialmente de vivienda, lugares de recreación y vialidad, y como telón de fondo la falta de empleo.
En lo político destaca la vieja creencia del gobierno, en cualquiera de sus niveles, alcanzado como trofeo en una contienda electoral y la certeza de que la cercanía al mandatario permite dividendos personales, dejando de lado lo comunitario o colectivo.
Cultura es una interacción de factores personales, ambientales, educativos y de la sociedad, que aumenta o disminuye la comprensión de la actividad pública como un servicio vocacional a la sociedad y no como un paso de ascenso social o de lucro.
Una de las circunstancias culturales del momento venezolano es la internalización de la informalidad, en mucho dada por la pobreza y a la vez generadora de inseguridad, aunque con ribetes de libertad y libre albedrío, sin norma ni concierto.
Esa informalidad tiene que ver con la ausencia de oportunidades, y hasta de esperanza, suscitadas por la convicción de que el Estado no ofrece una positiva expectativa de futuro, tal como lo manda la carta magna.
No obstante, lo relevante del asunto es que se trata de una enorme porción del conglomerado poblacional a la que debemos mejorar para evitar que tengan una visión pesimista o negra del futuro.
En esos parámetros está ubicada la idea del cambio total, la cual constituye una invitación abierta para que todos intervengamos en el modelaje del nuevo tovareño y en la construcción del futuro deseado.
Ese propósito es posible impulsarlo desde el Municipio, desde la Parroquia, desde los Consejos Comunales, desde la Cámara de Comercio, desde los colegios profesionales, desde las instituciones religiosas, educativas y sindicales, desde las ligas y clubes deportivos, desde los servicios de comunicación social, contando con un Alcalde de recta intención, buenos deseos y visión compartida de lo que debe ser la vida tovareña en los años venideros.
Asumo como bases de nuestra actuación la Constitución de la República, la legislación nacional vigente, la Constitución del Estado y el cuerpo normativo municipal, todo lo cual nos obliga a un gobierno plural, participativo, incluyente y honesto, con periódica rendición de cuentas, soportado en los acuerdos dentro del Consejo de Planificación y animado por el deseo y meta de hacer de Tovar un municipio de primera.
De las leyes nacionales destaco en primer lugar la del Poder Público Municipal y la novísima Ley de Contrataciones. Esta última nos lleva a un sistema planificado de compras y contratos, a lo cual daremos un estricto cumplimiento.
GESTIÓN DE PROYECTOS
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Dos vertientes confluirán en la acción del nuevo gobierno municipal: la gestión de proyectos ante todas las instancias posibles y la ejecución del presupuesto conjunto, derivado del situado constitucional, ingresos propios y créditos adicionales.
A) En el primer aspecto, debo destacar no como un anuncio sino como un logro el hecho de que ya está en nuestro medio, con dos carreras profesionales, la bicentenaria e ilustre Universidad de los Andes, cuya iniciativa he gestionado personalmente junto a una parte de mi equipo de colaboradores, desde hace un año.
Ubico a la Universidad de los Andes como el eje fundamental en la generación de empleo directo e indirecto en todo el Valle del Mocotíes y su zona de influencia.
Coincidirá el nuevo gobierno municipal con la apertura de dos nuevas carreras y con el comienzo de los trabajos de la Ciudadela Universitaria en el sector de Cucuchica.
Al lado de ello hemos comprometido al Rector y al Consejo Universitario para impulsar los proyectos de:
Ø Reordenamiento del Territorio, con su definición de cuencas, sub cuencas y espacios aprovechables, lo que nos llevará a planteamientos concretos sobre las dimensiones del desarrollo municipal, especialmente en la definición de las zonas forestales, acuíferos y en nuevas hectáreas que podemos incorporar a la producción de alimentos.
Ø Plan Rector del Desarrollo Urbano, para enfrentar el empirismo, la improvisación y la informalidad del pasado.
Ø Construcción del parque recreativo en la meseta La Galera, acorde con la declaratoria de patrimonio ambiental, de lo cual ya tenemos el primer esbozo de proyecto.
Ø Puesta en valor del casco histórico de la ciudad, donde se incluye la recuperación de la viaje casa de Domingo Caro, cuna de la ilustre tovareña Mercedes Pulido de Briceño, ex subsecretaria general de la Organización de Naciones Unidas y sede de la Ruta del Arte.
En el mismo orden de gestión de proyectos impulsaremos vías alternas entre El Corozo y El Llano, específicamente la ampliación de la ya existente entre la calle nueve y Los Limones, y las nuevas entre Las Colinas y Los Naranjos, y Monseñor Moreno y Las Colinas, sin dejar de mencionar los posibles enlaces entre La Vega y Tacarica, y El Peñón o La Jabonera y San Pedro.
Expresión de la desidia y apatía es la inconclusa avenida entre Vista Alegre y el Gimnasio Cubierto Monseñor Pulido Méndez, obra de gobierno sin dolientes en una ciudad que no tiene salidas para su ya caótico servicio vial. El gobierno municipal se ocupará de ir donde sea necesario y de gestionar lo conducente para que la obra se termine.
Para anticiparnos al crecimiento poblacional, desde el primer día empeñaremos nuestro esfuerzo en mejorar el servicio de agua de consumo, mediante proyectos ante organismos nacionales para asegurar las seis fuentes existentes, buscar nuevas opciones y comprometer a la ciudadanía en un mejor uso y custodia del vital líquido.
La Universidad de los Andes tiene comprometida la gestión de una asesoría especializada y la vamos a aprovechar en procura de la elaboración de los proyectos.
B) Los recursos ordinarios del situado y los locales de ingresos propios son pequeños, pero no por ello vamos a perder la motivación de invertirlos con apego a las prioridades y a la pulcritud. Nos servirán para reinvertir en micro créditos en algunos sectores, mejorar el mercado municipal (cableado e iluminación) y asumir los servicios públicos como la base de nuestra acción directa.
En ese sentido debemos mejorar la recolección de basura con la incorporación de una unidad con gran capacidad de transporte de desechos hacia el relleno sanitario de Onia, buscando evitar los viajes de unidades menores que se pueden ocupar para incrementar las horas del servicio urbano.
En paralelo proponemos la participación ciudadana mediante propuestas de reciclaje, clasificación y disposición, en procura de disminuir el gasto del tesoro municipal en la materia.
Es ahora compromiso municipal el alumbrado público. Cero oscuridad es una meta sensata y necesaria. Nos proponemos mejorar la iluminación de la carrera cuarta, en su zona centro, para rescatar la visual nocturna y ofrecer el rostro de una ciudad moderna con cableado oculto y mejoras para el desplazamiento peatonal.
CAPITAL CULTURAL
Tovar tiene los elementos histórico - tradicionales para ser la capital cultural del Estado Mérida y en paralelo cuenta con más de cien creadores, en diferentes ramas del arte y la literatura, para consolidar una de las ideas que nos dará mayor presencia en Venezuela.
Empleo, publicidad y nuevos ingresos serán los réditos de este programa, para cuya implementación hemos venido hablando con líderes de la vida pública de Mérida, quienes comparten esta visión del modernismo tovareño y la idea de vivir en una ciudad abierta al mundo.
Nuestro criterio participativo, consustancial con nuestro pensamiento, propiciará la inclusión y motivará a más personas a iniciar su presencia dentro de las artes.
Un mayor elemento humano será generado por la Licenciatura en Arte de la Universidad de los Andes.
Tres grandes eventos son parte de nuestro patrimonio cultural: el Festival del Violín, la Bienal de Artes y el Festival de Teatro. Otros tres los asomamos como nuevas opciones para copar el calendario: Festival de Danzas Folklóricas, Encuentro de Música Popular y Canciones de Protesta, Certamen Internacional de Poetas y Feria del Libro Universitario de la ULA.
Avalaremos la promoción del Orfeón Municipal, como idea sustentada por el gran número de aficionados, estudiantes y admiradores del canto, y la creación de una imprenta municipal para fines culturales de todo el Valle del Mocotíes, Murmuquena y Guaraque.
SALUD PREVENTIVA
Con el apoyo de la Facultad de Medicina de la ULA y el trabajo investigativo del Licenciado Jairo Castillo hemos logrado un acertado diagnóstico del tema de la salud en el Distrito Sanitario y en nuestro municipio.
Es de nuestra competencia la salud preventiva, y en ello cumpliremos, pero también será propósito paralelo gestionar mayores servicios, más profesionales y más especialistas, y consiguientemente la elevación de la categoría de nuestro bien reconocido Hospital San José.
Nos comprometemos a crear incentivos especiales a médicos si con ello logramos que profesionales calificados vengan a presentar servicio en los institutos públicos.
DESARROLLO RURAL
El Instituto Municipal Agropecuario será el órgano de asistencia integral a los pequeños y medianos productores, mediante créditos, promoción de la micro empresa, vías de penetración, asistencia técnica. apoyo legal y un mejor aprovechamiento y ampliación del parque de maquinaria pesada, para convertirnos en municipio productivo.
Podemos tener un mayor número de hectáreas en producción, autoabastecernos y lograr una mayor riqueza y calidad de vida en las zonas rurales.
Para ello invitamos a todos los Consejos Comunales a presentar ideas, asumiendo el compromiso de formular los proyectos dentro de la Alcaldía para emprender la búsqueda del financiamiento en las fuentes del Estado y de la República.
MUNICIPIO DEPORTIVO
El prestigio del deporte tovareño es nacional y más allá de la patria. El hijo ilustre Johan Santana nos da una proyección que nunca imaginamos. Todos los días el nombre de Tovar o el gentilicio están en la prensa.
En la ruta de Santana también están Oswaldo Sosa, Winston Márquez, Julio Puente y Michel Acevedo, pero junto a ellos también abren camino de éxito en otras especialidades: el querido Campeón Mundial Eduardo Castellanos, que gana carreras todos los meses dentro y fuera del país, el discapacitado olímpico Víctor Hugo Márquez y la campeona panamericana, la biatleta Sandra Sarmiento.
Tenemos las condiciones y los buenos entrenadores para crear una escuela de talentos de alta competencia y en ello comprometeremos recursos y acciones, a lo cual vamos a agregar una organización eficiente de clubes y ligas, salón de la fama, selecciones permanentes, mejoramiento del personal de técnicos y árbitros, ligas estudiantiles, promoción de juegos de mesa y tradicionales, estadio de béisbol menor, convenios con empresas públicas y privadas, una de ellas El Vigía Fútbol Club, y campeonatos nacionales.
Apoyaremos la Vuelta en Bicicleta como un evento insignia y elaboraremos un proyecto para realizar la Travesía Municipal en Bicicleta Montañera, como una importante novedad que busca la plena integración municipal.
Hoy, desde este escenario público, ofrecemos a la fundación y a la familia Santana Araque, la suscripción de un convenio para el Museo Johan Santana, como una institución de servicio público y de conservación de la nueva identidad tovareña, la cual gira alrededor de nuestro nuevo ídolo.
TRANSPORTE PUBLICO
Esta materia demanda una atención especial, en coordinación con el órgano nacional, para lograr mejoras en el servicio, extensión de horarios, más capacidad y nuevas inversiones.
Una oficina municipal tratará este asunto, para crear un mejor clima de trabajo, de prestación del servicio, apoyo a los servidores con micro créditos para repuestos y reparaciones, y buscando la generación de nuevos empleos.
SEGURIDAD PUBLICA
Corresponde a la autoridad municipal presidir, por delegación del Señor Gobernador el Comando Unificado de Seguridad. Eso haremos. También gestionaremos mejores condiciones sociales y familiares para los servidores en esta materia e incentivos para que su vocación de servicio no se disminuya ante las adversidades.
Buscaremos el sitial de municipio seguro, en todos los sentidos para que todas las grandes acciones puedan estar coronadas del mayor éxito.
VIVIENDA
El déficit viviendístico está en dos mil quinientas unidades, pero con cada día se suman nuevas peticiones. En un plazo de cuatro años se puede mitigar el déficit. Aquí es fundamental la participación del sector privado.
Coyserca, grupo tovareño de los hermanos Molina Sánchez emplazado en Valencia, tiene proyectos para ochocientas viviendas, en tanto que otros dos empresarios locales proyectan trescientas más.
Anuncio mi apoyo a la empresa privada en este sentido y de la misma manera gestionaremos y apoyaremos a las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV) como instrumento de agrupación de interesados con fines de disminución de costos y de alcance de un mayor número de soluciones.
Asimismo, vamos a asimilar la experiencia que en materia de vivienda ha tenido el vecino municipio Zea, mediante la asesoría del señor Fredy Guédez, alcalde durante tres quinquenios.
CONSEJOS COMUNALES
Envío un mensaje de fraternidad a todos los ciudadanos tovareños involucrados en la acción comunitaria de los consejos. Mi experiencia en el manejo de proyectos ante el fondo de descentralización me hizo conocer las sentidas aspiraciones de muchas comunidades que aspiraban a un manejo directo de los recursos de proyectos aplicados en su entorno geográfico.
Los invito a hacer buena la palabra de la coordinación indispensable dentro del Consejo Local de Planificación, previa discusión en cada sector para hacer realidad el presupuesto participativo, en procura de que no solo disfrutemos de los recursos ordinarios, sino que también podamos encontrar y diversificar las fuentes del financiamiento.
Profesionales con experiencia los sumaremos para elaborar con acierto los proyectos que consideren necesarios los Consejos Comunales.
TURISMO
Con los enunciados anteriores, con nuevas inversiones en materia de hotelerìa y posadas, podemos asumir una propuesta de turismo basada en el hecho religioso, cultural, deportivo, estudiantil, ambiental y de eventos.
Tenemos bellezas escénicas aprovechables, museos o galerías, eventos deportivos y populares más allá del Estado, un prolijo calendario eclesial y cultural, y numerosas iniciativas institucionales, además del ya clásico ferial de septiembre.
Impulsaré la conversión de nuestro bello templo de Nuestra Señora de Regla en Basílica Menor, como expresión reafirmante de adhesión tovareña al culto mariano.
La festividad septembrina tendrá por objetivo fortalecer la economía local, preservar la identidad cultural, incentivar la integración y evitar la fuga del capital familiar de los tovareños.
Disponemos de caminos tradicionales que pueden ser rutas para caminatas de salud y paseos en caballos, en medio de vegetación y paisajes inigualables.
Podemos ofertar servicios de salud privados, dentro de programas conexos con el turismo nacional e internacional, aprovechando las condiciones climáticas de nuestros lugares parameros.
Vamos a equiparnos en lo que nos falta, hagamos publicidad y convirtamos el turismo una fuente de empleo y de mayor riqueza para los tovareños.
OTRAS INICIATIVAS
Queremos que la Alcaldía sea una fuente de servicios y de apoyo, con eficientes dependencias, donde el ciudadano pueda recibir facilidades para sus gestiones ante organismos nacionales, sin tener que viajar a las capitales del estado y del país. Dos ejemplos, la recepción de reclamos sobre servicios públicos y el trámite de prestaciones o pensiones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Hago solamente mención de otras iniciativas:
Ø Consejo Municipal de Desarrollo, con órgano asesor y de consulta, integrado por tovareños que han sido ministros, gobernadores y alcaldes.
Ø Ruta Estudiantil hasta Bailadores y Mérida, iniciativa solicitada por los jóvenes.
Ø Proyecto de la Escuela de Albañilería, al que agregaremos Plomería y Mecánica, oficios indispensables en la sociedad.
Ø Asesoramiento y apoyo a pequeñas y medianas iniciativas de cualquier tipo, para fomentar la economía popular.
Ø Televisión Municipal de servicio público, con productora de videos, escuela de futuros profesionales y transmisión de los juegos donde intervienen Johan Santana, Oswaldo Sosa, Winston Márquez y Julio Puente.
Ø Agencia de noticias para medios de Mérida, Venezuela y el exterior.
Ø Sitio interactivo en Internet, con diálogos semanales entre el Alcalde y los ciudadanos.
Ø Apoyaremos la empresa privada que promueve el nuevo cementerio.
Ø Embellecimiento de la ciudad e identificación de los sitios y lugares del municipio.
Ø Apoyaremos las iniciativas en pro de la identidad que con gran sentido tovareñista promueve la Biblioteca Mario Rosales Altuve.
Ø Reformularemos el papel del Cronista Municipal para que sea el guarda y custodio de la identidad local y la historia reciente.
Ø Daremos fuerza y vitalidad a la Escuela Taurina Municipal y buscaremos acuerdos con su similar de Madrid. Queremos nuevos y muchos émulos de Nerio Ramírez "El Tovareño" y Rafael Orellana.
Ø Promoveremos la creación de la Casa Tovar en todas las capitales de los estados venezolanos, como centros solidarios, de promoción integral del municipio y auspiciadotes de la feria nacional de la tovareñidad.
Ø Apoyaremos iniciativas en beneficio de los ciudadanos de la tercera edad y sumaremos al voluntariado a decenas de jubilados.
Ø Celebraremos como un éxito colectivo de los tovareños el cierre de cada año escolar, imponiendo condecoraciones y premios en efectivo. a los alumnos excelentes.
Ø El plan vacacional, para estudiantes carentes de recursos, será una actividad destinada a fortalecer la identidad municipal y zonal.
Ø Gestionaremos la creación de un Comedor Popular por parte del organismo nacional de nutrición.
Reflexión final
He presentado un esbozo de la futura acción de gobierno en el Municipio Tovar. No es un catálogo de problemas, sino una visión global, asistida por el diálogo en más de mil quinientas visitas familiares, conversaciones, entrevistas y una investigación de opinión realizada por el Licenciado Alcedo Zerpa.
Nos anima la rectitud y la buena intención. Podemos mejorar la propuesta o enriquecerla con nuevos aportes. No poseemos la única verdad, sino una parte de ella.
Vamos todos a construir ese futuro que añoramos.
Tovar, 9 de agosto de 2008.
NILSON GUERRA ZAMBRANO
PARA ALCANZAR UNA DEMOCRACIA EFICIENTE
No bastan gobiernos de origen legal - electoral, la estabilidad política y la felicidad social requieren ciudadanos y pueblos democráticos, activos y responsables, afirmados en la convicción sólida de sus ideas y en una elevada cultura de participación y compromiso solidario. NGZ.
Índice
Capítulo I
Ciudadanía mayoritaria pobre e inculta
Capítulo II
Educación sin objetivos democráticos
Capítulo III
Educación para vivir en democracia
Cierre
La democracia es un sistema de gobierno, de una sociedad humana, que a través de los años y por la vía de un proceso educativo y social, propicia la adhesión de los ciudadanos y genera un compromiso comunitario, lo que hace que el ejercicio democrático diario constituya un modo de vida consciente y compartido.
Ese modo de vida se caracteriza por el estado de derecho, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la participación, la corresponsabilidad, la promoción del hombre y la familia, el desarrollo económico sustentable y la conquista de mejores condiciones humanas para todos.
Las características de la democracia le son intrínsecas y cada una de ellas es una meta para cuyo alcance están comprometidos todos y cada uno de los individuos. Por ello la búsqueda, preservación y consolidación es un objetivo personal y, como tal, comunitario. Es decir, que no excluye a ninguno de los ciudadanos.
Por lo tanto, en la sociedad democrática no puede haber personas al margen, separados, que, por ejemplo, no estén interesados en el uso, disfrute y respeto de la libertad y los derechos humanos o que nieguen su creencia en (y adhesión a) la igualdad, la solidaridad y la preeminencia de la ley.
La democracia deja de ser un simple enunciado teórico o una propuesta constitucional como aspiración, anhelo o ilusión, para pasar a ser convicción profunda que mueve la voluntad de los hombres y mujeres para consolidarla o perfeccionarla.
No obstante sus bondades, el accionar del sistema conlleva actuaciones e implica posiciones de los estamentos del gobierno en cuya ejecución puede haber errores humanos que le restan fuerza al proceso de promoción de la democracia. Esta situación debe ser revertida mediante los mecanismos de prevención y control de conflictos, entre los cuales destacan la información u orientación, la consulta o diálogo y, de carácter previo y permanente, el sistema educativo.
Elemento principal es la conciencia, la convicción y el compromiso de los ciudadanos, debidamente capacitados y organizados, cuya motivación les llevará a buscar soluciones inmediatas y a crear mecanismos permanentes para evitar errores y deterioro del sistema.
El sistema democrático presupone el gobierno, especie de amplia dirección o coordinación, no como un reducto pequeño de privilegiados o burócratas, triunfadores de elección que conquistan un botín, sino como la expresión organizada de la sociedad, como un compromiso de todos y como un modelo de participación. Tres características básicas, cuya ligazón está constituida por el deseo general de hacer permanente realidad sus postulados.
Los ciudadanos se organizan para gobernar y no para mandar.
La tarea del gobierno es global o universal, es decir de todos.
El modelo participativo es incluyente y no excluyente.
La sociedad puede tolerar la debilidad o incomprensión de los ciudadanos en cuanto a conciencia y compromiso por breves períodos de tiempo, pero no puede darse el lujo de la eternización de tales defectos debido a que siendo intrínseca la participación responsable de todos, se generan vacíos nocivos para la salud democrática.
Es allí donde juega un papel muy determinante la enseñanza de la democracia, la cual debe alcanzar el fomento de los valores y su ejercitación práctica, y no constituir simplemente un aporte de información y contenidos teóricos a manera de conocimiento o cultura general.
Si el sistema educativo, apoyado por el proceso social que incluye la acción de gobierno, no revierte la debilidad ciudadana, llegamos al desencanto social permanente y al cuestionamiento de la misma viabilidad del sistema.
El comportamiento de todos los ciudadanos, para que efectivamente funcione la sociedad democrática, debe estar revestido de conocimiento sobre los objetivos principales o prioritarios de la sociedad, de su papel personal - el del ciudadano - en el modelo social democrático, y de la importancia, validez y vigencia de su participación responsable. Todo lo anterior aceptado voluntariamente.
En ese sentido, el proceso formativo tiene que incluir lecciones teóricas y ejercicios prácticos de real incidencia en la comunidad, para que se perciba el objetivo concreto de cada expresión o contenido, y para que se pueda superar la distancia entre el texto y la realidad.
El ciudadano democrático sabe cual es su papel o actuación ante una u otra situación concreta, y lo sabe en circunstancias de convencimiento personal y de plena disposición para proceder, y nunca archiva su formación para mantenerla como un conocimiento intelectual de esporádico uso.
Si en el proceso de enseñanza hablamos de una comunidad vecinal, junta o consejo comunal, o de un grupo de trabajo para fines sociales, esa instancia debe existir en el mismo lugar donde se está enseñando, o crearse en el más breve plazo, para que la lección se interiorice con la ejercitación directa, con la observación en sitio y con intervención provechosa.
Y eso no puede ser de otra manera porque la democracia está requerida de una labor constante de los ciudadanos para que sean preservados y acrecentados los objetivos, para mantener los valores y para aumentar la comprensión y el entusiasmo de vivir en un régimen democrático.
Hoy contamos con sistemas sociales llamados democráticos en gran número. Unos y otros difieren. Todos tienen expresiones o elementos democráticos. No obstante, el logro de su consolidación, en todos, demanda la elevación del nivel cultural y una apropiada educación para aprender a vivir en democracia.
CAPITULO I
Ciudadanía mayoritaria pobre e inculta
Universalmente una mayoría de ciudadanos vive en condiciones de pobreza. Los medidores aceptados para conocer las cifras incluyen la educación, hoy inexistente en muchos lugares e insuficiente o deficiente en otros. Esto, de por sí, hace que miles de millones no participen eficazmente del sistema político y, por supuesto, al no beneficiarse menos pueden comprender de qué se trata cuando hablamos de democracia.
En los países donde la educación tiene amplia cobertura, en ninguno es unánime o total, no son prioritarios los programas de formación para la democracia, pero se viene desarrollando como hecho importante la enseñanza e investigación de la ciencia política a nivel superior, generando un recurso humano capacitado que puede asumir el rol magisterial.
Una mayoría poblacional no conoce sino superficialmente lo que es el sistema. Es un reto incorporar este inmenso sector a la vivencia democrática real y directa mediante la educación especializada, y esto tiene una incidencia social importante, porque esos ciudadanos, ubicados al margen, que ni siquiera son electores, podrían sumar sus voluntades para convertirse en practicantes de la democracia.
Es por este motivo que el ejercicio de las prácticas electorales democráticas - sustento de la representación y delegación del poder soberano - es una actividad de minorías, a las que también hay que restarle los que votan para protestar contra todas las opciones o que lo hacen compelidos por la norma legal de obligatorio cumplimiento.
A pesar de ello, el sistema sigue vigente y, por muy deslegitimado que pueda estar, conserva su base legal, la presencia de los poderes e instituciones y el aporte de credibilidad que le dan los medios o servicios de comunicación social, al informar y dar a conocer las ejecutorias de los mandatarios y de los demás actores de la vida pública.
Dentro del segmento poblacional de votantes, minoritario en comparación con la población total de un país, los niveles de cultura política suelen ser bajos. Y no tienen por qué ser altos, pues al ciudadano se le ha brindado una visión social muy corta de manera informal y las más de las veces adquirida por la propia intuición personal.
Es por ello que se cree que el director, ejecutor y conductor de la democracia es el Poder Ejecutivo, y más específicamente el Presidente de la Nación o República. Se impone la simpleza de la apreciación que da el acto electoral, donde por la preponderancia y el peso de la campaña, se puede pensar que se elige al único líder y a su vez al único responsable de todos los asuntos.
Cualquier campaña, en cualquier lugar, centra su promoción en el candidato a Presidente y tanto se personaliza la proyección que el votante enfoca hacia él sus aspiraciones y anhelos.
Una campaña, y esto todas lo tienen en común, evita pedirle al ciudadano otra cosa que no sea el voto. No se le pide sumarse a una campaña masiva de reforestación o de limpieza de cauces de agua, parques, calles, jardines y áreas verdes, por ejemplo. El votante asume que votar es su único y a la vez valioso aporte, por lo que en caso de ganar el candidato a quien apoya, habiendo dado el aporte pedido, aspira a una contraprestación personal, traducida en dispensa de bienestar, posiciones, ventajas o privilegios.
Hay ignorancia sobre los fines y propósitos del poder público. Por eso, cuando se da la insatisfacción personal, el votante opta por castigar al gobernante en la siguiente elección, sin aceptar la validez y utilidad de cualquier ejecutoria de la administración pública o la limitación existente para no haber atendido su personal deseo.
La ciudadanía inculta en lo político asume que el mandatario es un dispensador de favores personales, que el sistema está basado en el acto electoral y no conoce los beneficios de la participación política y menos del compromiso de aporte personal y comunitario.
Y cuando el ciudadano acude al recinto electoral poseído por el deseo de solución de su personal aspiración o asumiendo que el voto le da derecho a obtener atención a un problema específico, individual, está ejerciendo una presión no conveniente sobre el candidato porque desdibuja la imagen del aspirante y empuja a convertir la campaña en un torneo de promesas no siempre fáciles de cumplir y, sobre todo, de asuntos tan específicos y puntuales que será difícil recordar.
Debo sostener que son muchos los casos en los que los propios candidatos animan sus campañas con un populismo que se aprovecha de la ignorancia popular y hacen de los electores sujetos comprables o manejables con la promesa no pensada o estudiada y menos planificada como solución a futuro.
Esa siembra de engaño es un mal que no se ha curado todavía. Sigue infestando políticos. Las secuelas son altamente nocivas para la supervivencia del sistema democrático porque abren las puertas para su degradación, pues nunca un mandatario populista ha enfrentado los problemas reales, y siempre ha terminado en manos de manejadores o manipuladores de la opinión pública.
El populismo ha fortalecido la idea de que el gobierno puede y está obligado a satisfacer desde las necesidades primarias hasta las referidas a vivienda, recreación y servicios, sin mediar la corresponsabilidad de los individuos.
Hay dos aspectos involucrados en esta errada creencia.
1. El elector asume supuestos falsos al imaginar el gobierno como una agencia de reparto de bienes.
2. Partidos y dirigentes, envueltos en el objetivo de ganar, ilusionados con la victoria y presionados por sus patrocinantes, no escatiman recursos desmedidos e irracionales para asegurar los votos.
Los cordones de miseria de América Latina, que tanto afean las capitales y ofenden la dignidad humana, tienen mucho que ver con el reparto de ladrillos y láminas para techo que ocurre durante las campañas electorales y en el ejercicio mismo del gobierno.
Una solución habitacional, aunque sea un reducido rancho, se ha tomado como un problema menos en la puerta de la oficina de un candidato o de un funcionario de gobierno.
No es fácil analizar y comprender los problemas sociales y de pedagogía política presentes en una campaña electoral, pero es necesario identificarlos para que en los programas educativos el docente pueda asumirlos a plenitud, como los objetivos de la materia. De esa manera la comprensión permitirá al educando salir del estado de ignorancia, en la asignatura de mayor influencia social: la política como parte del desarrollo de la sociedad democrática.
Los partidos constituyen una institución fundamental en el desarrollo de las sociedades democráticas, pues se trata de los órganos especializados en la cuestión política, en el quehacer político directo. Para ello se valen de un cuerpo dirigencial que ejerce la representación de una identidad colectiva, que es compartida por militantes - en muchos casos registrados o acreditados - simpatizantes, adherentes y amigos.
El siglo veintiuno se ha abierto con nuevas crisis del partido político como el instrumento clave del ejercicio de la política, por variadas razones.
a) La función clásica de agrupación de ciudadanos se la están disputando otras entidades (gremiales, profesionales, económicas, sindicales, vecinales, comunitarias, etc.) que procuran la defensa de sus intereses sin la intermediación partidista.
b) La orientación política viene siendo asumida por los medios o servicios de comunicación social, al ofrecer investigaciones, reportajes, opiniones e informaciones, de la diversidad del pensamiento político - social sin exigencia alguna al lector, oyente o televidente.
c) La participación asume cada día más las formas directas, gracias a la municipalización, parroquialización y creación de comunas, y existe un avance modernista con el gobierno electrónico.
d) La promoción y organización de las campañas electorales es ahora una función mercantil de agencias o compañías publicitarias, y de oficinas de politólogos.
Y como para que no quede un hueso sano en el cuerpo partidista, sus dirigentes han asumido el papel en medio de interminables pleitos personales y tendenciales que frustran la hermandad y solidaridad de que se hace mención privilegiada en los estatutos, normas y reglamentos internos.
Si al partido se le ha despojado de sus cuatro funciones clásicas o principales, si su dirigencia no es compacta y de armonioso comportamiento, si se han alejado los militantes, si los medios de comunicación buscan restarle credibilidad para retener poder o influencia, este organismo social está a punto de sucumbir totalmente.
Con todo este grave problema existencial, ahora hay gobiernos que promueven un relacionamiento directo con el pueblo, en el mismo momento o tiempo en el que no hay un debate que busque solución o desde ya un replanteamiento de la institución partidista o su reacomodo en una sociedad cada vez más asumida por organizaciones y grupos que antes de empezar a actuar aclaran que no son "políticos", aunque, en muchos casos, asumen roles y funciones del partidismo.
Toda sociedad democrática que procure estabilidad política permanente, y no circunstancial, debe tener partidos políticos fuertes, esparcidos por todo el territorio, con arraigo y credibilidad, sin que su fortaleza sustituya la democracia de ciudadanos - porque son éstos la fuente de poder- y menos que suplanten al Estado y a sus instituciones.
Para ello es indispensable que la dirigencia partidista tenga una profunda convicción democrática (tolerancia, respeto, solidaridad, reglas de juego permanentes, fines sociales y no personales), una clara visión ideológica y programática, una actuación coherente y un propósito nacional orientado, en todo momento, al fortalecimiento del Estado.
En este sentido, es indispensable que los dirigentes asuman como tarea el desalojo de los tribunales de justicia como parcelas de amigos, familiares y partidarios, para procurarse beneficios mediante sentencias complacientes o influidas a distancia, y que los parlamentos sean las casas de la educación cívica - por los buenos ejemplos y modos de comportamiento - y de la ley, y no simples escalones - de altísima remuneración - para el ascenso social. Digo social y no político, porque en los últimos años, con tan malos parlamentarios, es muy difícil que se eleve el nivel de desempeño de un congresante y alcance posiciones más relevantes.
Por supuesto, que en el caso venezolano se requiere un desalojo partidista de los poderes electoral y ciudadano, para dar paso al concepto de institución permanente o de organismo enfocado hacia fines de la globalidad democrática y no supeditados a una parcialidad política.
La gran crisis del partidismo se puede explicar en la inexistencia de dirigentes poseídos por un concepto claro del Estado Social y de Derecho, y que a la vez alcancen el liderazgo necesario para ejecutar los cambios que son necesarios para rescatar los espacios perdidos en los años recientes.
Los partidos han pasado a ser la institución más pésimamente comprendida, tanto en su fuero íntimo como lejos de sus fronteras. Y para colmar su lista de males a todos los de América Latina les están ahogando los problemas financieros.
Se nos presenta una gran paradoja. Hay partidos muy pobres en lo económico, que no pueden funcionar adecuadamente, conducidos por dirigentes muy ricos, cuya fortuna ha tenido mucho que ver con el desempeño de funciones partidistas. No se trata de una invención literaria. Es una realidad que se puede comprobar documentalmente. Bastaría auditar un catastro de inmuebles, un registro de comercio y empresa, o las cuentas bancarias, en cualquier capital de América Latina.
El operador de la política de hoy es una persona que debe manejar dinero (y en cantidades) porque el ejercicio de la vida pública se hizo extremadamente costoso, especialmente por la tarificación de los apoyos electorales internos y externos, y porque las campañas obligan a un gasto enorme.
Buena parte del gasto va a los medios de comunicación social (y a las agencias publicitarias), empresas que no pocas veces han ensayado candidaturas presidenciales propias e indirectas, sin tener éxito, a pesar de que se erigen, o intentan hacerlo, como los grandes electores por una pretendida influencia en quienes usan esos servicios y son a la vez votantes.
La crisis partidaria impide ocupar recursos en la formación del militante, mientras el dirigente sobrevive con su ilusión de poder y su ambición personal, descuidando su nivel intelectual y académico. Por esa razón, el partido tradicional no puede ser hoy el vehículo para acrecentar la cultura política ciudadana y menos el modelo a seguir por quienes sean formados o capacitados para el ejercicio diario de la política democrática.
Esta formación permitirá fomentar nuevos criterios y mejores razonamientos de los ciudadanos, a la par que facilitará el surgimiento de esquemas organizativos más consustanciados con las realidades y otras generaciones de dirigentes, mejor dotados y conscientes de las renovadas exigencias de los hombres y mujeres a quienes representan.
La nueva dirigencia es una excelente oportunidad para enfrentar el déficit democrático, caracterizado por la existencia de mayorías que no votan, escasa comprensión del hecho político, debilitada participación, estancamiento de la descentralización como proceso de expansión - hacia sectores bajos - de cuotas de poder, escaso brillo de los parlamentarios e ineficiencia de los parlamentos, desprestigio de la judicatura, inexistente democracia interna en los partidos y como gran telón de fondo la injusticia social.
Es también ocasión para que el dirigente pase a ser un actor principal en la acción social comunitaria, desde los niveles bajos, para lograr que su experiencia le permita contribuir a la reversión de los elevados niveles de pobreza, los cuales atentan contra el sentido y fin de la democracia.
Solo con una nueva propuesta dirigencial, nuevos hombres y nuevas mujeres, es posible pensar en que el futuro nos deparará partidos más cónsonos con los nuevos signos de los tiempos, más abiertos hacia otros actores de la sociedad, con nuevas formas de comunicación y representación, más orientados hacia altos fines nacionales y alejados del personalismo y el beneficio lucrativo del individuo.
Todo lo anterior no impide que podamos señalar, finalmente, el exitoso papel de los partidos en América Latina, en el pasado, en la difusión e implantación del concepto de democracia y su agregado inseparable de la participación. Una valiosa labor pedagógica, aunque - en su mayor parte - supeditada al asunto electoral.
Una de las consecuencias de las fallas y errores del sistema democrático, de su puesta en práctica o implementación, es el desencanto social. Este tiene explicación en los apartes anteriores sobre ciudadanía y partidos, pero su origen es más profundo aún.
Así como los partidos impusieron los términos democracia y participación, también convencieron a las masas de lo que es "justicia social". Y lo hicieron de manera tal que la ciudadanía lo ubicó como una de las condiciones intrínsecas del sistema.
Eso dio lugar a que el hombre humilde (o mujer) asumiera que el papel del funcionario, de cualquier nivel, es dispensar una mejor calidad de vida en forma directa y personal a quien lo solicite, es decir mejorando cada individualidad con unos recursos que "son de todos" y cuya finitud o limitación nunca se ha entendido.
Con esa creencia, los venezolanos de 1958 fueron a votar en las primeras elecciones post dictadura en más del 95%, sin importarles si el gobierno debe ocuparse de la política exterior, de los acuerdos comerciales integracionistas, de los asuntos territoriales contiguos, de la seguridad interna o de la protección de bosques y aguas.
El sistema recién instalado en Venezuela comenzó a discurrir - en pocos años - por los caminos de la reimplantación del país y de su modernización, provocando el auge poblacional, y consiguientemente la aparición de masas que no pudieron ver atendidas sus necesidades más inmediatas.
Las estadísticas de pobreza fueron subiendo y las de votantes bajando, en proporciones alarmantes. El sistema sigue funcionando, pero no satisface a las mayorías. Se cumplen las premisas básicas de la democracia, pluralidad de opciones e ideas, sistema electoral universal, separación de poderes, alternabilidad, representación y participación, sin que éstas conlleven la satisfacción de las masas sin recursos.
Surgió el desencanto social, con sus expresiones de desmotivación por la política, descrédito del dirigente, indiferencia y apatía. En medio de su presencia, las campañas electorales se vieron precisadas de nuevos enfoques, mayor ingenio y más ofertas concretas para volver a motivar a los electores.
La nueva oferta se basó en guardar el tema de la justicia social, que aunque lucía académico se entendía, para emplear otras palabras más directas: lucha contra la pobreza, unida a la búsqueda de la igualdad y, tiempo después, se habló de la equidad.
El desencanto social no solo trajo consigo la baja de la participación electoral, sino que provocó un vaciamiento de la militancia partidista y disminución de la fuerza de las sociedades intermedias, en circunstancias tales que se ha estimado en América Latina que solo entre un 10 y un 15 por ciento de sus ciudadanos interviene en alguna expresión organizada.
Incide también en el desencanto un mal de vieja data, el de la corrupción administrativa. Numerosos gobiernos han terminado en descrédito y sus candidatos han perdido las elecciones por la perniciosa práctica de apoderarse de dineros del tesoro, mediante numerosos subterfugios y arreglos, muchas veces difíciles de ser detectados y, peor, probados en juicio.
No obstante, los tiempos recientes muestran que los pueblos no castigan los escándalos de corrupción o no los perciben como dañinos cuando los gobiernos logran crear la sensación de progreso y de reparto de la riqueza hacia abajo, cuestión ésta que revela la baja cultura política, un individualismo preocupante y un desprecio por la honestidad, la ética y la moral social.
La evaluación crítica de los gobiernos, especialmente por los hechos de corrupción, se acrecienta por la interesada difusión que hacen los opositores y por el papel que juegan los medios o servicios de comunicación social, lo que propicia el conocimiento general de la situación y los responsables.
El auge corruptor está incidiendo en la apatía del electorado debido a la certeza que tienen los ciudadanos de que todos los gobiernos incurren en estas fallas administrativas o, al menos, a todos se les acusa de tolerar esas prácticas.
El sistema político enfrenta el desencanto, sin llegar a disiparlo, abriendo las puertas de las elecciones que provocan la renovación y el cambio de mandos, ofreciendo votaciones por instancias cada vez más cercanas al elector y generando la sensación de que el futuro puede ser mejor. Se impone, finalmente, un discernimiento suscitado por la experiencia inmediata que ha tenido el votante, sin que pueda negarse el papel de la publicidad y de la información periodística.
Cada elección es un alivio para el sistema democrático, pero constituye a la vez un nuevo reto de gran importancia, porque ya han pasado muchos procesos electorales sin que los porcentajes del desencanto se acaben o, al menos, se mitiguen sustancialmente.
Se impone una mejor comprensión de que el peso de la transformación, el desarrollo, modernización o cambio de un país, no puede recaer solo en los gobiernos, que, desde luego, están llamados a impulsarlo y promoverlo, sino que constituye una de las responsabilidades de la sociedad global en lo inmediato, porque no podemos mantener indefinidamente el estado de atraso de las mayorías.
CAPITULO II
Educación sin objetivos democráticos
El sistema educativo formal constituye la gran herramienta para la integración, cohesión e igualación social, para identificar a los ciudadanos con objetivos alcanzables, para generar arraigo y entidad, para hermanar y para crear conciencia de patria dentro del dominante contexto de la integración y globalización.
Por eso, todo programa educativo debe ser la expresión de cómo se quiere alcanzar un determinado estadio social y qué tipo de hombre / mujer, con determinadas cualidades físicas y mentales, se requiere para asumir los retos que implica conquistar las metas del desarrollo humano y material.
La educación hace viable el ideal de país y sociedad al que aspira un colectivo nacional y su avance marca el logro de los objetivos previamente concebidos mediante la planificación del desarrollo, porque la sociedad no puede dejar al azar o sujeto a la improvisación el destino de los seres humanos que la conforman.
Veamos un sencillo ejemplo. La salud de la población requiere un esfuerzo para planificar la infraestructura física (edificaciones con espacios para todos los servicios), estadísticas confiables y la dotación de equipos médico - científicos, en paralelo con la formación de médicos, gerentes, administradores, enfermeros, técnicos, inspectores, empleados y obreros.
Un valioso instrumento para esta planificación son los censos de población y vivienda, porque a la par de identificar personas permiten saber sus edades, ocupación y ubicación. Se puede cuantificar el recurso necesario tanto material como humano, para que esa determinada población cuente con la asistencia médica que requiere y en los espacios suficientes para que no haya dificultades.
Lo mismo puede aplicarse con los servicios de educación, vialidad, comunicaciones, transporte, alimentos, etc. Es decir, se puede planificar su alcance y el monto de las inversiones.
La democracia requiere la transformación cualitativa - formativa de todos los ciudadanos para que sean aptos para la convivencia democrática, porque eso facilitará la inserción y participación en el proceso de búsqueda del desarrollo social. Se puede saber cuales son las necesidades más apremiantes o prioritarias y cuanta es la población. Ahora viene la planificación.
En el caso venezolano, y podemos extender a casi toda América Latina, por años se creyó en la unanimidad de la aceptación del sistema, luego de superada la prueba de la insurrección armada. Y se dejó de lado la construcción de un camino de estabilización, consolidación y proyección de la democracia mediante el proceso educativo, previamente planificado en contenido y cobertura para crear la convicción democrática en el ciudadano y para así dejar atrás la aceptación pasiva.
La educación se basó en contenidos informativos, repetitivos y memorizados, de muchas materias universales, sin posibilidad de verificación, sin debate o diálogo en el aula, sin convencimiento, con lo cual - de entrada - se negó uno de los valores de la democracia como es la participación, y sin que los objetivos apuntaran a la creación de valores para el comportamiento social del educando en su entorno familiar o humano. El educador se ocupó de enseñar lecciones, previstas en un programa, sin sembrar en los alumnos un espíritu pleno de convicción democrática.
La segunda parte del siglo veinte encontró a nuestros países con unos elevados niveles de analfabetismo, lo que obligó a realizar campañas intensivas para dominar esta falencia. Se obtuvieron positivos resultados, sostenidos durante años.
Allí faltó, en paralelo, sembrar la libertad y la democracia como valores internos, para que al comprender el concepto de justicia social, éste se asimilara con la carga de responsabilidad y compromiso que supone para cada persona, de manera permanente.
La misión humana relevante del educador para ampliar horizontes y el papel activo del educando fueron relegados por el peso de una relación que temprano pasó a ser conducida por agentes del sindicalismo - influidos por el ánimo anti patronal - y no por pensadores sociales o planificadores educativos, dentro de un gran plan de país ubicado como el objetivo nacional.
Por ello la formación no conllevó la inserción del educando en su ambiente comunitario, local, municipal, estadal o nacional, procurando su madurez ciudadana y enrolándolo en acciones participativas que le hicieran asimilar los criterios democráticos.
Aunque se llegó a plantear como objetivo del sistema moldear conductas, hábitos y comportamientos, el enfoque resultó más informativo que formativo, más de conocimiento que de interiorización, pues la escuela estuvo aislada de la realidad organizativa y del dinamismo social.
No operó a tiempo la interacción Estado, Familia e Instituciones para alcanzar un sistema educativo enfocado hacia la formación de ciudadanos demócratas y democratizados, lo cual - como carencia social - le resta vitalidad al sistema político, especialmente ahora cuando hemos llegado a la sociedad global del conocimiento.
La educación en un país democrático, o que tiene alguno de los elementos de tal condición, debe tener objetivos claros y alcanzables para perfectibilizar el modelo político y para hacer de sus ciudadanos personas convencidas de las bondades de la democracia y de los deberes que les corresponden atender como demócratas.
Medios o servicios de comunicación social
Los medios o servicios de comunicación social constituyen un poderoso instrumento para la prosecución cultural de los ciudadanos, más allá del sistema educativo formal, gracias a que son veloces vehículos de la globalización y de la sociedad mundial del conocimiento, presentes en todas las sociedades.
Su acción permite que el ciudadano esté más informado, más en posesión de los elementos de una realidad cambiante, distinta de un día para otro, lo cual no significa - necesariamente - que esa posesión de información propicie un auge de la participación social y del compromiso político.
En un mundo cambiante, el medio comunicacional facilita la adaptación a los cambios, pero el ciudadano debe estar en posesión de unos niveles de comprensión originados en la escuela, asumidos en su entorno y ejercitados de manera permanente.
Por ejemplo, no se podrá captar con exactitud la trascendencia de los hechos o acontecimientos de la sociedad donde se está inmerso, si en la escuela la enseñanza de los valores y la formación de los criterios han sido pobres o nulas. Temas como familia, ambiente, derechos humanos, participación o salud serán de difícil comprensión si no hay una base establecida en la escuela.
Lo mismo ocurre con la política y la realización de los fines de la sociedad a partir del ejercicio gubernamental, en todos sus niveles. Si la escuela dejó inconsistencias en temas como la paz, no violencia y tolerancia, los medios pueden exacerbar rivalidades y divisiones que son funestas para la integración y cohesión social.
El papel del medio o servicio en política puede plantearse sosteniendo que hoy informan, quedando la orientación sujeta a los criterios de la persona usuaria, pero que no fomentan la cultura política ni estimulan la iniciativa popular.
En el caso del medio televisivo, éste contribuye al conocimiento del hecho, pero amontona inactivas audiencias que van quedando con el gusto de saberlo todo, viéndolo en vivo o diferido, sin que esa circunstancia les motive a intervenir, a participar o a protestar.
Una nueva discusión está por darse entre medios y políticos, ante la evidencia cierta del colapso de la institución partidista y ante la realidad de que aquellas masas partidizadas del pasado ahora son espectadores prendados al televisor o al transistor y conectados a Internet, que gustan saberlo todo sin actuar en la escena social, aún en la más cercana a su lugar de residencia o de trabajo.
Y no es que haya sido un propósito del medio ante el partido y ante la política. Son los ciudadanos los que han emigrado del partido hacia el medio, en un grado tal que a muy pocos se les ocurre hoy mostrarse como militantes de algún grupo político, lo cual en el pasado era una credencial de honor. Las lealtades que se conservan tienen un alto costo económico que solo pueden soportar agrupaciones en ejercicio del poder.
No obstante, los medios no han podido impulsar un proyecto político propio, aunque lo han intentado varias veces en América. El ciudadano, en una elección, busca su identificación en personajes que le sean cercanos, iguales o parecidos, escucha el mensaje y decide en función de su interés, usando - en lo posible - el material o insumos que le aporta el medio y dejando de lado cualquier insinuación sospechosa de ser parcializada.
La elección supone la presencia del candidato en los medios, pero eso no es todo. Hay numerosos elementos que inciden. Veamos algunos.
· El activismo o acción del activista, con el consabido contacto directo o motivador, sigue vigente;
· el saludo, diálogo y visita personal del candidato suma afectos y votos;
· los pactos o acuerdos con gremios y sindicatos aseguran adhesiones;
· los líderes locales o comunales aportan electores;
· las hojitas con mensajes no han pasado de moda;
· las llamadas por teléfono aún sirven.
· Y como asunto colateral hay que disponer de la capacitación a electores, funcionarios y testigos, su transportación y alimentación, y la defensa de los votos.
Conviene dejar sentado que un renovado papel de los medios o servicios permitirá sacar del marasmo al partidismo y a la política, como hechos sociales reconocidos y acreditados, mediante una promoción de los valores democráticos, la proyección de los nuevos liderazgos y la elevación de los niveles de discusión y debate.
Un nuevo concepto del partidismo, más en consonancia con nuevos tiempos y tendencias, también puede ayudar a que los medios o servicios aprecien con mayor interés el quehacer u oficio político, organizado sobre la idea del viejo modelo pero con inspiración de modernidad y asumiendo como válida la presencia de numerosos nuevos interlocutores y actores sociales
Los medios o servicios no son los todopoderosos de la vida pública, tampoco lo son los partidos, pero ambos conservan elementos que influyen en la política y ese es un hecho inocultable que convoca a un replanteamiento del papel de cada uno.
Todos los ciudadanos, incluidos los menores de edad en determinados casos, pueden y deben intervenir en actividades políticas de elección de autoridades o representantes, a asistir a reuniones y eventos de discusión (asambleas comunales y vecinales o cabildos abiertos, por ejemplo), a pertenecer a grupos y movimientos, a realizar actividad vecinal o comunitaria, a emitir por escrito y verbalmente reclamos, quejas y protestas, a proponer soluciones a sus problemas, a ser postulados para cargos, posiciones y comisiones, a contribuir en la formación de criterios comunes, entre otras opciones.
El gran objetivo de la participación es darle viabilidad y vitalidad al sistema político democrático, mediante la operatividad del co-gobierno en todas las instancias y niveles, en procura de un mayor control de los gobernados sobre los gobernantes o mandatarios y de una concertada ejecución de decisiones tomadas por consenso o mayoría.
La participación es el instrumento para hacer de la democracia, en la realidad del hecho diario y no solo en teoría escrita, el mejor sistema de autogobierno y una forma de vida plena y total, asumida por todos. Siendo así, si se llega a concretar, entonces, se hace fácil la tarea u oficio de gobierno.
Participar no es responsabilidad exclusiva de los dirigentes. Siempre es bueno que estos existan. Es una obligación colectiva que con el correr del tiempo diluirá el papel dirigencial tal como hoy se conoce, que no es otra cosa que un papel de dominio, poder, prestigio y privilegios, en lugar de constituir un servicio social.
Cada sector humano específico asume un rol participativo. Lo hace, hoy, en la defensa de sus intereses, concretos y determinados, pero cuando la sociedad alcance un nivel superior o el estado de madurez y plenitud democrática, lo hará en función de las conveniencias nacionales o colectivas.
Una democracia consolidada debe conservar los sectores o grupos, pero éstos - en vista del avance conceptual y práctico del sistema - dejan atrás el criterio que les ha llevado a asumir el rol participativo como una lucha o defensa de lo que han alcanzado o les pertenece, legal, material e institucionalmente, para desenvolverse socialmente mediante normas estables, acuerdos, aportes y contribuciones que busquen elevar la calidad de vida de todos, y no solo de aquellos que más fuerza o influencia puedan tener.
Se trata de un nuevo estado de conciencia, gracias a la evolución personal del individuo y al avance de las instituciones integradoras, lo cual equivale a un adelanto del todo social basado en la confianza mutua y en el compromiso global.
El perfeccionamiento de la sociedad es el resultado de sucesivas acciones pequeñas y rutinarias en muchos casos, pero también de hechos que reciben notoriedad o que son acontecimientos. Los primeros pasan desapercibidos sin que por ello sean de poco interés.
Una gran variedad de personas interviene en esos hechos, tanto en unos como en otros, porque no se trata de una participación restringida a lo estrictamente político o dirigencial, apuntando hacia un liderazgo, no. Se trata de actuar en cada campo personal para cumplir esas tareas o realizar acciones que nos lucen sencillas, pero que impulsan - como globalidad humana - la estabilidad social y el cambio.
Un estudiante ayuda al colectivo social cuando aprovecha sus horas de clase para formarse, cuando respeta pero a la vez exige mayor nivel a sus profesores, cuando es honesto en sus exámenes, cuando cuida y mantiene su entorno educativo, cuando interviene en el club ecológico, cultural o deportivo, o en el centro de estudiantes.
Si analizamos el gasto hecho por el Estado en la planta física de las escuelas al comenzar cada año educativo, a causa del uso irresponsable de propios y extraños, encontramos que un buen porcentaje de ese dinero podría orientarse a otras metas humanas como la dotación de bibliotecas, laboratorios, equipos, investigaciones y becas estudiantiles. Es, entonces, importante participar en la custodia y mantenimiento de las instalaciones educacionales.
Este es un buen ejemplo, pero podemos ver muchos otros. Para abreviar cito algunos. Participa, ejerce responsablemente su rol y fortalece la sociedad:
El comerciante que recauda y paga sus impuestos, no especula y no adultera la calidad y peso de los productos.
El industrial que cumple las normas técnicas, de higiene, de protección de la vida humana, de control de calidad y que no crea artificiosa escasez.
El banquero que no abusa, especula y se enriquece con el dinero ajeno.
El constructor que evita la corrupción personal y de los funcionarios que lo contratan o asignan obras.
El periodista que informa la verdad, evita la manipulación y no recibe sobornos.
El abogado que se apega a la honestidad, respeta a los jueces y procura la auténtica justicia.
El médico que no permite truculencias por dinero, cobro exagerado de honorarios, diagnóstico de falsas enfermedades, indicación de estudios y medicinas innecesarias y otras corruptelas.
El empleado que atiende con bondad al público, cumple su horario y facilita la solución de problemas, en lugar de complicarlos.
El ciudadano común que cancela sus impuestos municipales y nacionales sin acudir a la evasión.
Se puede seguir buscando ejemplos, de padres y madres de familia, jueces, ministros, parlamentarios, fiscales públicos, defensores públicos, contralores, artistas, escritores, gobernantes, entre otros.
Lo concreto es que la participación no se reduce a una actuación directamente vinculada a la política tradicional, sino que se trata de un accionar común desde cualquier posición, porque consolidar el sistema democrático es una responsabilidad global y permanente, y no exclusiva de políticos de partidos.
Juega un papel importante la organización, sectorización, institucionalización, de la sociedad, porque el agrupamiento genera identidad, facilita la inserción, establece obligaciones consentidas y convoca grupalmente a la responsabilidad.
Si un conglomerado humano está organizado a plenitud, cada uno de sus integrantes conoce el rol que le corresponde, se apoya en la solidaridad del grupo y toma las tareas con el compromiso generado por la identidad, a su vez propiciada por la unión o agrupación de sus pares o iguales.
La organización no resulta absoluta, total, pero debe contener el mayor número de grupos posible, para acreditarse la representatividad y con ello la autoridad necesaria (respetabilidad y credibilidad) para el desempeño de las funciones en nombre del colectivo.
Participar se conjuga de mejor manera dentro de una estructura organizada, porque en ella hay una clara identificación de intereses y roles, y lo que se haga en grupo obliga a todos los integrantes, los cuales - al integrarse - saben que hay otros sectores o individuos con los cuales se comparte o se interrelacionan para hacer de la vida social un respetuoso y pacífico equilibrio que preserve la autonomía y la solidaridad.
Una comunidad, un municipio, estado / provincia o país organizado en sus infinitas posibilidades, presiona sobre los estamentos públicos - los poderes o ramas del poder público - para que cambien o se transformen las estructuras oficiales o institucionales, con el objeto de que la participación, libre y responsable, adquiera la etiqueta de eficaz.
La participación eficaz es lo que le da sentido y validez a la democracia como forma de vida, ya que su ausencia ha permitido el exagerado presidencialismo, la omnipotencia de los mandatarios, el modelo centralizado de toma de decisiones y la ejecución de éstas, y un progresivo descreimiento en la posibilidad que tenemos de vivir y compartir en una sociedad cuyos fines nos unen a todos. Es decir, en una democracia legítima.
CAPITULO III
La mayor tragedia de la democracia está signada por el hecho de que su realización, como proyecto social nunca acabado y siempre perfectible, ha estado en manos de hombres y mujeres no poseídos plenamente de convicciones democráticas, ni portadores de acrisoladas virtudes ciudadanas y, por otra parte, ajenos a una adecuada formación político - gerencial.
Se trata de un verdadero drama, porque los ejecutantes de la democracia son todos los ciudadanos, en diferentes grados de responsabilidad. Sin embargo, la realidad es que un sector ubicado en la cima ha acaparado el ejercicio democrático y ha dejado para las inmensas mayorías solo el acto de la votación electoral, al no haberse dispuesto la descentralización de las competencias y la transferencia del poder a instancias más cercanas al individuo.
Muchísimos de los hombres y mujeres del liderazgo han demostrado que no poseen una idea clara de qué es el modelo de gobierno democrático, su por qué y su cómo, en razón de lo cual con demasiada dificultad podrá darse la implantación, desarrollo y consolidación.
En las sociedades en vías de desarrollo debemos atribuir el gran peso de esta responsabilidad a lo que se conoce como la dirigencia, ya que el subdesarrollo hace pensar que la conducción de la sociedad corresponde solo a un grupo o sector, al liderazgo conocido o al funcionariado administrativo. Y esa creencia es reforzada por los dirigentes, al asumir la promoción de sus nombres para cargos en medio de ofertas que los ubican como personas de mucho poder y gran capacidad de decisión.
No otra cosa se demuestra periódicamente en las elecciones presidenciales, en las que resulta tan personalista la campaña que hace suponer a los electores que con el ganador se asegura la conducción exitosa de la sociedad por una sola persona.
Las campañas suelen ser los torneos publicitarios - más que políticos - en los cuales el derroche de dinero no guarda equilibrio alguno ni se soporta en la razón, cuestión a que se adiciona el origen perverso de esos fondos: los poderes irregulares. Uno de ellos, siempre solapado, el de la corrupción administrativa.
Reside en los hombres y mujeres del liderazgo una debilidad intrínseca del sistema, pero al lado de ella también está un cuerpo social de bajo nivel cultural, lo que termina por crear un círculo vicioso. Una masa inculta genera una conducción desatinada. Y esa conducción no estimula los cambios culturales pro democracia de la ciudadanía.
Todo lo anterior nos hace pensar en la necesidad de lograr un nuevo liderazgo social, a todos los niveles, para revertir las tendencias nocivas del pasado y para poder entrar en la fase de cambio de las estructuras mentales de las mayorías poblacionales. Esas estructuras (ideas, criterios y tendencias) han sido provocadas por comportamientos y actitudes, durante años, de personas que carecieron de firmes principios y valores democráticos.
El nuevo liderazgo debe asumir la democracia como un medio para la realización plena de las personas, a partir de la familia y hasta la comunidad nacional o universal, fortaleciendo la libertad, fraternidad e igualdad como elementos que aseguran la cohesión comunitaria.
Si no se entiende y asume esta premisa, con una convicción íntima y con un propósito sincero de realización, el liderazgo carece de credibilidad, arraigo y arrastre, propiciando por tanto la reedición de los errores del pasado y la parálisis del proceso de búsqueda de la democracia deseada.
Entender y asumir implica una obligación previa. Un dirigente o líder debe aceptar la primacía de los valores de carácter fundamental: el bien, la verdad, la justicia, la solidaridad y el respeto y defensa de la vida, al lado de los valores democráticos universales: la pluralidad, la tolerancia, la alternabilidad y la transparencia (administrativa y electoral).
Las exigencias que dan sentido a un liderazgo siempre han existido. No se trata de una novedad y, justamente, por no haber sido atendidas es por lo que no hemos alcanzado la democracia en plenitud.
Y no haberla alcanzado es un mal precedente porque la demora propicia caricaturas y falsificaciones que, a su vez, facilitan experimentos dañinos como el personalismo, el populismo y la dictadura, cuyos resultados sociales y económicos todavía se aprecian en nuestros países americanos.
En consecuencia, la realidad actual obliga a la aparición de un nuevo liderazgo que sea capaz de reanimar las masas con prácticas moralmente admisibles, que asuma los retos o metas con afán de eficiencia, que estructure los sectores de la sociedad hoy invertebrados, que descentralice la toma de decisiones hasta niveles de vecindario y que acabe con la perversa costumbre de hacer de la democracia una conspiración de todos contra todos.
En el centro de ese programa, del que solo he trazado un esbozo, está un modelo educativo formal y no formal que impulse el colectivo social a un nuevo estado mental, una nueva conciencia, para asumir directamente los cambios que justifiquen y den legitimidad al sistema democrático.
Un nuevo liderazgo es posible, pero no es admisible que sea una copia del pasado con sus prácticas, vicios y corruptelas, sino que constituya el fruto de convicciones y decisiones de quienes no han intervenido en la política tradicional. Ellos harán la nueva política con partidos o sin ellos, imponiendo el valor de la ciudadanía por encima de la militancia y proclamando la ética social como valor impostergable.
Educación para vivir en democracia
La debilidad en la posesión personal y el uso o práctica constante de los valores inherentes a la democracia, por parte de los ciudadanos, solo se puede enfrentar - por tratarse de un problema social - a través de programas educativos permanentes, de vasto alcance, y de cambios en las instituciones públicas y privadas que constituyen el entramado social, a las cuales acuden los habitantes de un conglomerado de manera permanente.
Esos programas educativos están condicionados o sujetos a los grandes objetivos que se han trazado para el país, nación o república, en la delineación dogmática de su Constitución, Carta o Estatuto, que en el caso venezolano se llama Preámbulo.
Al leer esta parte, sobresalen o se infieren los grandes problemas que debe solucionar una sociedad concreta en la búsqueda o consecución de unos determinados estados del desarrollo humano, de felicidad de sus habitantes, para lo cual se requiere un esfuerzo colectivo o corresponsabilidad.
El análisis teórico - práctico del "dogma social" previsto en la Constitución es lo que permite determinar las áreas de estudio, las materias de investigación, el enfoque del programa educativo y, sobre todo, las metas que se quieren alcanzar.
Si no se plantean metas concretas, no podemos diseñar con acierto un modelo educativo destinado a un específico objetivo social, porque es a partir de una planeación del todo social como se pueden definir los distintos roles de: individuo, familia, vecindario o comunidad, escuela, empresa, economía, sociedad, municipio, entidad federal o territorial, Estado, etc.
Resulta indispensable que alrededor de la tesis constitucional exista el más amplio consenso, obtenido por la participación, diálogos, debates, conversaciones, consultas, etc., previos, como elementos integradores de voluntades y como generadores de compromiso para una acción coherente del todo social.
El "credo constitucional" suele contener expresiones que apuntan a determinar el tipo de ciudadano que se quiere formar mediante el despliegue del programa que representa la Constitución, para cuya completo desarrollo hay otras precisiones, pautas o líneas de acción en las diferentes materias de interés general. Todas, en conjunto, representan el proyecto de país y su relación con el entorno universal.
Igualmente hay enunciados sobre el tipo de institución que educa (pública, privada, concentrada, descentralizada, autónoma, etc.), sobre la igualdad de oportunidades, libre acceso y gratuidad, sobre el financiamiento, sobre el recurso humano docente (perfil y formación) y sobre los criterios democráticos y participativos de la enseñanza y del aprendizaje.
Con una base como la anterior, constitucional y consentida por todos, se abre el debate y comienza el trabajo de planear contenidos educativos basados en los valores democráticos aceptados universalmente y en las características del entorno humano - social, tomando en cuenta que cada lugar o comunidad posee una especificidad que reta a la innovación y a la creatividad.
Libertad, igualdad, paz, ecología, tolerancia, pluriculturalidad, estado de derecho y de justicia, al lado del análisis crítico de la realidad humana (pobreza, exclusión, violencia, autoritarismo, poderes irregulares, corrupción del funcionario y de la persona, etc.), son asuntos que bajo el paraguas de los derechos humanos constituyen prioridad en un programa educativo
Y esto es así porque la democracia no es un hecho natural o consustancial, sino una creación humana y como tal, después de veinticinco siglos de su génesis en Grecia, requiere enseñarse y ejercitarse para hacerla realidad y no mantenerla como una mera teoría.
Por supuesto, no se excluye el estudio de teoría del Estado, el poder y la autoridad, los fines de la sociedad, los bienes públicos, constitución y leyes, la sociedad internacional y la integración, funcionamiento de las ramas del poder público, el tesoro nacional, la seguridad y la defensa, y otros aspectos de interés general.
Observando este breve catálogo, no podemos dejar de pensar que la desidia, apatía y desinterés por lo político y electoral se soporta - en mucho - en el desconocimiento de relevantes aspectos de la vida en sociedad, necesarios para la sana convivencia y el progreso general, que no han sido enseñados ni ejercitados.
Conviene aclarar que una propuesta educativa para enseñar a vivir en democracia, aparte de permanente y de largo plazo - o sea permanente de verdad - implica integración, coordinación y acuerdo entre el sector que administra la nación (gobierno o poder ejecutivo) por tener a su cargo la enseñanza, y los órganos electorales (Poder Electoral en Venezuela), el Parlamento (casa de la ley y garante de la soberanía popular), los actores políticos y la sociedad no partidizada o civil.
Este acuerdo o consenso institucional dará sentido a los programas educativos, facilitará el financiamiento y hará que el gasto constituya una inversión social orientada, en definitiva, a generar la indispensable estabilidad democrática que requiere un país para su avance en todos los campos.
Estabilidad, propiciada por un nivel cultural pro- democracia y una organización social eficiente, es el mejor incentivo para una participación mayoritaria. Esa dinámica participativa podría hacer que se recupere el accionar de los partidos políticos como instituciones democráticas, lo que - en plenitud - no fueron en el pasado y no lo son ahora.
Precisamente, han sido los partidos el centro de los mayores reclamos por el incremento de la desconfianza ciudadana en la política (que se asimila con democracia), porque estos pretendieron suplantar la democracia de ciudadanos y sustituir al Estado para ejercitar el poder y conducir la sociedad desde un reducido círculo conformado por dirigentes.
El sistema educativo o modelo para vivir en democracia no puede contener como objetivo que los partidos de vieja data regresen a la escena principal, porque el éxito educacional hará que los ciudadanos opten por otros modelos asociativos o, en todo caso, por novedosas instancias que ellos mismos podrán crear gracias al estudio y a la experimentación social.
Hay otros asuntos que conviene tratar. Uno de ellos es el análisis, aunque parcial, de lo que tenemos como programas educativos. La enseñanza de la historia es inadecuada, pues se hace en base a héroes solitarios, sin pueblo, a cuya actuación valerosa y hasta temeraria debemos "la libertad e independencia". No hay otra cosa semejante que promueva el personalismo y el caudillismo, tan contrarios a democracia y participación.
Igualmente destaca la falta de: sensibilidad de padres y representantes, promoción de actitudes y destrezas, participación y democracia en el aula, normas e iniciativas de los propios educandos para su autoformación y, en fin, un estilo agradable y entusiasta - nunca aburrido- de la enseñanza.
Superados los escollos anteriores, o al menos vistos para no repetirlos como vicios, el plan debe orientarse a transmitir el concepto de democracia no como adquisición intelectual o mero conocimiento, sino como un raciocinio que tiene aplicación práctica en la vida, que se ejercita, se practica, se observa, y que ofrece buenos resultados en el lugar concreto donde discurre la vida del educando.
Así podemos crear interés y motivación por la democracia y sus instituciones, ya que la lección se corrobora en el diario hacer, se contrasta positivamente. Lo cotidiano y el aula - u otro espacio educativo - no son polos opuestos y contradictorios, sino afortunadas coincidencias que reafirman conceptos y fortalecen criterios de vida.
La evolución de la sociedad necesariamente es lenta, pero desplegando el programa educativo pro democracia el avance se torna firme y sostenido hasta alcanzar una auténtica y verdadera convivencia democrática, en la que los factores fundamentales, los ciudadanos, actúan con pleno conocimiento (saben que la democracia no es solo un modo de gobierno sino un estilo de vida) por estar en posesión y vivencia de hábitos y virtudes que impulsan el cambio social.
La infancia es el primer grupo de atención en un sistema educativo. Educar a los niños para vivir en democracia es una esperanzadora responsabilidad. Su inclusión en el modelo nuevo implica dejar atrás los esquemas del regaño y el caramelo, o juguete, para lograr que en la primera edad se comience a tener un pequeño grado o nivel de convicción, responsabilidad, solidaridad y satisfacción sin egoísmo.
Adolescencia y juventud deben encontrar respuestas a sus dudas y desconciertos, propios de la edad, mediante el logro de un arraigado sentido de lo social- trascendente, una conciencia crítica, mejor capacidad de discernimiento y compromiso con los valores de la persona y de la sociedad.
Los jóvenes de hoy están necesitados de vías y caminos para ingresar a instituciones, organismos y grupos que modelen liderazgos y que permitan canalizar energías hacia soluciones sociales o estudiantiles, en el marco de un sistema legal o sublegal (reglamentario, normativo o estatutario) que se debe asimilar o aprender como práctica y experiencia de participación.
Estando en posesión de acendrados criterios sobre bien público, solidaridad, ciudadanía, participación, pertenencia a la comunidad y no violencia, el educando llega a la edad mayor en capacidad de intervenir (como votante o candidato) en todos los procesos electorales, sectoriales, locales, regionales o nacionales.
Lo hará con un sentido crítico, con una acertada percepción de la realidad, ajeno al simplismo, sin dejarse llevar por la demagogia y la mala calidad de los candidatos, buscando - además- lo que a su mejor formado juicio es el beneficio para la sociedad o la más alta conveniencia nacional.
En cuanto a las instituciones, con las cuales se relaciona el ciudadano, debe considerarse que su adecuación para una nueva etapa histórica es necesidad inocultable y requisito imprescindible para subsistir. Los cambios servirán para un refrescamiento, una evolución hacia la participación directa y eficiente, acceso a la discusión popular de las leyes, normas, ordenanzas y decretos, el inicio del control comunitario de las obras e inversiones, la iniciativa popular, la descentralización del poder y la consulta permanente.
Solo así se hará realidad la democracia y la autodeterminación colectiva, y se dejará atrás la caricatura o imitación inauténtica en que se ha convertido nuestro modo de gobierno y vida.
La democracia restringida a lo electoral o la ficción de sistema democrático no es una casualidad, sino consecuencia de hechos y situaciones que durante años no han permitido desarrollar culturalmente a la ciudadanía para alcanzar una nueva actitud ante la vida y la sociedad.
De ese bajo nivel de cultura política proviene la pasividad, el conformismo y la indiferencia, detrás de las cuales se ha instalado el individualismo. Este último es el gran enemigo para la auténtica formación de la voluntad colectiva sobre bases de corresponsabilidad.
Integrar la sociedad mediante la organización de base es la mejor respuesta al creciente individualismo, respuesta con ribetes de pedagogía que es también un antídoto contra la deshumanización y contra el ejercicio omnímodo del poder por una sola persona.
El paso de una forma muy rudimentaria de democracia a un nuevo modelo, efectivo y eficaz, implica asumir un compromiso democrático individual y colectivamente, a largo plazo y sin que exista mediatización.
Ese compromiso no es una declaración de principios o un manifiesto, al modo de las proclamas a que estamos acostumbrados, sino una convicción generada por la educación formal e informal. Fruto de esa formación es un estado mental que impulsa la acción hacia metas sociales previamente concertadas y deseadas a plenitud.
El nuevo ciudadano, salido del proceso educativo, es una persona en posesión de herramientas culturales para impulsar el cambio social, dentro de una red organizada y con bien identificados fines colectivos, en la cual los partidos pueden ser una modalidad o medio, entre otras opciones impuestas por las realidades vigentes.
Ya no se tratará de intervenir ofreciendo opiniones para la orientación de la política comunal, local, municipal, estadal o nacional, para que otros tomen las decisiones y ejecuten las medidas u obras, no, sino que el ciudadano asumirá un rol protagónico y la ejecución directa, en medio de una vivencia de participación consciente, libre y responsable.
Esa participación no consiste en la asistencia del hombre o la mujer a una asamblea o reunión, donde se les participa en medio de una simulada consulta. Es el encuentro solidario con el otro, con el vecino, con el par o igual, asumiendo compromisos y responsabilidades concertados en comunidad, en uso y despliegue de criterios asimilados y articulados para la acción personal y colectiva.
Compromiso y responsabilidad que se incrementarán por la vía de la comprensión de que el esfuerzo solidario es un aporte humano y material que no se puede perder por la improvisación o el desorden, puesto que el plan participativo y comunitario se entrelaza con muchos otros de todas las instancias territoriales del país.
El avance cultural impulsará pequeños proyectos comunitarios, gerenciados y controlados por los ciudadanos del vecindario, dando lugar a una ejercitación real de los conocimientos teóricos, pero eso no solo será para un fin concreto sino que propiciará la escuela de las nuevas generaciones de dirigentes políticos más consustanciados y embebidos en la idea del compromiso democrático.
Si el vecindario ejecuta un proyecto con aporte solidario de mano de obra, supervisión y control, equipos, vigilancia, mantenimiento, etc., la inversión será asumida como una propiedad vecinal, especialmente en la necesidad del mantenimiento, dejando atrás el viejo paternalismo sin contraparte en el ciudadano, aquel espectador de tantas obras que se hicieron, en el pasado, para cumplir con la cuota de un patrocinante electoral.
Así como la pequeña comunidad, educada en los fines sociales y políticos, asume el reto, lo mismo diremos de la Parroquia, el Municipio o Distrito, el Estado, Departamento o Provincia y el País en cuanto a grandes inversiones económicas y los macro proyectos.
El compromiso democrático es el elemento espiritual (nutriente, renovador e impulsor) que no ha estado en la mente y en la vida del ciudadano de América Latina, para hacer que se sienta el discurrir de la sociedad como un asunto que nos incumbe a todos y que la administración pública no es un cuerpo de funcionarios pagados para reemplazarnos en nuestras responsabilidades y hasta en nuestro modo de pensar.
En una sociedad democrática es inadmisible - además - que el burócrata considere un privilegio el hecho de poseer un cargo, posición de servicio que transforma en beneficio personal y expresión de superioridad ante los demás ciudadanos.
Esta y otras, aún presentes, son desviaciones corregibles dentro de la perfectibilidad del ser humano y del sistema democrático, y eso es, justamente, uno de los grandes objetivos de la educación para vivir en democracia.
FINAL
Las sociedades latinoamericanas han vivido períodos de elevada inestabilidad política y luego han podido recuperar el normal funcionamiento de la sociedad, sin que por ello se pueda afirmar que hay una consolidación del sistema político.
Los momentos de baja tensión no son definitivos, porque la gerencia pública tradicional deja insatisfacción - dada las situaciones sociales irreversibles en corto plazo - y porque en el caso de los perdedores electorales queda en ellos un ánimo que dispone las mentes para lanzar ataques o formular denuncias en procura de nuevos escándalos y buscando, siempre, la inestabilidad.
Históricamente, un sector político busca conmover al otro para restarle vigor electoral y esa actitud o estrategia ha permitido la renovación o alternabilidad en los mandos ejecutivos y parlamentarios, especialmente cuando se logra desprestigiar a los mandatarios aunque ello se haga con truculencias y mentiras.
Conviene dejar en claro que la estabilidad alcanzada, que puede ser breve o prolongada, ha tenido como telón de fondo - no siempre considerado - una baja cultura política, inexistencia de educación para vivir en democracia y mayoritarios sectores humanos viviendo en pobreza.
Entonces, no estamos hablando de una auténtica estabilidad, sino de una aparente quietud de las masas en medio de un accionar político no transparente y de baja calidad, en el que los niveles culturales no concuerdan con las exigencias nacionales de una acertada gerencia del desarrollo humano.
En ese sentido es necesario sostener que la complejización de todas las sociedades, en medio de una avasallante globalización, impide mantener vigentes los criterios de coordinación e integración social vigentes en las décadas anteriores, de acuerdo con los cuales un poder ejecutivo centralizaba todas las decisiones importantes y ahogaba con su peso político - electoral a parlamentarios y jueces.
Los ajustes descentralizadores hacia Estados (Departamentos y Provincias) y de allí a municipios, parroquias y comunas, incorporan más ciudadanos al ejercicio del poder ejecutivo, y ese hecho descarga de peso al gobierno central y posibilita la toma de decisiones locales, en los mismos lugares en que se debe ejecutar, sin los patrones o modelos nacionales que uniforman las soluciones.
El auge descentralizador ha venido a ser un adecuado remedio para el cansancio e ineficacia del presidencialismo, pero no alcanza a tener el mismo efecto curativo frente al agotamiento del papel del Estado, de los partidos políticos y de los parlamentos.
Por ello se impone abordar con objetividad un debate en torno al nuevo rol del Estado, de los partidos y del parlamento, como la base para buscar nuevos elementos que ayuden a la estabilidad democrática, tomando en cuenta que el modelo de gobierno y funcionamiento social de la democracia puede asumir formas nuevas, inéditas y desconocidas.
De esas formas nuevas, una de ellas es la organización de la sociedad sobre la base de esquemas vecinales o comunitarios dotados de potestad legal (sustrato legal y competencia normativa) y recursos presupuestarios, en procura de una expansión (numérica y descentralizada) de un poder ejecutivo probadamente ineficiente.
La idea democrática, así entendida, será el eje conductor de la enseñanza escolar para aprender a vivir en democracia, como lo he venido sosteniendo, y en su desarrollo programático deben destacar los nuevos roles de Estado, partidos y parlamentos.
En síntesis, una estabilidad a medias o estabilidad basada en ignorancia y desarticulación social, tiene que ceder el espacio a una estabilidad soportada por un elevado nivel de cultura democrática, una organización hacia abajo que expanda el gobierno (siendo éste ya un nuevo rol del Estado), partidos inmersos en la nueva realidad social y parlamentos igualmente descentralizados, útiles y menos costosos.
Superar la ignorancia política permitirá que los ciudadanos comprendan las situaciones y restricciones del quehacer público, y que puedan evaluar con certeza la acción de sus gobernantes y representantes.
A partir de una ciudadanía culta y exigente, en los usos y fines democráticos, será más fácil la concreción de los consensos permanentes en todas las materias y el logro del compromiso personal de activar, o vivir, procurando el bien global de la sociedad.
NILSON GUERRA ZAMBRANO
TITULO
Programa de Formación de Periodistas en Asuntos Electorales
INDICE
1.- Diagnóstico de la situación
2.- Problemas críticos
3.- Descripción del programa
4.- Justificación
5.- Marco institucional
6.- Marco teórico
7.- Objetivos
8.- Personas destinatarias
9.- Localización física y ámbito territorial
10.- Actividades y tareas / Acciones
11.- Metodología
12.- Cronograma tipo / Calendario de trabajo
13.- Administrador del proyecto
14.- Recursos necesarios
15.- Presupuesto
16.- Evaluación
17.- Factores externos
18.- Bibliografía
1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
La sociedad venezolana ha devenido de una altísima participación electoral en los inicios de la etapa democrática (95 % en 1958 - 86% en 1968) hacia una baja concurrencia en los períodos 1973 - 78 y 1983 - 88 (38 y 36 % de abstención), manteniendo las cifras de ausencia siempre cercanas al 40% hasta mostrar números récord en las recientes elecciones del 7 de octubre de 2012 (81 % de votantes).
Los análisis de expertos en ciencia política y voceros del sector partidista, al igual que funcionarios del organismo electoral, apuntan hacia variadas causas, entre las cuales podemos señalar:
1. Al comienzo hubo una ilusión de progreso y desarrollo promovida por los partidos políticos, pero luego las realidades de gestión provocaron desafecto a los partidos y desencanto por la política.
2. El aumento de la población electoral en los años setenta y ochenta no estuvo acompañado de campañas motivacionales del organismo electoral y todo se dejó bajo la responsabilidad de los partidos, que únicamente apuntaban hacia la consecución de votos, para ganar elecciones (aunque decrecieran) sin tener metas de crecimiento.
3. La dirigencia partidista no estuvo a la altura del compromiso de sembrar la auténtica democracia en la conciencia ciudadana y con el desarrollo cultural de la sociedad esos dirigentes perdieron influencia y credibilidad.
4. El analfabetismo influye en la abstención.
5. La polarización extrema provoca una votación masiva.
La actualidad nacional muestra una robustez en la participación, pero sigue siendo alta la abstención (19 %) en consideración a los primeros años de la etapa democrática y no se ha cuantificado la brecha de los no inscritos en el Registro Electoral Permanente, que podría ser -cálculos no oficiales- de un millón ochocientas mil personas. La población del país es de 29 millones de personas (donde se incluyen menores de edad) y el padrón electoral tiene 18 millones.
La abstención real podría estar en el orden del 30%.
Con cada elección nacional presidencial el país se envuelve en una fastuosa campaña promocional, publicitaria y propagandística que invade los sectores sociales y que llega cubrir todos espacios públicos del territorio, al mismo tiempo que hay avisos, cuñas o mensajes en la totalidad de medios de comunicación.
En el mismo orden de presencia y penetración, en todos los medios hay información política que no alcanza niveles de especialización, sino que se mantiene en la superficialidad, enfocada hacia el show y no hacia el logro de una cabal comprensión y acrecentamiento de la cultura política.
Esto ocurre porque los medios no tienen un enfoque institucional - democrático en la orientación y búsqueda de una madurez cultural de la población, sino que procuran ventas y sintonía para maximizar las ganancias, desconociendo que se puede alcanzar una mejor sociedad.
Los periodistas son un factor relevante a la hora de asumir procesos de mejoramiento de la sociedad a través de los mecanismos de la educación informal, de tanta importancia si consideramos que lo formal debe ser complementado.
2.- PROBLEMAS CRITICOS
· Alta abstención electoral, pese a ser inferior a otros países.
· Abstención recurrente o rechazo a la inscripción en el padrón.
· Poca presencia del organismo electoral, en la sociedad, fuera de los períodos electorales.
· Superficialidad en la información electoral, tanto periodística como institucional.
· No existen programas de radio y TV especializados en el tema electoral.
· No hay debates entre periodistas sobre la materia electoral.
· No hay páginas especializadas, permanentes, en los medios impresos o digitales sobre el tema electoral.
· No se enseña formación electoral en las Escuelas de Comunicación Social.
· Se carece de Especialización, Maestría y Doctorado en asuntos electorales.
3.- DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Mejorar académicamente los periodistas venezolanos de medios impresos, ocupados de / o asignados a la fuente política, en la especialización eleccionaria, permitirá alcanzar una mayor incidencia, de sus trabajos, informes, reportajes, noticias, opiniones e investigaciones, en la participación de los ciudadanos en los eventos electorales.
El logro una alta capacitación es la clave para que el desempeño laboral, vertido en la producción de materiales periodísticos, sea siempre una expresión de la importancia de la actividad electoral en la sociedad venezolana, mostrando el lado positivo de la vinculación ciudadana a los procesos eleccionarios como vía civilizada para alcanzar los consensos indispensables para la paz, el orden y el progreso.
Es conveniente que los periodistas que se ocupan de la fuente política, en diarios de todo el país, avancen de manera sistemática hacia una especialización electoral, con vinculación del Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y de las Escuelas de Comunicación Social.
La población beneficiada directamente supera el centenar de profesionales, en veinticuatro entidades federales o territoriales, en cada una de las cuales funciona una seccional del gremio de los comunicadores sociales, creado mediante ley nacional en 1972.
Al hablar de la centena es en referencia a los periodistas ocupados del tema político y electoral, pero, por supuesto, hay otros que puede ser incorporados a la actividad formativa de este programa, toda vez que siempre hay rotación o cambios de manera constante. El gremio tiene veinte mil afiliados.
Se espera obtener un resultado altamente positivo en la promoción personal y laboral, una elevación de la calidad de desempeño, un mayor compromiso con el sistema democrático y una provechosa influencia en los lectores.
Adicionalmente, mejores periodistas serán siempre más exigentes con los candidatos, a cualquier cargo, a la hora de una entrevista, declaración, reportaje o análisis lo cual incidirá en acrecentar la cultura democrática del colectivo social.
En Venezuela se acostumbra invitar a periodistas de la fuente política para que actúen como analistas en programas de opinión de radio y televisión, con mayor frecuencia que los invitados pertenecientes a la Ciencia Política (Politólogos), lo cual significa que hay mayor credibilidad en los comunicadores.
En ese sentido, el acrecentamiento de la formación profesional de los periodistas servirá para rendir mejores análisis y comentarios en esos programas, a los que suelen ser invitados.
4.- JUSTIFICACION
Este proyecto se justifica plenamente porque busca atender, enfrentar y solucionar uno de los problemas de la sociedad latinoamericana en general y venezolana en particular, como lo es la participación electoral, desde una óptica absolutamente novedosa e inédita, por no tener experiencias similares.
La ausencia de aproximaciones previas, o estudios e investigaciones, que le permitan un soporte de antecedentes o marco referencial le agrega un mayor valor como premisa de cambio en tan relevante aspecto social, como es la afluencia electoral.
A esta baja numérica electoral, a manera de análisis, debemos unir una debilitada capacidad de compromiso por las grandes mayorías a la hora de integrarse en tareas partidistas, socio - ambientales, comunitarias o de co-gobierno.
La ausencia de compromiso no ha sido tema de estudios sociológicos y tampoco ha forzado reportajes de los medios de comunicación, situación que conviene revertir mediante producciones periodísticas elaboradas con clara conciencia de que no solo se trata de asomar una realidad, sino de cambiarla. En ese sentido, la propia Sociología, como disciplina universitaria, podrá aportar claves.
Los periodistas venezolanos de los medios impresos (diarios) conservan una gran influencia en los otros medios (Radio, TV e Internet) debido a que por su carácter de matutinos imponen la agenda noticiosa de cada día y tienen la singularidad de abordar los temas con mayor profundidad.
Siendo así, la incidencia de su mejor formación académica tendrá reflejo en los otros medios, de manera positiva.
Los profesionales de la comunicación social carecen de estudio y comprensión del hecho electoral por no ser una materia prioritaria en la agenda de su formación profesional en las universidades y por la ausencia de pautas o políticas informativas en los medios de comunicación dirigidas a incrementar la participación electoral, la cual se considera un asunto de la incumbencia de los partidos políticos y del órgano electoral, es decir de los entes directamente involucrados.
Los medios impresos, dado su perfil y alta incidencia en la radio y la televisión, al marcar las agendas informativas diarias, podrían mejorar su desempeño para ser auténticos promotores de la cultura democrática.
El trabajo de los medios de comunicación, en su especialidad o fuente política, no ayuda a incrementar la participación, sino que más bien la desestimulan por el poco atractivo que ofrecen los materiales publicados, lo que obliga a candidatos y partidos a invertir en publicidad en esos mismos vehículos comunicacionales.
Tal pareciera que es un círculo vicioso, en el cual los medios no quieren ser mejores en cuanto a calidad informativa para procurar que sus páginas sean el receptáculo publicitario de los partidos, las organizaciones y los candidatos.
En Venezuela, con fundamento constitucional, existe la corresponsabilidad social de todos los sujetos residentes en el territorio nacional, al mismo tiempo que los medios de comunicación, públicos y privados, están señalados como entes que deben contribuir a la formación ciudadana. Ver Título III, capítulo VI, artículo 108.
De esto dimana una responsabilidad pedagógica del medio en su relación con los lectores, unida a la circunstancia de que las nuevas teorías conceptúan a los medios como servicios, entonces obligados a ejercer un periodismo didáctico en función de promover un ciudadano libre, democrático, participativo y protagónico.
5.- MARCO INSTITUCIONAL
El proyecto se ubica dentro de una actividad académica de la Organización de Estados Americanos dirigida a capacitar profesionales, de diferentes países de Europa y América, en la materia de la Formulación de Estrategias para la Participación Electoral, lo cual viene a ser el cumplimiento de uno de los objetivos de su carta de fundación y guarda relación con lo señalado en la Carta Democrática Interamericana.
Desde otro ángulo institucional, la existencia de la República Bolivariana de Venezuela ocurre en medio de un proceso de refundación, plenamente sustentado en las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA, que fija entre sus fines supremos el establecimiento de una sociedad democrática, participativa y protagónica para consolidar los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la convivencia y el imperio de la ley.
Son principios fundamentales el desarrollo de la persona humana, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular y la construcción de una sociedad justa.
Coherente con el texto refundacional fue creado el Poder Electoral, como novedosa rama de la distribución del gobierno nación a la que se la asigna la función de capacitación de los ciudadanos en la materia.
6.- MARCO TEORICO
Las angustiosas situaciones vividas por las dos conflagraciones mundiales, con secuelas de tragedia y dolor, llevaron a la creación (26.06.1945) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como proyecto universal de solidaridad, paz y tolerancia.
Las discusiones condujeron a la aprobación de una Carta Fundacional en la que se asienta el compromiso y obligación, a la vez, de respetar la libre autodeterminación de los pueblos (entiéndase naciones), el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que se plasma en el Artículo Uno.
Tres principios fundamentales, no solo para ser respetados entre los países signatarios sino también a lo interior de cada nación, con lo cual todos los ciudadanos son objeto de protección a los fines de que decidan libremente sus asuntos, que no se les violen los derechos humanos y que todas las libertades fundamentales sean una realidad vigente y permanente.
Antes de cumplirse el tercer aniversario de la ONU, el 30 de Abril de 1948, se creó la Organización de los Estados Americanos, como un organismo regional dentro del órgano mundial, proclamando que su misión histórica es:
".ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones".
Y como para que no queden dudas sobre libertad, desarrollo y aspiraciones, el documento de creación señala claramente:
"La democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región".
El artículo 2 de la carta de la OEA establece como uno de los objetivos:
"Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención".
No se deja duda sobre el acuerdo unánime de que la democracia es el sistema de gobierno continental, lo cual nos lleva directamente a pensar en el modo de ejercerlo, dentro de sus muchas variantes, mediante el ejercicio electoral permanente, asunto que se viene a ratificar, meses más tarde, el diez de diciembre de 1948, al proclamarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El artículo 21 reza:
1.-) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2.-) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Consecuente con lo anterior, se aprobó el 15 de diciembre de 1999 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Promulgada el 29 del mismo mes y año) ".para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural.."
En ella se asientan los valores del Estado, los derechos irrenunciables, los fines y los principios, destacando la autodeterminación, la libertad, los derechos humanos, la democracia y el ejercicio de la voluntad popular, entre otros veintiún enunciados.
En lo atinente a la función eleccionaria, la carta magna crea el Poder Electoral como una rama autónoma dentro de la organización nacional, ampliando su incumbencia a las elecciones de sindicatos y gremios.
De esa manera, los asuntos electorales pasaron a tener una mayor jerarquía institucional, con su órgano ejecutor o director investido de las prerrogativas de un Poder Autónomo.
La misma Constitución, en referencia a los derechos culturales y educativos, señala que los medios de comunicación deben contribuir a la formación ciudadana, dentro de la cual un aspecto esencial es el referido al tema eleccionario.
Quince meses luego de promulgada la nueva carta magna venezolana, el 22 de abril de 2001 los Jefes de Estado y de Gobierno de América, reunidos en Quebec, acordaron una Cláusula Democrática para marginar a cualquier país donde haya alteración del orden institucional, lo que sirvió para que el once de septiembre del mismo año se aprobada en Lima, en un período extraordinario se de sesiones de la OEA la Carta Democrática Interamericana.
Este documento asienta que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, por ser esencial para el desarrollo social, político y económico.
Se precisa que uno de los elementos esenciales es la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal, directo y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.
La Unión Interparlamentaria Mundial, reunida en El Cairo en septiembre de 1997, adoptó la Declaración Universal sobre la Democracia para sostener que se trata de un ideal reconocido y a la vez un objetivo basado en valores comunes compartidos por los pueblos de la comunidad mundial.
El texto ubica a la democracia por encima de las diferencias culturales, políticas, sociales y económicas.
Con anterioridad, en Venezuela se promulgó la nueva Ley de Ejercicio del Periodismo (22.12.1994), en la que se destacan los fines del Colegio Nacional de Periodistas. Veamos solo dos de ellos, los que nos interesan.
Artículo 5.
Numeral 3. Propender al perfeccionamiento profesional y cultural del comunicador social.
Numeral 6. Contribuir al fortalecimiento, ampliación y profundización de la democracia en Venezuela.
La Ley Orgánica del Poder Electoral (19.11. 2002) establece esta rama institucional como garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el sufragio y determina que debe garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales.
7.- OBJETIVOS
General
Lograr una mejor comprensión del hecho electoral como soporte del sistema democrático y ejercicio cívico de la soberanía, por parte de los periodistas venezolanos de los medios impresos, más allá del simplismo, de las incidencias anecdóticas, del interés meramente partidista o de baja relevancia, dotándolos de los elementos y fundamentos necesarios para que su trabajo se vea complementado con una mejor visión sobre la cultura democrática, participativa y solidaria.
Específicos
1. Facilitar un manejo más profesional de la información electoral en los medios de comunicación.
2. Crear conciencia de la importancia de una elección de cualquier tipo y en todos los segmentos territoriales.
3. Despertar interés por la cobertura de las elecciones a todos los niveles para generar una cultura de participación y compromiso.
4. Avanzar hacia la concreción de una especialidad o maestría profesional, dentro de las Universidades, en materia electoral.
5. Incentivar la creación de unidades permanentes de estudio, análisis y proyectos conformadas por periodistas beneficiarios del programa.
8.- PERSONAS DESTINATARIAS
Periodistas profesionales venezolanos o extranjeros residentes, egresados de universidades nacionales o extranjeras con título revalidado, que se desempeñen en la fuente política y que como tales tengan a su cargo la cobertura de las incidencias electorales, de variado tipo.
Debe destacarse que en Venezuela es frecuente la presencia de mujeres en esta fuente informativa, lo que permitirá que se logre una participación equitativa en cuanto al género.
Las elecciones de gobernadores (23) y alcaldes (337) celebradas cada cuatro años, lo que conlleva procesos internos partidistas previos, en diferentes momentos, además de la existencia de Delegaciones del Poder Electoral, Juntas Electorales Estadales y Juntas Electorales Municipales, implican que la información especializada se expanda a lo largo de cada cuatrienio, lo que le da aún más pertinencia al programa.
9.- LOCALIZACION FISICA Y AMBITO TERRITORIAL
El programa se desplegará en todo el territorio nacional, sometido a una división o agrupación de entidades para facilitar la asistencia de los periodistas interesados y / o seleccionados.
Se determinan cuatro ámbitos específicos con las entidades federales señaladas.
1.- Región Central - Sede Caracas
Distrito Capital, Estado Vargas, Estado Carabobo, Estado Aragua, Estado Miranda y Estado Guárico.
2.- Región Oriental - Sede Barcelona
Estado Anzoátegui, Estado Nueva Esparta, Estado Sucre, Estado Monagas, Estado Bolívar, Estado Delta Amacuro y Estado Amazonas.
3.- Región Occidental - Sede Maracaibo
Estado Zulia, Estado Falcón, Estado Táchira, Estado Mérida y Estado Trujillo.
4.- Región Llanos - Sede Barquisimeto
Estado Lara, Estado Barinas, Estado Apure, Estado Cojedes y Estado Yaracuy.
10.- ACTIVIDADES Y TAREAS / ACCIONES
· Utilización de la plataforma informática de las Universidades con Escuelas de Comunicación Social, en cada región. Existen catorce (14) Escuelas.
· Programa de estudios consensuado con DECO - OEA, Colegio de Periodistas, Sindicato de la Prensa y Universidades.
· Encuentros quincenales, fines de semana, con tutores, expertos, invitados especiales como Gobernadores y Alcaldes en funciones, candidatos, fundaciones ocupadas del tema y Organizaciones No Gubernamentales.
· Evaluación continua por módulos y trabajo final.
11.- METODOLOGIA
· Se combinan las modalidades presencial y no presencial, mediante salones virtuales, con predominio porcentual en tiempo de la segunda.
· Dada la experiencia profesional de los periodistas, se exigirá con la solicitud de inscripción la entrega de un esbozo o boceto de un trabajo de investigación.
· El trabajo investigativo podrá ser asumido mediante las técnicas metodológicas cualitativa o cuantitativa.
· Los participantes, una vez definidos, recibirán el programa de estudios, soportado en diez módulos de ejecución quincenal, con evaluaciones constantes.
· Cada módulo tendrá lecturas obligatorias, lecturas referenciales y sugerencias bibliográficas, junto a las recomendaciones específicas de acceso a trabajos en la red mundial Internet.
· Al cierre de cada módulo habrá una actividad obligatoria de carácter presencial, la cual, de ser posible, se podría transmitir mediante el formato de video conferencia.
· Se admiten como visitantes (oyentes) a estudiantes del último año de Comunicación Social, a profesores universitarios y a representantes de organismos electorales, en un número a determinar en base a las posibilidades logísticas.
· Los participantes podrán vincular a una institución oficial o privada con su proyecto de trabajo investigativo, a los fines académicos y logísticos.
12.- CRONOGRAMA TIPO / CALENDARIO DE TRABAJO
Las actividades de planeación comenzarán en Enero de 2013, estimándose que para febrero se podría trabajar sobre el currículo y en marzo se hará el anuncio de ejecución del programa.
A partir de Abril, durante cinco meses, serán las actividades académicas.
1. Quincena 1. Historia y significado de la democracia universal.
Principios y procedimientos.
2. Quincena 2. OEA y Democracia. Carta Democrática
y Declaraciones de Cumbres de Mandatarios.
3. Quincena 3. Fundamentos jurídicos nacionales.
4. Quincena 4. Historia del sistema electoral venezolano.
5. Quincena 5. Importancia social de las elecciones.
Responsabilidad y derechos del ciudadano.
6. Quincena 6. Periodismo y educación cívica unidos por la de
Democracia.
7. Quincena 7. Campañas, medios de comunicación, encuestas y
resultados electorales.
8. Quincena 8. Los programas o plataforma de gobierno.
9. Quincena 9. Ciencia económica y planeación del desarrollo.
10 Quincena 10. Ciencia política y ejecución gubernamental.
Transparencia y buen gobierno.
13.- ADMINISTRACION DEL PROYECTO
1. Coordinación institucional - OEA, Universidades y Colegio de Periodistas.
2. Coordinación académica
3. Promoción y difusión
4. Evaluación institucional
5. Administrador interno
6. Responsable logístico
14.- RECURSOS NECESARIOS
Humanos
1. Coordinador académico
2. Tres planificadores de currículo
3. Cuatro tutores
4. Administrador interno
5. Responsable logístico
Materiales
1. Sede física del programa
2. Computadora fija, laptop, impresora y papelería
3. Servicio permanente de Internet
4. Dirección electrónica y sitio web propio
5. Comunicaciones telefónicas
6. Avisos de prensa
7. Boletos aéreos nacionales
8. Cobertura hotelera y alimenticia
15.- PRESUPUESTO (Expresado en moneda venezolana (Bolívar - 4.30 por US Dólar)
A) Plantel de Recursos Humanos
1.- Coordinador institucional. Enero a Agosto. Bs. 10.000 80.000
2.- Coordinador académico. Marzo a Agosto. Bs. 10.000 60.000
3.- Planificadores de currículo (3). Enero a Marzo. Bs. 5000 45.000
4.- Tutores (3) Abril a Agosto. Bs. 5.000 75.000
5.- Administrador Interno. Enero a Agosto. Bs. 5.000 40.000
6.- Responsable logístico. Enero a Agosto. Bs. 4.000. 32.000
Total.....................................332.000
B) Recursos materiales
1.- Uso de instalaciones (4) Enero a Agosto. Bs. 2.000 64.000
2.- Materiales de estudio, impresos y carteleras. 16.000
3.- Equipos informáticos (5). Bs. 4.000 20.000
4.- Avisos de prensa. 15.000
5.- Gastos no previstos. 10.000
Total......................................125.000
GRAN TOTAL..................................457.000
US Dólar....................................106.279
16.- EVALUACION
A los fines de la Evaluación Final, antes del Informe de Cierre, se crea una Comisión Especial, conformada por el Coordinador Institucional, el Coordinador Académico, uno de los Tutores y un Representante del Colegio Nacional de Periodistas, para considerar, tanto la Eficacia como la Eficiencia, utilizando las mediciones que sean pertinentes y el grado de satisfacción de los participantes.
En cuanto a la Eficacia debe observarse el logro de los objetivos institucionales y las expectativas de los participantes.
En la Eficiencia se debe analizar la relación entre los resultados y los recursos aplicados.
El Informe deberá consignarse en la segunda quincena de septiembre.
17.- FACTORES EXTERNOS
Se considerar factores externos, a considerar para tomar medidas, los siguientes:
· Cortes de energía programados y apagones no previstos.
· Calidad de las conexiones de Internet.
· Estado de las carreteras entre las ciudades sedes y las de residencia de los participantes.
· Estado del tiempo y presencia de lluvias que pueden ocasionar retrasos.
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PARADAS, C. y DE LA RIBA, F. (2000): Los proyectos: como convertir sus ideas en acción, sin
liarse como la pata de un romano, Fundación Esplai, El Prat de Llobregat.
PÉREZ SERRANO, G. (1993): Elaboración de proyectos sociales: casos prácticos, Narcea,
Madrid.
23.11.2012
Distrito Metropolitano Panamericano o
un modo distinto de Integración Intermunicipal
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (29.12.1999) creó los mecanismos para la existencia del Distrito Metropolitano, como instancia de gobierno intermunicipal caracterizada por la democracia y la participación. (Ver Artículo 171)
Esa integración supone, en primer término, la existencia de relaciones económicas, sociales y físicas que ofrezcan las características de un área metropolitana, es decir un territorio conurbado, unido o muy cercano.
Como ejemplo sencillo, señalo la integración de la ciudad de Caracas por cinco sectores diferentes o municipios: Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, entre los cuales no hay separación urbana, aunque se preserva la distinción entre el Estado Miranda y el Distrito Capital, y entre cada una de las entidades municipales.
El quinteto de municipios conforma el Distrito Metropolitano de Caracas con su gobierno elegido directamente, al amparo de una ley de creación soportada en la vigente carta republicana.
No estando desarrolladas legalmente, con carácter orgánico, las disposiciones constitucionales en torno a los Distritos Metropolitanos, una ley especial (16.11.2001) se aprobó para la creación del Distrito del Alto Apure, conformado por los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos, un eje territorial que nada tiene de conurbado o unido, pero en el cual hay relaciones e identidad que los afirman como cercanos. La disposición transitoria tercera de la Constitución, en su numeral tres, abrió paso a este régimen especial, previendo consultas de altísimo nivel.
En diciembre de 2011, la Fundación Alberto Adriani, a la cabeza su Presidente Román J. Duque Corredor, planteó en El Vigía la apertura de diálogos sobre la creación del Distrito Metropolitano Panamericano, con una amplia argumentación soportada legalmente y basada en la evidencia de relaciones económicas, sociales y físicas de los pueblos y ciudades del eje merideño surlaguense.
La propuesta fue acogida por sectores profesionales, educativos, universitarios, gremiales y por dirigentes políticos a título personal, especialmente del Municipio Alberto Adriani, pero sin que se llegara a un debate intermunicipal para dinamizar la propuesta.
Está muy claro que desde el rio Guaruríes hasta los límites con Trujillo, sin saltar el zuliano Municipio Sucre, hay una estrecha, directa y permanente relación humana, económica, social y física entre cada uno de los cinco municipios merideños y que cada día cobra más vida este acercamiento, al amparo de mayor producción agropecuaria, de nuevas relaciones familiares y educativas, y al hecho de que hay una identidad local que identifica y une.
Los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora, Caracciolo Parra Olmedo, Tulio Febres Cordero y Julio César Salas tienen características urbanas parecidas, sus gentes son iguales de facciones y lenguaje, hay desplazamiento diario intermunicipal, una misma religión, la misma climatología, un eje vial integrador y una inclinación mayoritaria al campo y al comercio.
Es decir, se cumple la formalidad constitucional de existir relaciones humanas y sociales que llevan a una integración real y hasta afectiva. No obstante está ausente la premisa de la unidad urbana o área metropolitana, al estilo de Caracas, aunque el territorio se asemeja a lo que ofrecen los dos municipios apureños. Claro, se advierte que no hay un soporte constitucional específico.
La Fundación Adriani no ha buscado un protagonismo ante esta loable iniciativa, sino que todo lo ha dejado para la apertura de diálogos, sin exclusión alguna y sin pretender zafarse de las precisiones constitucionales, las cuales fueron extendidas mediante la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (08 de junio de 2005 y reafirmadas el 28.12.2010), aunque sin llegar a precisar las competencias funcionales, régimen fiscal, financiero y de control de las entidades municipales que integren un Distrito Metropolitano, lo que deja un buen espacio para la innovación legislativa a futuro dentro del Estado.
Es interesante destacar que la nueva ley orgánica contempla la forma de convocar consultas populares, entre los habitantes (electores) de los municipios interesados en conformar el Distrito Metropolitano.
Es decir que la voluntad popular está de por medio y como elemento fundamental para asomarnos a la existencia de la nueva entidad intermunicipal, la cual - por supuesto- generará un impulso superior para el desarrollo de la zona sur del lago.
Los dos aspectos anteriores pasan a la competencia del Consejo Legislativo del Estado Mérida (y similares si se tratara de otras entidades federales), porque en ese cuerpo reside la potestad de una ley aprobatoria del Distrito Metropolitano, advirtiendo que la iniciativa puede tener variados actores o accionantes, como los propios alcaldes, los concejos municipales, los legisladores estadales o el Gobierno del Estado, además de la iniciativa popular ejercida por el 15% de los electores.
Debo destacar además que legalmente se puede disponer de mecanismos de organización, gobierno y administración distintos a los existentes en Caracas y Apure, atendiendo a las específicas características de población, desarrollo, situación geográfica y otros, con lo cual la norma constitucional viene a constituir un gran reto para los legisladores, particularmente para los que fueron electos como representantes de las entidades municipales (agrupadas en circuitos) del Estado Mérida.
Es igualmente una convocatoria a los liderazgos municipales, especialmente de los alcaldes, presidentes de concejos municipales, contralores y miembros del ente local de planificación, llamados a innovar en procura de la mayor suma de felicidad para sus gobernados.
Estos representantes ya podrían comenzar por avanzar en la conformación de modalidades asociativas, bajo el viejo modelo de las mancomunidades o mediante innovadoras formas de agrupación para fines de interés público, en base a sus competencias legales. Todo con apego a la norma constitucional prevista en el Artículo 170.
Las opiniones escuchadas, hasta ahora, se han ubicado en extremos que nos llevan - por un lado - a la idea de la creación de un nuevo Estado Federal y por otro a aprovechar la existencia de una Zona de Desarrollo Especial en todo el Sur del Lago, asunto, éste último, que no ha tenido aplicación concreta.
Hay quienes igualmente se inclinan por darle fuerza al Distrito Metropolitano sosteniendo que si hay una identidad merideña en los cinco municipios de la entidad, distinta a la zuliana, por lo que la propuesta les parece viable, como solución de segundo piso que no afecta la federación ni la municipalización.
En todo caso, ante una expresión mayoritaria del liderazgo y del merideñismo del norte (Sur del Lago), vistas las conveniencias para el desarrollo zonal, bien podría el Consejo Legislativo crear una ley que contemple un régimen de integración especial, sin que necesariamente tengamos que aludir a la expresión constitucional de Distrito Metropolitano.
Ha hecho muy bien la Fundación Alberto Adriani, puesto que pone en debate una materia relevante para dinamizar la vida política, en un primer término, pero también para dar un impulso renovador a una de las regiones económicas más importantes de Venezuela, productora de un elevado porcentaje de la comida nacional.
Nilson Guerra Zambrano
16/07/2013
BUSQUEDA DE UN NUEVO PERFIL DE PARTIDO POLITICO
Razones y sentido
Preguntas indispensables para el debate, como premisa inicial antes de abordar el análisis y la estrategia.
1. ¿Conocemos el tipo o modelo de partido que tenemos en Venezuela?
Si. El modelo venezolano de partidos comenzó por ser de militancia registrada, con creciente incorporación de ciudadanos, gracias al mecanismo clientelar, populista y coercitivo, de dádivas (ayudas y cargos) y privilegios, y ha terminado por dar paso a grupos selectivos y de cuadros, sin atribuir importancia a la militancia numérica, debido a la dispersión de las fuerzas ante la tendencia ciudadana de no someterse a mecanismos disciplinarios, estatutarios o reglamentarios, optando por la plena libertad personal.
2. ¿Lo conocen los ciudadanos de nuestro país?
Los ciudadanos de nuestro país, hoy, no están interesados en saber cómo son los partidos y han pasado a ser incansables activistas en campañas y elecciones, en las cuales gravitan con peso definitivo los candidatos, más allá del engranaje partidista. Hay más de ochocientos grupos, partidos, movimientos, alianzas, etc., legalizados en todo el país. La mayoría creados en la inminencia de campañas electorales. Durante los comicios municipales la cifra, únicamente local, supera el millar.
3. ¿Les interesa a los ciudadanos un nuevo partido o a qué tanta gente le interesa?
Un nuevo partido, movimiento o alianza apenas despunta como idea y anhelo, pero los objetivos y modalidades de funcionamiento pueden ser del interés de los ciudadanos, si quienes lo promuevan son fieles a lo que a un ideal social y político concreto, interpretando el sentimiento de cambio con estabilidad, equilibrio social y crecimiento económico.
4. ¿Tienen vigencia (Política, social e institucional) los partidos o se requiere otro modelo de organización y funcionamiento?
La vigencia política se sostiene en el hecho de que la ley impone un sistema de partidos, pero no hay un peso partidista social apreciable, una gravitación en el quehacer diario. Al mismo tiempo en el andamiaje institucional no se siente o aprecia la existencia de los otrora importantes conglomerados, debido al surgimiento de otros soportes, especialmente en el área comunicacional (Redes de fácil acceso e interactuación de bajo costo económico). En el imaginario popular se dejó de considerar a los partidos como el único instrumento para intervenir en la política. Los hechos han demostrado que nuevos liderazgos locales y estadales (sin previa implantación territorial) han superado a partidos políticos con más de medio siglo de existencia.
5. Entonces, ¿Se requiere realmente su cambio o modificación?
Si. Se requiere su cambio y modificación para ajustarse a la inquietud y deseo de la sociedad nacional, sin que por ello estemos pensando que volverán a ser el único medio para la actuación política. Podrán seguir, con los cambios y adaptaciones, como para no terminar por desaparecer, aunque ya existen municipios en los cuales solo hay movimientos locales que postulan concejales y alcaldes, sumando los viejos partidos como parte de alianzas locales.
6. ¿Qué aspectos, asuntos, acciones, mecanismos, procedimientos o normas deben cambiar?
Asuntos: Presencia útil en la sociedad, durabilidad legal, información pública de su existencia, documentación y funcionamiento, financiamiento, formación política e ideológica y militancia
Acciones: Escogencia de candidatos, toma de decisiones, elaboración de programas o plataforma de gobierno y relaciones con la comunidad.
Mecanismos: Consultas con expertos en grandes temas nacionales, declaraciones, actos públicos, campañas electorales, relaciones institucionales y publicaciones.
Procedimientos: Reuniones de dirección, acuerdos y resoluciones, sentencias del tribunal disciplinario, dictámenes del consejo de honor y consensos.
Normas: Reglamentarias, Estatutarias y provenientes de acuerdos, sentencias, arreglos, conciliaciones y arbitraje
7. ¿Se pueden impulsar esos cambios?
Si. Es imprescindible interiorizarlos mediante estudios, análisis y debates para luego asumirlos como un compromiso institucional de amplio alcance.
8. ¿Estamos convencidos los dirigentes partidistas de ello?
Tienen que estar convencidos plenamente. En caso contrario, no se podrá avanzar en procura de cambios y de una nueva sociedad. Se podrá obtener una victoria electoral, pero no habrá el soporte partidista para la estabilidad y el equilibrio.
9. ¿Cuáles son los métodos requeridos para impulsar el cambio?
Diseñar un nuevo modelo de organización y funcionamiento que combine el apego a la legalidad vigente con un sentido práctico y eficaz que interprete los nuevos y variados signos de los tiempos, asumiendo como reto fundamental la incorporación a las tareas de una masa joven, hoy, en mucho, desorientada, desasistida y desocupada.
10 ¿Qué tipo de relaciones nacionales, estadales, municipales y parroquiales deben existir entre las distintas dirigencias del partido? Por ejemplo: sujeción permanente, coordinación o concertación.
Deben ser relaciones de coordinación y fraternidad, con una línea de cohesión y armonía plenas, amparadas en un compromiso democrático fundamental (presente y futuro) y en una clara concepción de lo institucional (vigencia y proyección)como valor permanente y trascendente.
11. ¿Hay disposición para emprender el camino de implementar esos cambios?
Si no hay sincera disposición, voluntad férrea y decisión soportada en la idea, ni siquiera se puede iniciar el camino.
Breves aspectos de la situación actual.
Venezuela enfrenta una de las situaciones más difíciles de su historia desde el punto de vista de la comprensión y asimilación de los hechos diarios (entendidos, asumidos y coleccionados solo por aproximaciones y medias verdades por los ciudadanos) debido a la ausencia de canales plenamente confiables y eficaces (instituciones académico - universitarias, grupos sociales organizados y estables, gremios, partidos, sociedades permanentes y servicios de comunicación social).
A lo anterior debemos unir la especial circunstancia de que la ciudadanía desecha la posibilidad de estudiar, analizar y profundizar en la realidad para vivir inmersa en la rutina, el sedentarismo, el simplismo, la comodidad, el facilismo y en la lejanía de instancias organizadas (condominios, juntas de vecinos, consejos comunales, comunidades educativas, gremios sindicales y profesionales, etc.) que conlleven compromiso y responsabilidad.
Esto genera un estado de inseguridad, inestabilidad e incertidumbre frente al futuro, provocando parálisis en la necesaria acción organizativa para enfrentar las situaciones venideras y defender los intereses personales, familiares y grupales.
En el pasado, los partidos políticos se ocupaban de la orientación política, la intermediación con las ramas del poder público y la realización de las elecciones. Cada casa partidista (y las había en todos los distritos, hoy municipios) era lugar de asambleas y reuniones para la primera función. La intermediación hacía que los dirigentes representaran la comunidad ante las sedes del gobierno, en sus distintos niveles. En las elecciones estaba el gran momento histórico, al procurarse el poder por medio de voto libre, directo y universal.
La velocidad de los hechos ocasiona que instituciones como las academias nacionales, las universidades, los partidos y los servicios de comunicación no puedan enfocarlos o tratarlos con el debido profesionalismo, profundidad y en los momentos en que, de verdad, la sociedad está interesada en escuchar explicaciones, orientaciones o análisis.
Vale decir un ejemplo. Si las academias nacionales (por mandato legal asesoras del Estado) estudian el impacto de la disminución de la liquidez lo hacen cuando el tema solo es relevante para los estudiantes de post grado en economía, si lo hacen en la prensa, TV y radio el tratamiento por parte del medio resulta muy superficial y si los partidos convocan a ventilar el tema, no tienen la gente o concurrencia que permita impactar a la sociedad y además sus usuales voceros no son especialistas confiables o han perdido credibilidad.
En adición no hay una relación de responsabilidades compartidas y acordadas entre academias, universidades, medios y partidos. Tampoco la hay con los gremios, empresas e instituciones o fundaciones, como para generar un nuevo marco de inclusión y concertación de cara a responderle al país sus numerosas inquietudes.
Los servicios de comunicación social (impresos, radiales y televisivos) ofrecen una fragmentación y un reducido apoyo (en sintonía y ventas) que les lleva a sobrevivir buscando nichos muy reducidos para solo conservarse activos, sin que sus públicos vayan más allá de sectores muy concretos y determinados.
Algunos han asumido papeles en la arena política como actores principales y como el eje de grupos políticos ya conocidos, lo que ha reducido los viejos cenáculos partidistas a un grupo de dueños del medio comunicacional y uno o dos dirigentes, para ventilar y decidir los asuntos de interés o conveniencias.
Los partidos de hoy carecen de un elemento básico, la convicción en el interior de sus dirigentes de que se trata de instrumentos útiles para la sociedad global, a lo que se une el complejo de la debilidad institucional y el poco reconocimiento de la sociedad más allá de los ahora reducidos linderos partidistas.
La sociedad, de ahora, suele debatir someramente cualquier tema de actualidad, pero no se ocupa de ventilar para decidir y acoger la posición de un determinado partido sobre ese mismo asunto, lo cual refleja que esa sociedad no los aprecia como orientadores o intermediarios confiables, con garantía y respeto, por tener reconocida seriedad o elementos eficaces de estudio para una adecuada apreciación sobre una materia concreta.
Para mayor complicación, la agenda del país cambia todos los días en virtud del antojo de mandatarios, por conveniencias de grupos de presión y por el deseo innovador (de constante atracción) de los medios de comunicación social. Esto deja desasistidos de opción y oportunidad a quienes no estén preparados para rápidas, ajustadas y bien atinadas reacciones. La agenda nacional suele ser objeto de interesadas manipulaciones (cambios) y operaciones psicológicas distractoras.
Breves ideas del partido que puede interesar a los ciudadanos.
Habiendo respondido las preguntas para una puesta en común y esbozados elementos que son parte de la situación nacional, señalo aspectos que pueden estar dentro del interés de los ciudadanos venezolanos.
1. Un nuevo partido debe ser un centro de estudio, reflexión y análisis sobre asuntos de interés vecinal, parroquial, municipal, estadal, regional, nacional e internacional.
2. De la misma manera debe ser un activador de iniciativas en esos niveles para atender directamente asuntos ambientales, ecológicos, agro - alimentarios, educativos, sociales, médico - asistenciales, de seguridad de las personas y de los bienes.
3. Su organización interna no debe ser impuesta nacionalmente a las sociedades en sus distintos niveles (geográficos o territoriales), sino que el grupo central debe constituir un eje de trabajo e impulso para organismos de base, otras formas asociativas y grupos de defensa de los intereses concretos.
4. Los directivos deben tener, dentro de lo posible, especialización en áreas de interés para evitar la dispersión del discurso, la pérdida de la credibilidad y la superficialidad, buscando crear la convicción de que en una futura gestión de gobierno, se podrá confiar en los personeros oficiales, conocidos y probada capacidad.
5. El acceso de los ciudadanos al partido debe ser fácil, sin obligaciones de militancia y carnetización, aportes materiales y cotizaciones, buscando que las reuniones, especialmente temáticas, sean abiertas a todos los interesados, que haya una interrelación real y afectiva, y con agenda de asuntos de interés directo.
6. Es decir, el partido debe ser un instrumento ágil, útil y sin mediatización o manipulación.
7. Por la vía del ejemplo, una sede partidista tiene que servir a la comunidad para todos sus fines, desde los festivos, recreativos y luctuosos familiares, hasta para clases universitarias, foros, congresos, cursos, enseñanzas, charlas, conferencias, conversatorios, eventos benéficos, actos culturales (poesía, baile, danzas, canto, etc.) centros de acopio, exposiciones de arte, artesanía o culinaria, sedes de campañas sanitarias, sala de reuniones, etc., refugio en caso de catástrofes, de cualquier tipo.
8. Los servicios de asesoría profesional y formulación de proyectos (sociales, educativos, comunicacionales, de servicios, de infraestructura, comunales, etc.) deben estar dentro de sus posibilidades de apoyo a la sociedad global.
9. Una Escuela Permanente de Liderazgo, durante todo el año, debe estimular el interés por la política, de modo general, sin mediar solo el interés proselitista o formativo del propio partido. Por ejemplo, se deben formar ciudadanos para alcanzar niveles eficaces en comunidades educativas, consejos comunales, juntas de vecinos, comités ambientales, clubes, ligas y asociaciones deportivas, etc.
10. Es indispensable, tener como elementos de comunicación el website en la red mundial de información, acceso a las redes sociales, el periódico impreso o la revista temática, y un centro de relaciones con otros partidos del continente o del mundo, para las grandes concertaciones de políticas globales o para mejorar el funcionamiento de los parlamentos regionales, los tratados o acuerdos de gran escala y organismos multilaterales.
Lo anterior no agota el debate, sino que busca ser una base o punto de partida para mayores discusiones, para organizar un encuentro o evento específico y para buscar puntos de concertación y acuerdo que se acerquen a la formulación de una propuesta clara, consensuada y acabada.
Hacia un partido progresista
Los resultados de las elecciones del 14 de Abril de 2013 muestran que casi un tercio del electorado real (inscrito y no inscrito) no está de acuerdo con las dos opciones que se presentaron en busca del voto presidencial.
Las cifras ofrecidas por el CNE muestran la opción ganadora con un 50,6% de los votos válidos, a lo cual hay que rebajar el número de votos nulos, si queremos ser exactos. Si tomamos en cuenta la realidad del padrón electoral, el porcentaje ganador es de solo el 39%, pero si agregamos una cifra de dos millones (empírica y estimada) de personas mayores de edad no inscritos, entonces el vencedor solo tiene un 34%.
La fortaleza del candidato vencedor no es la que pregonan sus voceros y el sistema nacional de medios públicos, porque a los votos señalados por el CNE hay que disminuir el hecho de que numerosos venezolanos sufragan varias veces, la votación repetida por funcionarios en mesa en casos de ausencia de testigos opositores y la propia manipulación de la plataforma tecnológica. No olvidemos, además, que el Registro Electoral Permanente nunca ha sido conocido por los actores y menos auditado.
En ese escenario, hay un espacio amplio y muy interesante para incidir con una opción distinta desde el punto de vista partidista y social, partiendo del hecho de que las deficiencias del modelo vigente se pueden superar, mediante un modo distinto de organización y activismo político - partidistas.
Una opción muy clara está dada por la existencia de una amplia y bien definida (nacional, estadal, municipal y parroquialmente) sociedad productiva, en todos los sectores de la alimentación, la industria en general y / o servicios. Es una sociedad productiva que genera centenares de miles de empleos y expande la riqueza mediante sus compras y el pago de impuestos.
En ella, un grueso número de profesionales con post grado hace vida en las condiciones de empleados, planificadores, investigadores, asesores, consultores, gerentes y accionistas de empresas esparcidas por todo el país.
Los gremios de la producción, hermanos bastardos de los partidos y financistas de ellos, preservan una influencia importante en sus lugares de funcionamiento y extienden su irradiación hacia zonas vecinas. Muchos de sus directivos podrían ser invitados a asumir un nuevo modelo político de organización.
Habiendo gente calificada, con aptitud, capacidad y experiencia, con talento y creatividad empresarial, gente que arriesga su vida, sus familias, sus capitales y, en fin, su futuro, ya es tiempo de que dejen de observar a los políticos empíricos (aunque osados y atrevidos) como la única opción nacional, porque no siendo ellos los que tienen en vilo sus vidas y bienes, jamás podrán asumir una auténtica, bien razonada y genuina representación de la sociedad productiva.
No estando gente de la sociedad productiva en los partidos, están otros dirigentes y personeros que han asumido este papel dirigencial (y modo de vida cuasi profesional) con más errores que aciertos, y esto es, justamente, lo que ha dado lugar a que hoy el país se encuentre en una situación de "noche oscura" en cuanto a la dirigencia capaz de hacer valer el deseo de una mejor sociedad, con mayor calidad de vida y con certeza de futuro.
Solo la sociedad productiva podrá salvar a los productores y consecuentemente a la sojuzgada y manipulada sociedad nacional venezolana.
Modelo o propuesta de Esquema organizativo
1. Comité Central de nueve miembros
2. Un Presidente Nacional
3. Ocho directores nacionales
a) Redes Productivas
b) Recursos Económicos
c) Relaciones Nacionales
d) Relaciones Internacionales
e) Comunicación Social
f) Activismo y militancia
g) Proyectos y Asesorías
h) Asuntos Electorales.
4. Secretario General (Funcionario remunerado a tiempo completo. No político y sin opción candidatural)
5. Las direcciones tendrán Unidades de Apoyo, cuyo número será determinado en base a los alcances de sus metas. Por ejemplo, la Dirección de Recursos Económicos estará soportada por Contraloría, Contabilidad, Bienes materiales y Recursos Humanos.
6. Nivel estadal
7. Nivel municipal
8. Nivel parroquial
9. Nivel comunitario
Propuestas de nombres
1. Unión Social Progresista (USP)
2. Avance Social Progresista (ASP)
3. Movimiento Social Progresista (MSP)
4. Partido Social Progresista (PSP)
5. Alianza Social Progresista (ASP)
6. Alianza Progresista (AP)
7. Alianza Popular Progresista (APP)
8. Unión, Progreso y Democracia (UPD)
El camino a seguir (ya, ahora mismo, en 2013)
Las elecciones municipales, previstas para el ocho de diciembre de este año (2013), ofrecen una excelente oportunidad para formalizar un nuevo liderazgo (emergente y en real prueba comicial), debido al hecho muy particular de que serán votaciones en el segmento territorial más pequeño de la sociedad venezolana, donde los candidatos son gente nativa o residente por años, conocida en su desempeño social o económico, cercana al elector, y su triunfo depende más de la credibilidad y confianza personal que del apoyo partidista.
Esto en cuanto a los concejales, debido a que en lo atinente a los alcaldes, la oposición ya los escogió hace dieciséis meses y el gobierno los escogerá en julio. Son los concejales los funcionarios más próximos al vecindario, al barrio o urbanización, a la comunidad.
La sociedad productiva puede lanzar candidatos en todos los municipios (335) para optar por una o dos concejalías, lo que equivale a 670 postulados o al doble - si fuese el caso - por los suplentes. No se requiere un partido o grupo legalizado para auspiciar esa nominación, sino que se puede hacer mediante la formalidad de Iniciativa Propia, de frecuente uso nacionalmente.
Los candidatos requieren solo su propia carta de postulación, copia del documento de identidad y un bosquejo de su programa de acción municipal. Deben comprometerse, en la solicitud de inscripción ante la Junta Electoral Municipal a buscar su triunfo mediante medios lícitos, al mismo tiempo que deben abrir libros de contabilidad para demostrar sus ingresos y egresos, durante la campaña.
Esto de los libros contables, aperturados en el momento de la inscripción, será el primer paso de ventaja frente a los candidatos del tradicionalismo, desconocedores del orden administrativo que debe regir toda actividad.
La sociedad productiva requerirá de uno o dos candidatos por Municipio, no más. Con sus respectivo suplente. En todos los municipios hay sociedad productiva, en casi todos hay ganaderos, en todos hay agricultores, manufactureros o comerciantes, en todos hay banca y servicios. Si apeláramos - solo como ejemplo- a los ganaderos, no es asunto difícil alcanzar un candidato por Municipio, pero tenemos un espectro más amplio, que puede incluir a sectores de la juventud no partidizada.
El candidato siempre será mejor que cualquiera de los políticos tradicionales, debido a su experiencia como ganadero o productor del campo, pero además gozará de buena reputación, medios propios, discurso original, capacidad de diálogo y comunicación.
Se elaborará un Modelo Tipo de Campaña, con pautas sencillas y precisas, con soporte legal, estrategia de promoción y asesoría permanente, así como evaluación. El período de campaña será un auténtico curso de proselitismo electoral (novedoso y enteramente responsable) para reafirmar en el aspirante su convicción de servicio a la sociedad y de adhesión a un proyecto global.
El Comando de Campaña Municipal (de cinco personas) lo conformarán otros miembros de la Sociedad Productiva o, en el peor de los casos, su familia, compañeros de trabajo o sus amigos cercanos, mientras que los testigos en cada una de las mesas de votación serán militantes de la causa. Todos debidamente formados y ayudados en su labor.
Y que pasará el ocho de diciembre de 2013?
Pueden pasar muchas cosas. Una de ellas es que se logre el triunfo en numerosos casos, cien o más municipios. Una fuerza concejil de semejante número es un Grupo de Poder Político que jamás ha tenido un sector específico, no propiamente partidista, en Venezuela. También podrían ser menos los vencedores.
Pero todos habrán dado el primer paso para un liderazgo de crecimiento en cada municipio, con votos propios y bien ganados. Si se logra inscribir 335 candidatos, con sus suplentes, es sencillo sacar cuentas y acreditar más de trescientos mil votos. Nunca un partido, movimiento o alianza por crearse ha tenido una base o soporte semejante.
Las elecciones presidenciales de abril pasado (2013) se decidieron por un margen inferior.
La puesta en escena de cada candidatura será un mensaje nuevo y refrescante, de cambio y renovación. Se ofrecerá una opción de liderazgo sometida al dictamen popular, mediante votaciones legalmente acreditadas. Esa opción no será circunstancial, electoral, sino permanente, hacia el futuro. Cualquiera sea el resultado en un específico municipio, con toda seguridad, el candidato y el suplente pasarán a ser actores sociales relevantes, en el porvenir, para lo cual se les brindará apoyo y asesoría permanentes. A los fines de tener dos posiciones públicas, principal y suplente se alternarán en la función edilicia. Serán dos liderazgos con criterio de unidad y sentido de responsabilidad social.
Teniendo esa base popular y concejil, en febrero o marzo de 2014, una Convención Nacional de nuevos líderes (ganadores y no ganadores), lanzará el nuevo agrupamiento político, a partir de lo cual se abre una nueva etapa de trabajo de legalización estadal y nacional, cuyos requisitos son igualmente sencillos, pero conllevan a obtención de firmas.
Un partido nacional requiere su conformación en catorce entidades federales. Si llegamos a diciembre con el elenco candidatural completo, no cabe duda de que el nuevo movimiento se legalizará en toda la geografía venezolana. Ninguna organización en la historia nacional ha surgido de esta manera, mediante este novedoso procedimiento.
17.04.13
Centro Interamericano de Estudios Políticos para el Desarrollo (CIEPD).
Centro Interamericano de Estudios Políticos para el Desarrollo (CIEPD)
Interamerican Center of Political Studies for Development (PSDIC)
Washington, D.C. Sao Paulo – Madrid
El Centro Interamericano de Estudios Políticos para el Desarrollo (CIEPD) es una institución académica privada dedicada a la formación gerencial en políticas públicas de ciudadanos provenientes de los sectores productivos, profesionales o gremiales, con el objeto de acrecentar su cultura política, elevar los niveles de comprensión del hecho socio-político y capacitarlos para asumir directamente roles protagónicos en los destinos públicos.
Como institución de investigación académica aplicada, busca fortalecer la institucionalidad democrática en el continente mediante programas de estudio en grado y post grado, investigaciones de alto nivel, publicaciones impresas y digitales de amplia circulación, asesorías a organizaciones partidarias (sin fines electorales inmediatos), intercambios profesionales, formación de líderes para fines ejecutivos (administrativos de gobierno), redes de apoyo universitario, programas de becas, intercambios de experiencias, foros, seminarios y conversatorios, evaluaciones de desempeño socio – humano y promoción de valores necesarios en la convivencia social armónica.
Su misión es generar un nuevo liderazgo político, enraizado en valores, capaz de superar las carencias intelectuales, valorativas, programáticas, gerenciales e institucionales de que adolece la sociedad interamericana, que se expresa en indicadores sociales que rayan en lo absurdo, por debajo de los estándares de calidad de vida sugeridos por la Organización de Naciones Unidas, y que se han traducido en crecimiento de la marginalidad, la pobreza, la desnutrición, el déficit educativo, insuficiencia asistencial en salud, el predominio económico (con anarquía social y desmoralizante aceptación) de los poderes irregulares y el terrorismo, la violencia e inseguridad generalizadas y el desconocimiento de los deberes, derechos y equilibrios sociales inherentes a la democracia moderna.
En ese sentido, es necesario interesar a los sectores productivos en convertirse en actores directos de la política y del ejercicio del gobierno, en sus distintos niveles, dejando de lado la inclinación a financiar proyectos políticos de grupos partidizados y actores emergentes que han demostrado no estar en condiciones de generar estabilidad, gobernabilidad, riqueza, progreso y bienestar.
Su visión es la de un continente dirigido por ciudadanos formados profesionalmente en conocimientos, principios y valores, que con elevado criterio gerencial puedan diseñar y aplicar políticas públicas encaminadas a elevar de manera sustancial la productividad, riqueza y calidad de vida de los gobernados.
Se toma en cuenta y valora la formación aportada por universidades y centros de estudios, al igual que las experiencias políticas partidistas o independientes, la participación en las instancias vecinales, municipales, estadales, provinciales, departamentales y parlamentarias, como soporte intelectual de los participantes en el CIEPD, pero se busca ampliar el horizonte (de expectativas nuevas y actualizadas) para posibilitar mecanismos de integración multinacional para el desarrollo de programas concretos, manejar estrategias económicas conjuntas, avance hacia la integración económica, comercial, cultural y comunicacional, y se valorice el desarrollo socio – humano como una meta alcanzable y ligada totalmente a la conservación de los recursos medioambientales como fuente invalorable de riqueza y sustentabilidad de la vida en el planeta.
Dentro de esta Visión se concibe el ejercicio de la política como actividad pública, legal y reconocida en su utilidad, dentro de un criterio integrador, ajeno a grupos minoritarios, sectarios o exclusivistas, agentes de negocios o contrataciones, para permitir la más amplia participación, especialmente de los sectores productivos, gremiales, universitarios, de la ciencia y tecnología, de la intelectualidad, de las artes y de las confesiones religiosas.
En la búsqueda de su objetivo, el CIEPD se propone lograr cercanía, relación y compromiso con órganos multilaterales, universidades del mundo, organizaciones no gubernamentales, centros de estudios avanzados e instituciones afines para elaborar diagnósticos, realizar investigaciones, determinar prioridades y elaborar modelos de programas, a objeto de alcanzar la mayor coordinación, complementariedad y articulación con necesidades concretas de naciones o sub continentes.
Entre los programas sugeridos, algunos de los cuales serán soporte académico, materias del pensum y asignaciones para tesis, en una primera instancia señalamos:
1. Formación de líderes políticos para el desarrollo, con especial énfasis en profesionales de edades comprendidas entre 25 y 35 años, en idiomas inglés, español y portugués. Queda claro que no se trata de aprendizajes en oratoria, imagen, mensaje, agenda, expresión corporal, gesticulación, manipulación de sentimientos como el odio y la emoción, sino creación de opciones gerenciales de cara al mejoramiento socio – humano, a través del desempeño de funciones ejecutivas y legislativas.
Elaboración de diagnósticos nacionales básicos referidos a incidencia de la historia particular en las ideas y comportamiento actual de los ciudadanos, formación del imaginario popular de cara a la vivencia de la democracia, percepción general del sistema democrático como modelo de vida en sociedad, experiencias democráticas recientes, modelos organizativos y adherencia partidista, pobreza, marginalidad y nutrición, narcotráfico, subversión y violencia (institucional, pública y doméstica), construcción de ciudadanía para vivir en democracia, cohesión social, sistema de justicia, formación social, moral y cívica en niños hasta diez años, deporte y delincuencia como actividades lucrativas de ascenso social, cultura popular, artesanía y micro empresas, gremios productivos, empresas privadas educativas, modelos cooperativos y tendencias ideológicas dominantes. El objetivo de estos diagnósticos es permitir el conocimiento de la sociedad en qué vivimos y qué personas la conforman. Universidades e institutos de investigación serán invitados a participar mediante la suscripción de acuerdos y convenios.
3. Asesorías especializadas a organizaciones políticas, dirigidas a promover nuevos modelos de participación, estudio de temas sociales cercanos, inserción positiva en la sociedad, generación de compromiso y formación democrática de la militancia.
4. Creación de un voluntariado continental para la promoción de la democracia, ocupado de misiones de observación electoral, análisis de campañas proselitistas en sitio, charlas y conferencias, programas radiales, estudios electorales, ligas de votantes y capacitación del elector.
5. Formalización de convenios con organizaciones continentales (abogados, periodistas, ganaderos, educadores, ambientalistas, profesores universitarios, partidos ideológicos, etc. para promover un mayor conocimiento del hecho político y de la participación social.
6. Encuentro bienal de egresados con un conferencista central (Ex Presidente de país desarrollado o Premio Nobel) y ponencias sobre las experiencias aplicadas, individual o institucionalmente, en sus países, a la luz de las enseñanzas recibidas.
7. Giras académicas internacionales de egresados en ejercicio de cargos públicos, con vista a conocer el funcionamiento de otras sociedades del mundo, como, por ejemplo, los países nórdicos, Suiza, Taiwán, Suráfrica, Alemania, Francia, Canadá o Estados Unidos de América.
8. Diplomado para periodistas a objeto de que se especialicen en Asuntos Democráticos, en alto nivel, para buscar un nuevo perfil del profesional de cara a mayores exigencias al funcionario público y a la enseñanza democrática a través de los medios de comunicación social.
9. Creación de Capítulos Nacionales conformados y dirigidos por egresados para constituir núcleos de irradiación de influencia positiva en cada sociedad, propendiendo al apoyo y actualización de los diagnósticos nacionales y a la consulta permanente a instituciones académicas y especializadas en temas afines.
10. Asistencia legal especializada y en técnica jurídica a los parlamentos nacionales para mejorar los modelos educativos y prácticas comunicacionales, en procura de lograr comprensión de la vivencia y corresponsabilidad democráticas.
Cada uno de los programas será objeto de un tratamiento específico y particulr, para delinear su contenido, alcance y razones.
Compromiso democrático
La prioridad institucional es el afianzamiento del sistema político de la democracia, mediante el mejoramiento profesional e intelectual de sus artífices principales: los funcionarios públicos de elección y sus equipos o gabinetes, tanto de la rama Ejecutiva del Poder Público como la Legislativa (y de control), sin descuidar la incidencia (directa y comunicacional) de nuestros programas en el propio ciudadano, habitante o elector de cada país.
La democracia nunca está consolidada en plenitud. Solo alcanza altos niveles de estabilidad durante espacios de tiempo, en clara dependencia de la calidad y desempeño de sus gobernantes. Las deficiencias de los servicios públicos, el populismo, la demagogia y la corrupción administrativa conspiran contra la consolidación institucional democrática. Por ello, las instituciones políticas, académicas y sociales, y en este último el sector productivo, deben hacer causa común para advertir, identificar y superar esas deficiencias y carencias, para evitar males mayores o desmoronamiento democrático en países vulnerables.
Caso concreto es la alta incidencia económica que van a tener los sectores delincuenciales y terroristas que ahora han dejado sus proyectos violentos para fundar partidos políticos con vista a la conquista del poder mediante el voto. De la misma manera, los poderes irregulares y el sector militar, en varios países, ha creado alianzas que hoy suman capitales superiores a los de la renta de hidrocarburos, en Venezuela, con irradiación hacia el vecindario. A ese hecho debemos anticiparnos, para resguardo de la salud democrática, la gobernabilidad global y la paz social.
Financiamiento
La cobertura económica de las actividades del CIEPD será fruto de los aportes de las organizaciones, centros, empresas, gobiernos, organismos multilaterales, fundaciones y particulares interesados en la defensa y promoción de la democracia a través de mejores gobernantes y mejores desempeños, lo cual, hoy, es de la más alta conveniencia de naciones desarrolladas afectadas por los altos flujos migratorios de personas sin cultura, disciplina y formación para el trabajo.
A su vez, los participantes en cursos y estudios cancelarán las tasas, impuestos nacionales y contribuciones inherentes a las materias cursadas, los encuentros académicos y la acreditación.
Se aceptarán contribuciones de origen legal y conocido, en dinero y en especies materiales, al mismo tiempo que se admitirá cobertura de gastos, particularmente de visitas, giras de estudios, programas académicos y adquisición de publicaciones.
Red Académica de Cooperantes
Funcionará una red continental de cooperantes, conformada por universidades, centros, institutos, facultades y escuelas, al igual que por docentes de alto nivel, a los fines de obtener clases, cursos, publicaciones, estudios e investigaciones que no requieran erogaciones especiales, sino que, formando parte de planes de otras instancias educativas, sirvan para fortalecer la enseñanza y elevar el nivel de formación.
La formulación de esta red se hará mediante acuerdos o convenios, suscritos de manera directa o digital, para generar compromiso y adhesión a los objetivos del CIEPD, que a su vez brindará aportes académicos a los cooperantes que así lo soliciten.
Informes anuales sobre metas y logros “Estado de la democracia en América”
Anualmente, teniendo como base los trabajos, exposiciones, estudios e investigaciones de los cursantes, al igual que aportes de la Red Académica de Cooperantes y los insumos de eventos temáticos, se producirá un Informe sobre la situación de la democracia en el continente, con recomendaciones y sugerencias, destinada a servir de soporte a los programas de la Organización de Naciones Unidas, Unión Europea, Organización de Estados Americanos, gobiernos, ONGs y otros.
Modernas tecnologías aplicadas a los estudios políticos para el desarrollo
Los novedosos avances técnico – científicos, especialmente los del sector comunicacional, servirán de soporte para que los cursos de estudios políticos para el desarrollo contengan un dinamismo tal que permita la interactuación con la Red Académica de Cooperación y con instituciones, en los casos en que sea evidente la necesidad de aprovechar la novedad y actualidad de temas, situaciones, procesos y personalidades. Al mismo tiempo, se quiere que esos recursos sirvan para auspiciar un mayor intercambio de los propios estudiantes o cursantes con sus realidades nacionales y como elementos facilitadores de sus trabajos evaluables o tesis de finalización. En todo momento se garantizará libre e inmediato acceso a Internet.
Relaciones con la Organización de Estados Americanos
El CIEPD, dado su interés en incidir en la vida continental, sostendrá las mejores relaciones de cooperación con el sistema interamericano, procurando que una interacción conjunta valga para mejorar la calidad de vida de los habitantes del continente y que el estudio y abordaje de los temas sociales, políticos y académicos guarde relación veraz con las realidades que se estudian y tratan en la OEA y sus organismos internos.
Relaciones con la Organización de Naciones Unidas
Las instancias internas de la ONU son fuente privilegiada de reportes, informes y estudios que muestran la realidad planetaria, asunto que es del mayor interés del CIEPD para brindar una visión universal en sus cursos y asegurar que la comprensión de situaciones y acontecimientos posibilite mejores reflexiones de cada participante sobre su propia realidad nacional.
Curso básico primero
Duración: un mes
Primera propuesta de programa de estudios
Asignaturas
1. La República: contrapesos del sistema para evitar los enemigos de la democracia
2. Teoría Política de la Antigüedad
3. Teoría Política del Renacimiento e Ilustración
4. Desarrollo del liberalismo
5. Escisión del socialismo: comunismo y socialdemocracia
6. Factores económicos influyentes en la política
7. Modelos actuales
8. Democracia de calidad: procesos electorales
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Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Primera semana |
-La República: contrapesos
-Teoría Política de la Antigüedad
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-La República: contrapesos
-Teoría Política de la Antigüedad
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- La República: contrapesos
-Teoría Política de la Antigüedad
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- La República: contrapesos
-Teoría Política de la Antigüedad
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- La República: contrapesos
-Teoría Política de la Antigüedad
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Segunda semana |
-Teoría Política del Renacimiento e Ilustración
-Desarrollo del liberalismo |
-Teoría Política del Renacimiento e Ilustración
-Desarrollo del liberalismo |
-Teoría Política del Renacimiento e Ilustración
-Desarrollo del liberalismo |
-Teoría Política del Renacimiento e Ilustración
-Desarrollo del liberalismo |
-Teoría Política del Renacimiento e Ilustración
-Desarrollo del liberalismo |
Tercera semana |
-Escisión del socialismo: comunismo y socialdemocracia
-Factores económicos influyentes en la política
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-Escisión del socialismo: comunismo y socialdemocracia
-Factores económicos influyentes en la política
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-Escisión del socialismo: comunismo y socialdemocracia
-Factores económicos influyentes en la política
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-Escisión del socialismo: comunismo y socialdemocracia
-Factores económicos influyentes en la política
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-Escisión del socialismo: comunismo y socialdemocracia
-Factores económicos influyentes en la política
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Cuarta semana |
-Modelo actuales
-Democracia de calidad: procesos electorales
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-Modelo actuales
-Democracia de calidad: procesos electorales
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-Modelo actuales
-Democracia de calidad: procesos electorales
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-Modelo actuales
-Democracia de calidad: procesos electorales
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-Modelo actuales
-Democracia de calidad: procesos electorales
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Dos asignaturas por semana, ambas de tres horas diarias. De 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00h. Total: 30 horas semanales y 120 horas todo el curso. Se destinan 40 horas (dos por día con asesorías) dedicadas al trabajo de investigación que se tendrá que exponer dos semanas después de la finalización del curso, de manera presencial o por Skype. El contenido académico se expondrá en el idioma español.
Los trabajos finales se tendrán que hacer solamente sobre las asignaturas número 1 y 8. Los trabajos podrán presentarse y exponerse en los siguientes idiomas: español, inglés y portugués.
Objetivos y estrategias
1. La República: contrapesos del sistema para evitar los enemigos de la democracia
Objetivo: Enseñar las necesidades que tiene un sistema republicano de construir contrapesos que eviten la acumulación de poder por parte de una persona, partido o facción para así poder fortalecer la independencia de poderes.
Estrategia: El estudio de casos históricos que funcionaron y de otros que fracasaron.
2. Teoría Política de la Antigüedad
Objetivo: Comprender y aprehender cómo era el pensamiento de los filósofos políticos de la Antigüedad.
Estrategia: Lectura y análisis de pasajes de obras antiguas.
3. Teoría Política del Renacimiento e Ilustración
Objetivo: Comprender y aprehender cómo era el pensamiento de los filósofos de la era moderna, así como su influencia en la cotidianidad.
Estrategia: Lectura de pasajes claves de obras de este momento histórico, así como la lectura de El Príncipe de Maquiavelo y Tratado del gobierno civil de John Locke.
4. Desarrollo del liberalismo
Objetivo: Entender cómo ha sido la evolución del liberalismo y de cómo se ha democratizado con el paso de los años.
Estrategia: Exposición de la historia del liberalismo en los países occidentales.
5. Escisión del socialismo: comunismo y socialdemocracia
Objetivo: Comprender cómo evolucionó el socialismo y de cómo se separó en dos bloques después de la muerte de Marx y cuáles fueron sus propuestas.
Estrategia: Exposición de la historia del socialismo, así como el estudio de los reglamentos y planes políticos de los partidos comunistas y social democráticos alemanes.
6. Factores económicos influyentes en la política
Objetivo: Entender los factores económicos que pueden perturbar la paz política y generar crisis institucionales.
Estrategia: Exposición de los conceptos económicos y estudio de casos específicos dentro de Latinoamérica.
7. Modelos actuales
Objetivo: Comprender los paradigmas políticos que guían a gran parte de los partidos políticos de la actualidad, entre ellos el modelo de bienestar escandinavo y la escuela austríaca de economía.
Estrategia: Analizar en qué consisten dichos modelos y su influencia en los programas políticos de diversos países. Entender qué es y cómo opera el pragmatismo en la política.
8. Democracia de calidad: procesos electorales
Objetivos: Comprender y aprehender lo que es una democracia de calidad, así como qué elementos la constituyen. El novedoso papel educador de los medios de comunicación social. Aprender cómo se hace una elección de manera transparente y cómo se genera un fraude electoral.
Estrategia: Estudios de casos.